Demasiadas barreras en la economía

La inversión extranjera directa en España está mostrando una trayectoria bastante aceptable. Durante el año pasado, la inversión aumentó en torno a un 20%, aunque con cifras algo alejadas de sus mejores tiempos. No está sucediendo lo mismo con los movimientos de capitales a corto plazo, que han presentado en los últimos meses un grado de infidelidad a los activos españoles realmente preocupante, aunque a partir de septiembre parece que los flujos tienden a normalizarse y hay bastante fondos de inversión internacionales que han reconocido su retorno a la inversión en nuestro país. La inversión a corto plazo ha sufrido mucho como consecuencia de la crisis de la deuda soberana y el elevado diferencial de tipos entre España y Alemania.

Pero la inversión realmente relevante es la de tipo directo, es decir, la que protagonizan las empresas que se instalan en España para producir y vender, con mano de obra española y con todos los rasgos propios de una empresa normal. En España hay unas 13.000 compañías extranjeras, según los datos de Invest in Spain, la sociedad estatal que se ocupa de promover la venida de capitales foráneos a España, aunque esta sociedad estatal ha sido virtualmente borrada del mapa en los últimos meses dentro de los programas de ajuste presupuestario, para integrarla en el Icex. Las empresas extranjeras en España dan empleo, según estas estimaciones, a alrededor de 1,3 millones de personas, es decir, alrededor del 8% de la población ocupada española.

Este año, el pronóstico sobre el balance final de la inversión extranjera está resultando algo difícil de concretar porque hay proyectos de inversión que se están demorando, no sólo por la crisis general que vive la economía sino porque la inversión extranjera está siendo bastante sensible a algunas regulaciones que se han abordado en España en los últimos tiempos, algunas favorables a la inversión empresarial en general, y por lo tanto también a la extranjera, como la nueva legislación laboral, mientras otras están jugando un papel contrario.

Entre estas últimas hay una que llama especialmente la atención a los empresarios extranjeros, la relativa a la enorme y creciente fragmentación que se observa en las regulaciones de la actividad económica por Autonomías. No resulta fácil entender a muchos empresarios extranjeros, algunos de ellos con bastante rodaje ya a sus espaldas en nuestro país, cómo un Estado miembro de la Unión Europea, con poco más de 45 millones de habitantes, ha podido construir tantas barreras internas, que acaban por desempeñar el papel de auténticas barreras aduaneras, en la medida en que impiden la igualdad de competencia y de trato en territorios que, aún formando parte de un mismo Estado, fomentan regulaciones de mercado altamente diferenciadas entre regiones.

Un ejemplo pintoresco es el de las regulaciones de los horarios comerciales, paradigma de la diversidad entre zonas de la geografía española, a veces entre poblaciones que apenas distan unos pocos kilómetros, lo que facilita en suma la inutilidad de algunos esfuerzos proteccionistas. En horarios comerciales, Madrid se ha situado en el extremo más radical, la libertad total, así como amplios márgenes de autorización para la apertura de establecimientos. Cataluña representa la opción contraria bajo el argumento, que nadie se ha atrevido a discutir aunque pocos crean en él, de que las limitaciones tanto de horarios y aperturas como de establecimiento de nuestras empresas que puedan fomentar la competencia, es un ataque en toda regla contra los pequeños comerciantes. Como si los pequeños comerciantes no existieran más que en Cataluña. La defensa a ultranza de esta protección ha llevado al Gobierno de la Generalitat a legislar en contra de la ley estatal que trató de unificar, hace unos meses, el asunto de los horarios y de las aperturas de establecimientos. Y entonces surge la pregunta: ¿qué legislación es preferente, la estatal o la autonómica? La contestación difiere según quien la proporcione. El caso es que es una batalla que esta misma semana, al calor de la campaña electoral catalana, ha vuelto a poner en opie de guerra a los partidarios de una y otra fórmula.

Todo este embrollo, que genera una parcelación engorrosa de la actividad económica nacional, es indudablemente un punto de perplejidad y de merma de atractivo de cara a los inversores en general y de los inversores extranjeros en particular. Circulan cifras sobre lo que se están perdiendo en cuestión de inversión y empleo aquellas regiones que ponen barreras a la apertura de nuevos centros comerciales o a la libertad de horarios en el comercio. De momento, lo que parece claro es que se trata de una disputa que no está sirviendo para atraer a los inversores extranjeros.