A quién molestará el ‘banco malo’

Ya está en la parrilla de salida el llamado “banco malo”, denominado Sareb, que si nada se tuerce debería iniciar su andadura a primeros de diciembre, con una maleta cargada de activos tóxicos, es decir, viviendas, inmuebles, suelo y créditos, adquiridos a los bancos más afectados por la crisis (los nacionalizados, con Bankia a la cabeza), que saldrán de los bancos con un descuento considerable, entre el 32% y el 80%, según el tipo de activo de que se trate. Los descuentos anunciados este lunes por el Banco de España están en línea con lo que se estimaba probable, de forma que apenas ha habido margen para la sorpresa.

La venta de esta cartera de activos, que tiene un valor conjunto de 45.000 millones de euros aunque puede alcanzar los 60.000 millones cuando se incorporen los activos de algunas otras entidades financieras que han necesitado ayuda del Estado, llevará su tiempo ya que el mercado inmobiliario no está para muchas alegrías. Por ejemplo, el suelo que va a recibir esta sociedad es la materia prima para desarrollar promociones futuras, lo que de momento no parece brindar muchas posibilidades. Los impulsores y actuales responsables del banco malo hablan de una actividad que se prolongará a lo largo de varios años, lo que implica de antemano una actitud de suma cautela sobre el éxito de este nuevo instrumento, llamado a liquidar la parte más escurridiza de los inmuebles y otras pertenencias que los bancos en crisis no han podido vender durante la burbuja inmobiliaria.

Pero lo que posiblemente más interesa al sector inmobiliario, y al público en general, es el impacto que esta entidad y su cartera de activos en venta van a tener en el proceso de fijación de precios del sector. En las últimas semanas se ha constatado una primera reacción de las entidades financieras, activando sus gestiones de venta de inmuebles y otras pertenencias inmobiliarias o afines. Esta activación se ha traducido en descuentos adicionales que han tirado los precios más a la baja, además de forzar algunas operaciones de desahucio, que hasta ahora iban a ritmo más lento.

La aceleración de los desahucios ha sido visible estos últimos días, en el curso de los cuales se han desarrollado algunas operaciones con impacto considerable en la opinión pública y con planteamientos nuevos por parte de los expertos en cuestiones judiciales, que han lamentado el carácter “agresivo” que tiene la legislación española en la materia. Naturalmente se trata de un asunto de potencial explosivo social muy considerable, al que el sector bancario ha intentado ponerle algo de sordina con el famoso código de buenas prácticas, que trata de adoptar una actitud más comprensiva con aquellas personas que no pueden pagar su hipoteca y que reclaman una refinanciación más acorde con sus posibilidades. A medida que avanza el tiempo, la gravedad de estos casos se va redoblando. Pero la aceleración que ha experimentado la actividad de desahucios en las últimas semanas, a medida que se acercaba la puesta en marcha del banco malo, ha sido considerable.

El impacto del nuevo mecanismo de liquidación de activos a precios de saldo va a tener previsiblemente una consecuencia inmediata en los precios de mercado, que se han venido resistiendo a bajar desde hace ya bastante tiempo. España ha sido uno de los países en los que la resistencia de los inmuebles al ajuste de sus precios a la baja ha sido más acusada. Esta resistencia posiblemente ceda con claridad desde el momento en el que confluyen dos hechos simultáneamente: el nuevo banco malo, con una cartera en oferta muy considerable (es la mayor inmobiliaria del país), y la redoblada intensidad con la que los demás bancos van a tratar de acelerar la liquidación de sus propias carteras de inmuebles, antes de que el nuevo competidor irrumpa en el mercado. Este es un escenario posible, aunque también tiene sus inconvenientes, ya que si el banco malo se ve obligado a vender sus inmuebles a precios agresivamente bajos, la posibilidad de que en este banco nuevo entren accionistas privados (como pretende el Gobierno, que necesita que más del 50% del capital lo tengan accionistas privados) y de que, a la postre, sea rentable, disminuyen seriamente.