Las tres noticias de la semana

Esta semana van a aparecer en escena tres datos, por lo menos, que alimentarán la discusión sobre el estado de la economía, después de los varapalos que durante la semana pasada sacudieron al país debido a las cifras de paro. Unas cifras que ya sitúan en unos 3,25 millones de personas las que han perdido su empleo desde el inicio de la crisis, lo que representa el 16% de la población ocupada. En los últimos cuatro trimestres, la pérdida de empleo ha afectado a 850.000 personas. El ritmo es infernal, aunque por el camino está dejando algunas novedades importantes, como el reciente aumento del número de funcionarios y personas del sector público que van al paro, algo que no se conocía en España en toda nuestra historia.

Ahora nos enfrentamos al dato oficial del PIB, que se conocerá el martes, y que no diferirá mucho del ya difundido por el Banco de España, según el cual la economía española se ha mantenido en recesión durante el tercer trimestre, lo que nos conducirá a un retroceso en el año del orden del 1,5%. Otro dato que se conocerá el martes es el del IPC de octubre, en un primer avance, un dato que nos acerca ya al importante del año, el de noviembre, ya que el IPC de noviembre es el que fija en teoría (de momento, respetada) la revalorización de las pensiones de cara al año próximo y a la actualización de lo que corresponda al año 2012. El IPC de octubre es, por lo tanto, una antesala de lo que los pensionistas podrían tomar como referencia para conocer tanto la actualización de sus pensiones en 2012 como para lo que van a percibir, una vez actualizada la base, en el año 2013.

Este asunto de las pensiones es precisamente el que aportará la tercera novedad importante de la semana en el plano económico, ya que está previsto que el Gobierno exponga a la comisión del Pacto de Toledo (el que estudia las pensiones) lo que piensa hacer el Gobierno durante los próximos meses en torno a este asunto. Es decir, qué va a pasar con las medidas para desincentivar la jubilación anticipada (que en la actualidad se traduce en jubilaciones efectivas de 63,3 años), si habrá aceleración en el calendario previsto de alargamiento de la edad de jubilación hasta los 67 años y previsiblemente qué va a pasar con la actualización de las pensiones a la luz del desbordamiento no sólo del IPC sino del gasto público y del déficit. El Gobierno parece asustado ante el elevado coste de la jubilación anticipada. Ha confesado que estas jubilaciones le cuestan a la Seguridad Social la friolera de 7.300 millones de euros al año en el caso de las jubilaciones totales, mientras las parciales se llevan otros 2.600 millones de euros largos. La reforma laboral ha acelerado los despidos en empresas con beneficios para personas que tienen más de 50 años de edad, lo que ha provocado una urgente rectificación de la normativa para que estos procesos de reducción de plantilla no conduzcan a incrementos desmedidos en el gasto público, es decir, tratando de endosar el coste de los reajustes de personal a las empresas en el caso de que se trata de compañías rentables y con beneficios.

Las recomendaciones que abogan por congelar la actualización de las pensiones proliferan en las últimas semanas. Está claro que el Gobierno se está reservando el anuncio de una eventual reducción el mayor tiempo posible. No debería pronunciarse antes de conocer, a principios de diciembre, el IPC de noviembre, pero todo indica que los numerosos indicios que se van conociendo ya anticipan una decisión probable. No en vano, la ministra de Empleo ha dejado caer bien alto que las pensiones medias han aumentado un 60% en España desde el alo 2002, al pasar desde los 591 euros hasta los 923 euros. El sistema no está para grandes alegrías, pero tampoco muestra cifras de miseria, todo hay que decirlo. Y los tiempos que corren no están para grandes dispendios. Los expertos dicen que con la actualización de las pensiones, España debe despedirse de frenar el déficit en la medida de lo acordado con Bruselas. Y eso son palabras mayores.