La cuestión fiscal española

La reorganización del Estado autonómico, sobre todo en su vertiente financiera,  se está convirtiendo en una de las exigencias principales del momento. Hay motivaciones frente al exterior, como el hecho de que la credibilidad española para lograr alcanzar los objetivos de déficit  exigidos por Bruselas dependa del cumplimiento que hagan las Autonomías de sus propios presupuestos. Y ya sabemos que esta hipótesis está algo alejada de las posibilidades actuales, hasta el punto de que en Bruselas dan por hecho que España tendrá una desviación respecto del objetivo del déficit del año 2012 cuya responsabilidad correrá a  cargo de las Autonomías, las únicas que están presentando desviaciones en sus objetivos presupuestarios.

Los analistas de la Fundación Fedea acaban de proponer un cambio de orientación en la organización autonómica, de forma que se lleve hasta sus últimas consecuencias  la idea del federalismo fiscal, con aumento de las responsabilidades de los entes autonómicos tanto en la vertiente del gasto como de los ingresos. En principio el asunto suena bien,  ya que enfrentaría a las autoridades regionales ante sus propias responsabilidades, de forma que si quieren un determinado nivel de servicios deberán decirle claramente a sus ciudadanos que es necesario fijar unos impuestos en consonancia, a juego con la situación de la máquina del gasto.

El federalismo fiscal no estaba desde luego en el dibujo autonómico que realizaron en el año 1978  los padres de la Constitución, que se limitaron a consagrar el estatuto foral de Navarra y a devolverlo a la mayor parte del País Vasco (Alava lo conservó durante la etapa  franquista), aunque la experiencia vasca en autonomía fiscal duró como quien dice un suspiro, allá en la época de la segunda República. Los catalanes quieren ahora disponer de una arquitectura fiscal similar a la navarra y a la vasca, es decir, quieren un concierto entre el Estado y la Autonomía, de forma que esta contara con todos los instrumentos de recaudación y gasto y el dinero que recaude con los impuestos y otras vías. El resto de España apenas tiene ansias autonómicas en su estrategia fiscal. Se conforma con una buena dosis de transferencias anuales con las que subvenir a los gastos que considera oportunos, dejando casi siempre, por sistema, un desequilibrio que se financia con emisión de deuda y mayor nivel de endeudamiento.

Hay, por lo tanto, una considerable falta de sintonía entre las Autonomías a la hora de demandar un Estado federal, lo que dificultará a la  postre que esta propuesta llegue a materializarse en alguna modificación constitucional. Organizar un Estado federal no es cosa que se pueda improvisar y llevar a la práctica en cuestión de días. Y en estos momentos, el Gobierno de Rajoy tiene sobre la mesa dos asuntos de alta carga política que habrá de afrontar antes de final de año, la presión catalanista a favor de la plena autonomía fiscal y el planteamiento que pueda surgir de las elecciones autonómicas vascas, en donde  la autonomía fiscal es el punto de partida y la independencia es el techo al que posiblemente aspiren los nuevos dirigentes vascos, previsiblemente con un acento nacionalista más marcado que en la etapa que ahora se cierra.

Con estos dos frentes abiertos, la batalla fiscal se promete por lo tanto bastante  dura, con la particularidad de que llega en una etapa en la que el conjunto del Estado español está necesitado de mejorar su credibilidad fiscal ante la Unión Europea y ante los mercados bajo el riesgo de que un incumplimiento de estos objetivos dispare al alza  el coste  de financiación de la deuda, lo que puede conducir a un severo atasco financiero al Estado. Es mucho, por lo tanto, lo que España se juega en  estas circunstancias. Y parece, en estas condiciones, poco probable que el ambiente facilite una mayor autonomía de las regiones en materia financiera. En todo caso, el Gobierno es el responsable último de las cuentas de  la Nación y en sus manos existe una gran capacidad de decisión.