El rescate, un poco más próximo

Ya es ampliamente mayoritaria la sensación que sitúa a España en posición de pedir el rescate a la UE. Goldman Sachs le puso fecha el miércoles, a mediados de septiembre, y este jueves han sido diversas las filtraciones que aseguran que el Gobierno está trabajando activamente en esta eventualidad, confirmando además que mediados de septiembre puede ser la fecha indicada. La errática evolución de los mercados está jugando asimismo un papel esencial, ya que cuando se  da por seguro que el rescate se va a producir, los   indicadores bursátiles y de deuda pública mejoran de forma radical. Y, a la inversa, cuando  el Gobierno insiste en que no habrá petición de rescate, muchos inversores se echan a temblar y cunden las órdenes de venta de activos, con  el consiguiente retroceso en los mercados. Este jueves se han dado las dos situaciones, con  deterioro de los mercados en la primera parte del día y reacción  alcista cuando surgió  el rumor de que finalmente España solicitará el rescate en fecha breve.

Ser rescatado por nuestros colegas de la UE significa básicamente dos cosas: que se deberán resolver los problemas de financiación de la economía española, sobre todo recortando los elevados costes de la misma, y que el Gobierno tendrá que asumir compromisos mucho  más estrictos y sobre todo actuar bajo estrecha vigilancia para alcanzar los objetivos comprometidos. En las últimas semanas parece haber quedado clara la sensación  de que España no va a poder cumplir  con los objetivos de déficit público y reformas y, además, la economía se está hundiendo más de lo previsto, lo que aumenta la  dificultad en el logro de los objetivos que impusieron los socios comunitarios hace  unos meses.

El rescate conlleva, en todo caso,  una confesión de impotencia política, es una forma de reconocer públicamente que el Gobierno,  que en este caso estaba aureolado con una mayoría absoluta desde  diciembre pasado,  ha fracasado lisa y llanamente al ser incapaz de resolver los problemas económicos del país. Las lecciones políticas del rescate resultan bastante complejas y no tienen una lectura fácil ni inmediata. Está claro que la “herencia recibida” forma parte esencial del estado actual de la economía y por lo tanto  explica en buena medida la decisión de petición  de ayuda.

Pero sería poco noble dejar de mencionar las torpezas y la pasividad con la que se ha comportado el Gobierno  salido de las elecciones de noviembre pasado. En los  ocho meses que lleva instalado en el poder, el Gobierno de Rajoy ha mostrado una notable incapacidad tanto económica como política para hacerse con las riendas de la situación y por lo tanto para resolver la crisis. En el periodo de tiempo durante el cual Rajoy ha estado al frente del Gobierno, la prima de riesgo ha pasado de los 300 puntos básicos hasta algo más de 600 hace unos días,  principios de agosto, para situarse en los 500 puntos básicos en estos momentos en los que ya  se da por casi seguro que habrá rescate español. Es decir, Rajoy ha multiplicado por dos la prima de riesgo del país. Su Gobierno ha adoptado medidas tardías, a medias y  con grandes lagunas, lo que ha suscitado una creciente desconfianza entre los inversores internacionales y desde luego entre los socios europeos y los organismos internacionales, que verán con alivio cómo al final el Gobierno Rajoy decide pedir ayuda oficial, bajo la cual los supervisores internacionales ofrecerán garantías de que España va a cumplir finalmente el calendario de reformas y los objetivos  que están exigiendo de forma reiterada las instancias comunitarias.

En algunos terrenos, como el control de las finanzas autonómicas, los decepcionantes resultados alcanzados han causado perplejidad y hasta indignación en algunos países socios de la UE.  Todo ello, además, con la particularidad de que no existen expectativas ni siquiera lejanas de que la economía española va a recuperar el pulso de actividad, ya que los sucesivos ajustes de gastos adoptados nos han situado en la vía de la recesión para largo plazo.  Posiblemente hasta bien entrado el año 2013.

La presión española sobre el BCE para que compre deuda de forma masiva no ha sido suficientemente escuchada por Mario Draghi. Existe la sensación de que las compras masivas de deuda, además de poner en peligro las políticas europeas de estabilidad, acabarían por quedar superadas al cabo de un tiempo, sobre todo si el Gobierno español no hacía gala de sus compromisos reformistas y de austeridad fiscal. Cabe ahora preguntarse en qué medida un  rescate, que se va a traducir en un alto grado de intervencionismo tutelar por parte de los técnicos de la UE, puede ayudarnos a resolver los problemas que obstaculizan la modernización de la economía, sobre todo teniendo en cuenta la aguerrida oposición sindical y la enmarañada obstrucción autonómica.