Los disparates fiscales del Gobierno

Que el Gobierno va por detrás de los acontecimientos, en lo económico, es una evidencia que resulta bien fácil de comprobar. Cada vez que sale un dato malo, el Gobierno anuncia una subida de algún tributo o algún recorte aislado, que las más de las veces se reduce a un intento de impacto emocional que sea capaz de convencer a los mercados, a los inversores internacionales, a los grandes fondos de inversión de ámbito global o a las autoridades europeas. Pero unos y otros parece que le han tomado ya la medida a Mariano Rajoy, de manera que ese “haremos lo que tenemos que hacer” suena cada vez más a excusa de mal gobernante que no sólo no hace los deberes a tiempo sino que incluso parece despistado a la hora de saber cuáles son realmente sus deberes.

Este martes se ha conocido el dato de la ejecución presupuestaria (malo en la medida en que el déficit ya casi agota a final de mayo la previsión de todo el año, lo que anticipa un calvario de explicaciones a siete meses vista), un dato que ha sido justificado de forma deficiente por el Gobierno, ya que consolarse diciendo que el déficit está en la “senda descendente”, son ganas de no decir nada, entre otras cosas porque cualquier que sepa multiplicar podría llegar a la conclusión de que, si no hay cambio drástico de rumbo, el déficit total del Estado podría superar este año al del último ejercicio de la era Zapatero, que ya es decir.

Que el Gobierno está dando palos de ciego y que no sabe por dónde meterle mano al asunto lo podemos deducir de una de las propuestas que acaba de lanzar sobre la mesa: la supresión de la deducción fiscal por vivienda. Una medida que, de ser aplicada, no llegaría a tiempo para corregir el desaguisado fiscal y presupuestario al que nos encaminamos este año. Además, llama la atención que esta medida fue recuperada por el Gobierno de Rajoy como una de sus aportaciones estrella a la recuperación económica del país. La recuperación de la desgravación por vivienda ha tenido un año de paréntesis. La quitaron los socialistas y la rescató Rajoy. Ahora se dispone a anularla de nuevo, volviendo sobre sus pasos.

Se dijo (en fecha no tan lejana, principios de enero de este mismo año, que para eso están las hemerotecas) que la recuperación de esta deducción fiscal, que se aplicaba de nuevo bajo criterios más generosos de rentas beneficiadas e incluso con efectos retroactivos) produciría un impacto positivo en la actividad inmobiliaria y contribuiría a darle salida al stock de viviendas sin vender. Más aún, se argumentó que la aplicación del IVA reducido a la compra de vivienda habitual contribuiría adicionalmente a este propósito.

Estas buenas intenciones no se han visto corroboradas por la realidad, ya que las ventas de viviendas siguen cayendo en picado, no se ha producido recuperación alguna en la actividad del sector y lo mejor que cabe decir de estos despropósitos es que han producido una merma en los ingresos fiscales que no ha sido mayor debido precisamente al fracaso de las medidas de estímulo. Al hilo de todo esto, ¿alguien se ha hecho responsable de tamaño dislate y error de cálculo, que ha provocado la rectificación de una norma fiscal apenas cinco meses después de haber sido aprobada?

Para acabar de remediar el asunto, el Gobierno dice ahora que no sólo va a suprimir esta deducción, aumentando con ello la inseguridad jurídica de los que han de tomar decisiones de inversión a largo plazo, sino que va a implantar un impuesto “verde” que se colaría en la factura de la gasolina. Ya sabemos quienes compramos combustible para el coche en Madrid que la factura lleva un añadido “sanitario” de 0,041 euros por litro. Ahora habrá otro “verde”, aunque en este caso es de esperar que sea de ámbito nacional, para evitar distorsiones e impedir que los madrileños tengan que echar la gasolina en Guadalajara (Castilla La Mancha) porque se ahorran este suplemento. Lo que tiene de bueno este impuesto (si es que hay impuesto “bueno”) es que su efectividad puede ser inmediata, no como el de la vivienda.