Dinero con condiciones

Nada más presentar la carta en la que formalmente España ha solicitado la ayuda financiera al sector bancario, pendiente aún de concretar el vehículo que se utilizará y las garantías que aportará España a los créditos que reciba, así como las cantidades precisas en las que se traducirá el apoyo, las condiciones que plantea la UE por la aportación de ese dinero han empezado a salir de la boca de algunos dirigentes comunitarios. España se encuentra ya, desde este lunes, en una posición que resulta difícil de calificar porque no hay una figura legal que la defina, pero es una especie de tutela o de supervisión vinculante. Aunque el Gobierno se refugie en las medias tintas para explicar las razones por las cuales está de nuevo embarcado en una espiral reformista, y se nos advierta incluso que esas reformas pueden llegar a ser muy difíciles y costosas, el espíritu de las nuevas relaciones entre Madrid y Bruselas deja bastante a las claras la naturaleza imperativa de las recomendaciones. Rajoy parece haber endurecido de repente su discurso económico. No se trata, sin embargo, de una convicción derivada del análisis de la economía sino de un reflejo de las nuevas condiciones en las que España va a tener que adoptar sus decisiones económicas.

El Gobierno español no recibe exactamente instrucciones pero las sugerencias del pasado tienen ahora otra fuerza, la derivada del riesgo de perder el apoyo financiero que el Eurogrupo está a punto de aprobar para sanear el sector financiero español. El mismo Joaquín Almunia, comisario europeo que quizás apura sus últimas semanas en el cargo, ha venido a Madrid este lunes a explicar que una parte esencial de las tareas que tiene pendientes España es arreglar el asunto de las Autonomías, una de las bases del desquiciado sector público español.

En Bruselas se la asigna mucha importancia al descontrol del gasto público derivado de la escasa coordinación existente entre los entes territoriales, lo que contribuye a mermar la credibilidad de las finanzas españolas y a poner en entredicho cualquier compromiso de control del déficit. Tal y como van las cosas este año, en Bruselas están convencidos de que España no va a lograr ese déficit dictado (no pactado) por las autoridades europeas del 5,3% del PIB. Y tras aprobar el apoyo bancario, Bruselas no adoptará este año una actitud de esperar y ver, que tan nefastos resultados ofreció al cierre del año 2011, cuando el déficit casi roza el 9% del PIB.

Este año, el déficit del 5,3% del PIB es un objetivo que requiere un pulcro cumplimiento. En las últimas semanas han aparecido algunas estimaciones que ponen de relieve la dificultad de cumplir los objetivos sin modificar los impuestos. Bruselas quiere por encima de todo que el déficit del 5,3% se cumpla a rajatabla. Si algo ha estado en discusión durante las últimas semanas con vistas a flexibilizar un poco los objetivos exigidos, ha sido el 3% de déficit del año 2013. Ese objetivo de déficit es el que puede que sea deslizado hasta el año 2014, atendiendo a las enormes dificultades de recaudación a las que se está enfrentando la economía española con el actual esquema tributario y con un crecimiento económico bastante más anémico del previsto. Bruselas insiste, por ello, en reforzar los ingresos a base de aplicar nuevos tipos de IVA, incluso en las actividades más protegidas por su importancia para la economía española debido a la peculiar estructura productiva. Pero esos IVA’s superreducidos serán probablemente víctimas de las nuevas exigencias que está planteando estos días Bruselas al Gobierno español como un auténtico imperativo.

El intervencionismo creciente de Bruselas en las cuentas españolas va a tener sobre todo su prolongación y su mayor expresión en la elaboración del Presupuesto del año 2013, en el que la UE debería estar en fase de crecimiento con la mayoría de sus países en zona de equilibrio presupuestario.