Bruselas lee la “cartilla” a España

Bruselas ha puesto un precio posiblemente elevado a la petición española de alargar el plazo para alcanzar los objetivos de moderación del déficit. El precio en todo caso está incluido en un documento de recomendaciones que es una auténtica “cartilla” que el comisario económico le ha leído a los ministros españoles que se acercan a Bruselas y que participan en los consejos europeos, sobre todo Luis de Guindos. Estos días, en Bruselas hay una doble vía de negociación, por un lado la relacionada con la suavización de los objetivos de equilibrio presupuestario y, por otra, el asunto de las ayudas al sector bancario, en donde a su vez hay otros dos asuntos sobre la mesa: si el fondo de rescate europeo puede insuflar de forma directa dinero a los bancos (asunto que no estaba en principio previsto por la norma que creó este instrumento de apoyo financiero) y si el Estado español puede financiar el descalabro de Bankia mediante aportaciones de deuda pública al balance de la entidad, que luego esta descontaría en el BCE.

En relación con el primero de los asuntos, la petición de mayores márgenes de tiempo para ajustar a la baja el déficit presupuestario español, la Comisión Europea se ha despachado con un catálogo de valoraciones y opiniones sobre lo que España ha hecho en estos dos últimos años, lo que falta por hacer y lo que debería hacer, siempre con la vista puesta en arreglar en conjunto la economía española para conseguir que se puedan cumplir los objetivos de acercamiento al equilibrio fiscal. El catálogo en cuestión constituye un auténtico varapalo a la política económica española y a las medidas adoptadas en estos dos últimos años, con críticas duras a los dos Gobiernos, el anterior de Zapatero y el actual de Rajoy. En relación con este último, basta con leer por encima la lista de recomendaciones para llegar a la conclusión de que el pretendido afán y espíritu reformista de Rajoy y el Gobierno que preside deja de momento bastante que desear.

Viene a decir la Comisión Europea que las reformas anunciadas han sido incompletas y que algunas de ellas incluso van en la dirección contraria a lo que debería haberse aplicado (caso del apoyo a la fiscalidad de los compradores de viviendas). Una de las cuestiones que más llama la atención del juicio crítico de Bruselas hacia las autoridades españolas, en este caso sobre todo hacia las actuales, es la negativa valoración que hacen de las medidas fiscales adoptadas, echando en falta medidas fiscales que desvíen los impuestos al trabajo hacia los impuestos al consumo. Es decir, la necesidad de descargar los impuestos sobre la nómina elevando el IVA, una estrategia que vienen recomendando desde hace meses los expertos de Bruselas y a la que España, el Gobierno de Rajoy en este caso, ha hecho oídos sordos, ya que no sólo no ha aumentado los impuestos indirectos en detrimento de los directos para tratar de reforzar la recaudación y reducir el déficit sino que ha castigado a los contribuyentes mediante incrementos adicionales en los tipos del IRPF. La Comisión considera, con razón, que el sistema fiscal español ya cuenta con una estructura de fiscalidad directa muy reforzada, sobre todo en el IRPF, en donde los niveles de tributación son de los más elevados de Europa (a diferencia de lo que sucede con Sociedades, muy por debajo de lo que sería deseable) y, en cambio, tiene un margen muy amplio para subir la fiscalidad indirecta, una de las más bajas de Europa.

La colección de recomendaciones que maneja Bruselas es, por lo tanto, una crítica global y severa a la política económica que Rajoy ha venido aplicando de forma insegura e incompleta, cuando no desviada e incluso contraria a los intereses de una economía en busca del saneamiento. En especial, las críticas se hacen más duras en el caso de las reformas de tipo laboral y la ausencia de estrategias de apoyo a colectivos significativos, como los trabajadores de edad avanzada, cuya reinserción considera necesaria con una ampliación de la edad de jubilación, y los jóvenes. La falta de coordinación entre los servicios de apoyo al empleo de las diversas Autonomías es otro de los puntos de severa crítica. La descoordinación de las Autonomías es asunto de la máxima importancia y así lo hace saber Bruselas a las autoridades españolas.