Ordóñez, el final de una pesadilla

Fernández Ordóñez, Miguel Angel, ha decidido tirar la toalla en medio de la tormenta. Se va (le empujan a irse), un mes antes de que concluya su mandato legal de seis años al frente de la institución posiblemente más incómoda de gobernar en nuestros días de cuantas constituyen el entramado institucional del país. Ordóñez fue el gobernador del PSOE, pero en el partido que le promovió al cargo apenas tenía amigos y mucho menos defensores. Desde luego, bastantes enemigos. En el partido llegado hace unos meses al poder, el PP, no suscitaba simpatía alguna por razones de turno (a nuevo Gobierno, gobernador nuevo y en el PP hay bastantes más aspirantes al cargo que entre los socialistas, amén claro está de mayor profusión de expertos) y toleraron su interinato para no romper moldes que en otras circunstancias se puedan volver contra el partido ahora en el Gobierno.

Al fin y al cabo, el relevo civilizado entre dirigentes de instituciones con colores distintos es una práctica que siempre se ha intentado preservar, en el mejor espíritu de la Transición, aunque de unos años a esta parte ese tipo de cohabitaciones ha resultado fuente de numerosos quebrantos. Quizás la falta de estilo del zapaterismo, fuente de tantos males, rompiendo en reiteradas ocasiones las normas no escritas del cambio ordenado y civilizado de turno, esté en el origen del desorden institucional actual. En cualquier caso, por Ordóñez o por las circunstancias “sobrevenidas” o por excesos e incompetencias de diversas y muy numerosas instancias, el Banco de España se encuentra hoy en los mínimos históricos de prestigio, un dato que el nuevo inquilino de la madrileña calle de Alcalá habrá de esforzarse mucho en reconducir.

En todo caso, en el Banco de España la tradición de relevo civilizado, con consenso entre los dos grandes partidos, ya había quedado rota en el pasado. La salida de Ordóñez, quien ha sido indudablemente empujado de forma reiterada desde hace ya algunos meses a abandonar antes de cumplir el mandato legal, puede que sea un alivio para casi todos, en la medida en que la reforma financiera ha ido de tropiezo en tropiezo pero en modo alguno está encarrilada. Ordóñez abandona el barco un mes antes de lo establecido por la legalidad vigente, lo que implica que el respeto institucional a los plazos y a los turnos ha quedado irremediablemente roto y no necesariamente por culpa del gobernador saliente.

El balance de Ordóñez, en todo caso, dista mucho de la excelencia. Quizás le haya faltado carácter al personaje para imponer algo de mano dura, como ha sido tradición en la casa, cuyos máximos responsables han ejercido por lo general una tutela autoritaria que a la postre ha sido muy de agradecer y ha dejado que muchas crisis transcurrieran dentro de las cuatro paredes del caserón de Alcalá, cuestión importante en un sector en el que la discreción y la buena apariencia son claves para mantener la confianza de los clientes y del conjunto de los agentes económicos. Ordóñez tampoco ha contado con el apoyo del Gobierno de turno, ni el de Zapatero ni el de Rajoy y en estas condiciones no es posible desempeñar bien el cometido de gobernador del Banco de España.

Es de temer que a Ordóñez le carguen y le achaquen a partir de su salida del despacho de la calle Alcalá numerosas responsabilidades en el desastre por entregas en que se ha convertido el otrora brillante e intachable sector bancario español. A favor de la verdad, habrá que realizar un minucioso reparto de culpas entre los muchos que, ahora y en el pasado no muy lejano, han tenido algo que ver en el cúmulo de disparates que ha rodeado al sector financiero español. Una responsabilidad que empieza obviamente por los dos grandes partidos políticos, que incubaron en las cajas de ahorros la simiente de todos los males, al convertirlas en oficinas de reparto de influencias y asignación a escote de los puestos de mando, a sabiendas de que la incompetencia era la profesión más extendida entre los mandatarios de las cajas.

Con una candidez que causa asombro, ayer mismo escuchábamos el testimonio de un alto cargo (político, naturalmente, como la mayoría de ellos) de una caja quebrada, en el que el directivo en cuestión exculpaba las malas decisiones y errores de la caja alegando que algunos consejeros, como él, no sabían lo que era un balance y, por supuesto, ignoraban lo que decían las cifras. Con esas legitimidades de origen, las cajas han creado al país un serio problema del que tardaremos años en recuperarnos. Ordóñez no tenía los medios necesarios ni la competencia legal para cambiar los consejos de esas instituciones y echar a la calle a los incompetentes, como hubiera sido deseable. En cuanto a las últimas decisiones del sector financiero, salidas de la pluma de Guindos y algunos otros colaboradores, a la vista están los resultados. Se podrán echar culpas sobre la persona de Ordóñez, pero cuando menos sus responsabilidades están ampliamente compartidas. Algunos de los responsables de estos desaguisados seguirán en sus cargos, lo que conviene recordarlo para no llamarse a engaño sobre lo que pueda suceder. El final de la etapa Ordóñez en modo alguno pone el punto final a esta tragedia de innumerables actos.

El sustituto (quizás Luis Linde, un gobernador que quizás no podrá acabar su mandato de seis años por motivos de edad) toma el relevo cuando están por llegar algunas de las grandes pruebas del sector, es decir, la aplicación de la última reforma financiera de Guindos, las auditorías e informes de los expertos extranjeros contratados por el Gobierno ante la desconfianza frente a la labor inspectora del Banco de España, la presentación de los planes financieros de las entidades para corroborar que cumplen con la nueva normativa, las últimas fusiones del sector,… Ordóñez ya no estará para echarle las culpas.