No está nada claro que los sindicatos vayan a hacerle una huelga general al nuevo Gobierno del PP. Ni siquiera sería lo lógico. Pero Rajoy ya la da por convocada, como si en su imaginario supiera a ciencia cierta que los malvados sindicalistas le han leído el pensamiento y ya están empezando a montar las barricadas porque saben que el recién llegado a Moncloa transitará por donde no conviene a los intereses sindicales.

Los sindicatos no se fían ni de Rajoy ni de los ministros neoliberales. Decir lo contrario sería una ingenuidad. Y los ministros y Rajoy no tienen ninguna evidencia de que los dirigentes sindicales van a apoyar cualquier reforma laboral cuyos postulados pasen por reducir el coste del despido, abaratar los costes sociales a la creación de empleo, simplificar la contratación, situar el protagonismo de la negociación colectiva lejos de su verdadero epicentro (es decir, en las relaciones entre empresario y trabajadores, o sea, en la empresa, no en la provincia o la región o el sector económico) y, en suma, devolver el protagonismo de la vida laboral a sus protagonistas de base.

La afirmación de Rajoy de que su reforma laboral va inevitablemente unida, como un hecho fatalista, al rechazo sindical y a la manifestación expresa de ese rechazo, la huelga general, es una prueba fehaciente de la existencia de intereses encontrados y de puntos de vista radicalmente opuestos. No se entiende muy bien por qué el nuevo presidente ha esperado tanto tiempo para aplicar su reforma, sabiendo como sabe que no va a gustar nada a los líderes sindicales. Quizás tampoco a un amplio elenco de trabajadores. Pero que es una reforma que hay que sacar adelante porque, según sus convicciones, resulta imprescindible para que el país se levante, laboralmente hablando, y eche a andar. Y porque hay muchos trabajadores, muchos ciudadanos y, sobre todo, muchos jóvenes sin empleo, que le van a brindar al nuevo intento de mejorar la legislación laboral una cálida, aunque quizás no tan sonora, bienvenida.

Rajoy y el Gobierno se mueven en este asunto por encima de una barra de equilibrio de muy difícil compromiso. Las instancias comunitarias y los líderes políticos europeos, además de los organismos internacionales, piden insistentemente a Rajoy una reforma laboral que active los mecanismos de la flexibilidad y de la competitividad máxima de la vida empresarial y, a la postre, del empleo y del crecimiento. Una reforma laboral audaz y tajante, que rompa con los viejos moldes del corporativismo sobre el que se ha alzado tradicionalmente la vetusta legislación laboral española, heredada de la etapa dirigista, cuando las cosas en España se hacían toando como referencia a nuestros vecinos con regímenes autoritarios. Ya Zapatero aprobó una reforma laboral hace unos meses para tratar de contentar a los críticos, con resultados totalmente inapropiados, ya que ni contentó a nadie, molestó a bastantes y no fue capaz de detener la sangría del desempleo, que tan cruelmente hemos visto retratado en los últimos meses del año 2011.

De modo que Rajoy está obligado a renovar, a cambiar, a modernizar, a flexibilizar, y debe hacerlo sin pisar muchos callos para no traumatizar en exceso a un país ya de por sí convulso, pero necesitado de eficacia y de soluciones, no de buenas palabras. El problema es que si no pisa ninguno, o muy pocos, su reforma pasará desapercibida y quedará como un fracaso más de los intentos renovadores que no han llegado a buen puerto porque los inmovilistas han bloqueado la mercancías a pocas millas de la costa.

Otra reforma como la de hace unos meses de Zapatero terminaría con la credibilidad de Rajoy, que ahora mismo está en cotas todavía elevadas, simplemente porque no serviría para nada y porque quedaría en evidencia que España sigue haciendo reformas para la galería sin reformar realmente nada. Si los líderes sindicales se sublevan con vigor ante cualquier señal de cambio, posiblemente sea una muestra de que las reformas van en la buena dirección. Lo peor de todo es dejar las cosas como están porque, eso ya lo sabemos, el país es una auténtica máquina de paro. Rajoy, para eso le hemos votado, debería tratar de solucionar el problema laboral del país aplicando las medidas que tantos expertos han venido proclamando en los últimos años. Al fin y al cabo, Rajoy vive el primer año de su legislatura de cuatro ejercicios. La gente le agradecerá que haga lo que cree más conveniente, sobre todo si al cabo de unos meses se comprueba que estaba en lo cierto y el país empieza a multiplicar el empleo.