Todavía no sabemos el déficit

Las medidas que están anunciando algunos integrantes del nuevo Gobierno surgido de las elecciones para su adopción este viernes serán necesariamente muy provisionales y, desde luego, susceptibles de ampliación a medida que los nuevos gestores de la economía tengan constancia del estado real de la situación económica y financiera del país. El traspaso de poderes ha sido generalmente valorado de forma muy positiva y el Gobierno entrante se ha cuidado mucho de hacer una puesta en escena similar a la de Cospedal en Castilla-La Mancha. Pero está claro que esta misma semana vamos a tener ya una primera evaluación sobre el déficit con el que se va a cerrar dentro de unos días, de forma provisional, la ejecución presupuestaria.

Se han barajado diversas estimaciones y pronósticos varios, ninguno de ellos ajustado al 6% sobre PIB que era lo exigible. Es decir, el compromiso alcanzado por el anterior Gobierno con las autoridades de Bruselas, un compromiso que se complementaba con el logro de un déficit del 4,4% sobre PIB para el año 2012 y del 3% para el año 2013. Hay estimaciones de una desviación modesta y aceptable, que apuntan hacia un déficit un punto de PIB adicional, es decir, el 7% del PIB, lo que puesto en cifras y números absolutos sería algo así como 10.000 millones de euros. No sería una desviación escandalosa sino necesariamente aceptable por nuestros socios de la UE en la medida en que se produce en un año electoral y que se calcula en unos momentos de cambio de Administración, tránsito durante el cual siempre es posible, incluso con la más honesta de las intenciones, dejar que algunas cifras “bailen” de un ejercicio fiscal a otro.

También es preciso tener en cuenta que un desvío más sustancial del déficit acabaría por desencadenar una tormenta considerable sobre la deuda y sobre el diferencial de tipos de interés, lo que se acabaría convirtiendo en un auténtico boomerang contra el Gobierno recién llegado. Dado que en el primer trimestre del año entrante las emisiones de deuda pública española plantearán algunas exigencias de cantidad, y desde luego de coste, mejor sería armar el menor escándalo posible, aunque la culpase le echa al anterior inquilino de la cosa pública.

Dejando de lado el impacto negativo que tendría, sobre todo en los mercados, el anuncio de un déficit muy desviado respecto de las previsiones más razonables, es decir, un déficit que supere claramente el 7% del PIB, lo más relevante será calcular el esfuerzo de contención que habrá que realizar para que el país alcance diciembre del año 2012 con un déficit del 4,4% del PIB en términos de déficit consolidado de todo el sector público español, es decir, incluyendo Seguridad Social (previsiblemente en déficit durante el año entrante), cuentas del Estado central, entes autonómicos y otros. Esa es cuenta que habrá que calcular cuanto antes para saber qué futuro nos espera a partir de la próxima primavera, independientemente de que a corto plazo el Gobierno empiece a hacer efectivos algunos recortes.

El grueso de la solución tendrá que venir inevitablemente en el Presupuesto del Estado del año 2012, cuya discusión quizás ocupe el mes de marzo. Si ese Presupuesto debe afrontar un ajuste de 30.000 millones de euros, como se supone ya con ciertas garantías de aproximación, entonces está claro que el Gobierno no va a poder encomendar sólo a los recortes del gasto la hercúlea tarea de ajustar el déficit al 4,4% del PIB. Y es ahí en donde empezará el gran debate: ¿cuántos incrementos de fiscalidad habrá de aplicar al ciudadano español para conseguir que las cuentas cuadren? Y, sobre todo, ¿se hará vía IVA o vía IRPF o ambas cosas a la vez, en sus correspondientes dosis?

Es de esperar que al Gobierno no le tiemble el pulso a la hora de adoptar medidas que sean capaces de resolver la crisis económica y, por lo tanto, deje de lado cualquier limitación derivada de las elecciones andaluzas, que podrían convertirse en un freno de las medidas necesarias con objeto de no deteriorar la que parece arrolladora victoria del PP en las elecciones de dicha Autonomía. Posiblemente la mayoría del país lo agradecería. Además, hay argumentos más que suficientes para justificar decisiones drásticas en materia económica, incluidas las fiscales, sin que nadie pueda argumentar que los causantes de tal desastre son los gobernantes recién llegados.