El déficit baja subiendo impuestos

La cifra de recorte del déficit público que  barajan en estos momentos los analistas económicos y el propio Gobierno parece oscilar entre los 16.000 y los 30.000 millones de euros. Son palabras mayores. El dato más ajustado a la realidad  tendrá que salir del balance final de la ejecución presupuestaria del ejercicio a punto de terminar, sobre la que el nuevo Gobierno tiene escaso margen de maniobra. Las previsiones  que se manejan para la evolución de la actividad económica no han variado sustancialmente en las últimas semanas y afrontamos dos o tres trimestres de crecimiento cero o caída del PIB, es decir, recesión o algo parecido hasta mediados del año 2012. En este escenario, la profundidad del recorte presupuestario tendría que ser incluso superior, ya que las partidas de ingresos tributarios difícilmente van a proporcionar desahogo alguno en el corto plazo. Si ya resulta difícil  recortar los gastos, recaudar es aún más complejo y sobre todo menos inmediato.

Por dónde recortar y de dónde sacar dinero es la angustiosa papeleta a la que se enfrenta el nuevo Gobierno y el dúo Montoro-De Guindos. Exprimir aún más los desembolsos del Ministerio de Fomento para dejar la obra pública literalmente parada no parece posible.  Los grandes capítulos del gasto (nóminas de funcionarios, pagos por pensiones, prestaciones por desempleo, gastos de la Sanidad  y costes financieros de la deuda pública) dejan muy escaso margen de maniobra, unos por razones políticas, otros por imposibilidad real. El gasto  público español es poco elástico. La principal elasticidad ha sido, en estos años de crecimiento desbocado, la del crecimiento exponencial del gasto. Reconducirlo a sus justas proporciones es la principal tarea a la que se enfrenta el gobierno de Rajoy, aunque para ello tendrá que echar mano de las subidas de impuestos.

La  papeleta es, por lo tanto, de envergadura y más pronto que tarde el Gobierno parece que tendrá que rendirse a la evidencia de algunos de los puntos conflictivos y dejar para dentro de un año el cumplimiento de algunos de sus compromisos. El tabú de la subida de impuestos está siendo sometido ya a  una franca y sincera reconsideración, ya que el reajuste fiscal  que implica toda reducción acelerada del déficit no va a poder ser implementado mediante subidas en tributos de escaso potencial recaudatorio. La lógica conduce a promover un aumento fiscal de ámbito muy generalizado para que alcance objetivos sensatos de recaudación y no frene en exceso la propensión productiva. Es decir, que no se convierta en un desincentivo a la actividad económica.  Sacar de la chistera algún invento tributario no va a resolver el problema básico de la búsqueda de un menor desequilibrio en las cuentas públicas. Las pretensiones de buscar un yacimiento de recursos fiscales nuevos en las grandes fortunas ya fueron descartadas por los socialistas del  Gobierno saliente y no porque no se lo pidiera el cuerpo.

De entrada, no se ve cómo en las presentes  circunstancias se puede eludir la subida del Impuesto  sobre el Valor Añadido (IVA), del que tanto malo se dijo en la primavera del año 2010 y que después tan poco parece haber influido en el desarrollo de la actividad económica. Por cada punto de aumento del IVA puede esperarse un incremento de la recaudación estimado en torno a los 2.500 a 3.000 millones de euros. Una subida de dos puntos en el IVA aportaría por lo tanto unos 6.000 millones de euros, aunque restaría – según  simulaciones realizadas por economías españoles hace dos años- alrededor de un punto al crecimiento del PIB, con una  repercusión moderada en  el nivel de precios.

Aumento del IVA, retoques al alza en los tipos impositivos de los consumos de productos sometidos a régimen especial, como las gasolinas, tabacos y bebidas, son piezas que necesariamente habrán de contemplarse para que la economía no decaiga  y mientras se analizan y acuerdan otras medidas que permitan frenar el gasto en aquellas áreas en las que existen claras disfunciones.

La coordinación autonómica  es uno de los aspectos en los que tendría que incidir  el nuevo Gobierno tras un pacto o acuerdo político que, en teoría, este Gobierno está en condiciones de llevar a la práctica en mejores condiciones que el anterior, no sólo por la presión de la crisis sino porque ha sido un asunto denunciado y detectado por todas las agencias de calificación (lo que condiciona las posibilidades de acceso a la financiación externa, tanto del Estado como de las propias Autonomías)  y porque es una conclusión a la que ha conducido la lógica de la observación de la economía en los últimos años.