La papeleta del Banco de España

La sustitución de Miguel Angel Fernández Ordóñez como gobernador del Banco de España llegará previsiblemente en su momento, es decir, el próximo mes de julio, cuando culmina el plazo legal de seis años para el que fue designado por el saliente Gobierno socialista. El relevo está suscitando toda una serie de especulaciones no sólo sobre el plazo (es decir, si se cumplirá literalmente la previsión legal, el plazo de seis años) sino sobre la persona que eventualmente vaya a sentarse en el sillón del banco con sede en la madrileña calle de Alcalá.

El PP está de alguna forma cogido por la palabra, ya que muchos le recordarán su oposición, en la primavera del año 2006, a la designación de Fernández Ordóñez como gobernador argumentando el elevado “perfil político” del candidato. Se supone que para dotar de ejemplaridad a la designación de un nuevo gobernador, Rajoy buscará un profesional con bajo perfil político, terreno en el que no hay tantos postulantes como existen en las filas de los descartados de la nueva Administración conservadora.

Fernández Ordóñez ha tenido una actuación bastante criticada en los últimos meses, en los que algunos de sus pasos se han visto seriamente deslucidos. La crisis de las cajas se la ha ido de las manos, por decirlo de la forma más suave posible. Por este motivo, el nuevo presidente del Gobierno (quien, al reservarse la última palabra en temas económicos, como él mismo se ha ocupado de resaltar) ha estado en bastantes ocasiones manejando la hipótesis de forzar su salida antes del plazo previsto. El escándalo de las remuneraciones de los directivos cesantes de las cajas es otro de los asuntos que con frecuencia se le echan en cara al Gobernador, aunque en este tema es más la competencia de las autoridades autonómicas que la del máximo responsable del Banco de España.

Lo de forzar su salida del cargo es un asunto que no tiene precedentes y que entraña notable dificultad ya que la dimisión (que casi nadie contempla) por voluntad del interesado es la única vía que en la práctica se le abre al nuevo Gobierno para disponer del cargo y montar desde cero y con gente fiel su propia reforma financiera. Más aún porque el propio Rajoy ha calificado esta reforma de urgente y hasta se ha atrevido a ponerle un plazo, entre tres y seis meses, plazo que no se podrá cumplir si se quiere que Fernández Ordóñez esté fuera de juego en esta importante cuestión.

Por lo tanto, y mientras no aparezcan nuevas expectativas, Rajoy tendrá que ir tirando con Fernández Ordóñez para que, en primer término, culmine el trabajo ya iniciado, es decir, el saneamiento de las cajas de ahorros mediante las subastas pendientes y las fusiones que posiblemente habrá de encarar para resolver algunos de los problemas que han sido resueltos solamente a medias. O sea, los casos de las cajas que cuentan con ayuda pública, que han logrado sobrevivir al desastre gracias a importantes inyecciones de dinero público y bastante paciencia de las autoridades a la hora de hacer cumplir los plazos pactados en cada una de las operaciones. La reorganización del sector en general, sobre todo en lo que respecta al ajuste de su capacidad a la realidad del mercado, se está realizando de forma demasiado lenta.

Segundo, Rajoy tendrá que mover algunas piezas en el más corto espacio de tiempo posible para que pueda hacerse realidad esa pretensión de activar el crédito al sector privado, empresas y familias. Y para ello necesita la colaboración activa del todavía gobernador del Banco de España.