Las dos recapitalizaciones

La sensación con la que nos hemos quedado  tras los resultados de la cumbre europea en lo que atañe a la situación de los bancos españoles se podría resumir en dos ideas. Por un lado, las autoridades  europeas  le han endosado a la gran banca española, a los cinco grandes del sector, una obligación de recapitalización de 26.000 millones de euros para que los balances del sector en España puedan  hacer frente al deterioro del valor de la deuda pública y, en menor medida (lo sabremos cuando se hagan públicos los detalles) de los desajustes  que aparecerán en las  cuentas de las Autonomías. En conjunto, se trata de un problema, el de la quiebra de Grecia y la depreciación parcial de la deuda de algunos países periféricos, que atañe básicamente  a los bancos alemanes  y franceses, grandes financiadores de  algunos Estados, como el helénico,  que, sin embargo, paradojas de la vida, parecen haber salido como vencedores en la  reciente peripecia.

La segunda sensación o incluso constatación es más bien una cuestión de omisión: nada se ha dicho en las resoluciones de la Autoridad  Bancaria Europea (EBA) sobre el riesgo  de más peso, con diferencia, de la banca española, el inmobiliario, del que ni siquiera estamos seguros a estas alturas que esté correctamente valorado y cuantificado pero del que muy probablemente se pueda decir que tiene una envergadura claramente superior al que representa la deuda soberana de difícil recuperación en las carteras de los bancos españoles.

El sector financiero español  tiene bastante de las dos cosas, es decir, papel del Estado (sobre todo español, adquirido bajo presión de los mismos que no han sido capaces de reducir en Bruselas el importe de la recapitalización de los 26.000 millones)  y papel relacionado con el ladrillo. El primero es de muy pocos emisores, es decir, los Estados soberanos, en especial el español, y algunas Autonomías, sobre todo las que cuentan con veleidades nacionalistas más acusadas y alguna caja de ahorros convertida ahora en banco que tiene en la correspondiente zona de influencia una presencia mayoritaria.  El segundo, el riesgo  inmobiliario, está disperso en las carteras de un buen montón de miles de españoles y extranjeros del sector privado, es decir, mayormente clientes de hipotecas, que en algunos casos no pueden pagar a causa de la espectacular subida del paro y la generalización de las insolvencias familiares.

Puestos a resolver los problemas de capitalización de la banca española, este segundo aspecto, que diferencia abiertamente a los bancos españoles de los del resto de Europa, es de importancia capital. Los bancos españoles no han realizado hasta la fecha un ejercicio suficiente de transparencia en lo que atañe a sus riesgos inmobiliarios, aunque la cuantía del quebranto desde ser de envergadura. Las cifras oficialmente conocidas son pavorosas. Su superación sólo podrá venir de la mano de una recuperación de la economía, es decir, de un descenso drástico del desempleo y del retorno de muchas familias a la condición de cumplidores de sus préstamos hipotecarios. Pero el horizonte del año 2012 se presenta tan complicado a este respecto como  el del presente año 2011, todavía sin terminar, durante el cual parece que la tasa de morosidad ha empezado a  moderar su ritmo de crecimiento, aunque situada ya en máximos históricos.

Lo que quizás tendría que abordar  el sector es hacerse a la idea de que la cuestión inmobiliaria tendrá que ser afrontada con un mayor grado de realismo que hasta ahora, sobre todo en lo que atañe a los precios. Se sigue viviendo con la fantasía de unos precios inmobiliarios que en absoluto encuentran comprador en la actualidad y que mantienen un desfase monumental con las posibilidades  reales del mercado. La actualización de los precios de los inmuebles que los bancos españoles tienen en cartera podría dar como resultados cifras bastante  gruesas. Unas cifras que, mientras no llegue la recuperación de la economía y del empleo, serán la mayor losa del sector.