El coste del desbarajuste autonómico

Las numerosas iniciativas vistas en las últimas semanas, en realidad casi desde el día siguiente de las pasadas elecciones autonómicas de mayo, destinadas a frenar el gasto de la España autonómica han alcanzado ya un importe estimado de 5.000 millones de euros. Pero todo parece indicar que no estamos más que en el principio del drama que se va a desarrollar a lo largo y ancho del país para cumplir con ese límite del 1,3% del PIB que deben respetar las autonomías este año y el que viene en sus déficits. Hay autonomías que ya han sobrepasado con creces esta cifra sólo en la primera mitad del año y posiblemente acabarán el ejercicio con cifras aún más alejadas del necesario equilibrio.

El panorama que se presenta para el año 2012 va a ser incluso más severo porque nada permite suponer que se va a producir una reacción al alza en los ingresos de las comunidades autónomas ni el Estado está en condiciones de suministrar más recursos si de verdad quiere cumplir con los objetivos de contención del déficit pactados con las autoridades comunitarias. Las previsiones para 2012, que tendrán que ser aprobadas en las próximas semanas en las diferentes administraciones, apuntan hacia un recorte adicional del orden del 10% sobre lo que realmente van a gastar al final durante el año en curso.

Las estimaciones sobre el ajuste que realizarán las Autonomías hasta finales de año apuntan hacia una cifra del orden de los 15.000 millones de euros. En el conjunto del año, el gasto autonómico rondará los 160.000 millones de euros. Para equilibrar gastos e ingresos, el esfuerzo de ajuste de gastos o aumento de ingresos tiene que ser considerable y los 15.000 millones de euros que se estima alcanzarán los recortes del gasto no van a resultar suficientes.

Con los recortes ya puestos en práctica, las tensiones han proliferado en los sectores en los que últimamente se han concentrado de forma más acusada, la sanidad y la educación. Estas dos áreas representan más del 60% del gasto total del conjunto de las Autonomías y resulta, por lo tanto, difícil afrontar la tarea de frenar el gasto si no es recurriendo a frenar los compromisos de gasto en estas actividades, ya que en ellas es en donde se obtienen más resultados a corto plazo y con mayor eficacia. La contrapartida es que los recortes en estos sectores, particularmente en la sanidad, afectan a grupos de ciudadanos especialmente vulnerables. Y, además, la capacidad de movilización de los colectivos afectados, generalmente funcionarios con empleo seguro y de por vida, es muy elevada, aunque estos colectivos no se van a librar por desgracia de los recortes de empleo previsibles. Se estima que este año desaparecerán unos 15.000 empleos en la España autonómica.

El balance del sector público autonómico será, por lo tanto, sumamente negativo de cara a una recuperación de la economía. Todo el conjunto de la España autonómica está en franca recesión y su contribución del PIB nacional será negativa tanto este año como el próximo. En materia de empleo, las autonomías han dejado además de ser una fuente de generación de nuevos puestos de trabajo para convertirse en una carga para las estadísticas de pero. Una de las razones de su negativa contribución al empleo es el bajo perfil de las inversiones públicas en la España autonómica, muy inferior al conjunto del Estado. La inversión real en la España autonómica viene a representar menos del 10% de los gastos totales y es previsible que en el año 2012 vea aún más recortada esta cuantía.

Con la previsible victoria del PP en las próximas elecciones generales y tras la abrumadora victoria de este partido en las últimas autonómicas, pendiente aún de completarse el mapa político autonómico con las próximas elecciones de Andalucía, está claro que sobre esta organización política recaerá la responsabilidad y el peso principal de poner en orden la España autonómica, aquella ilusionante y bonita idea que se pergeñó en la Constitución del año 1978 y que los políticos no han sabido llevar a buen puerto sino a un callejón sin salida. Es posiblemente el mayor reto político y desde luego económico que afronta el país para el año 2012.