El patinazo de Loterías

La colocación de Loterías y Apuestas del Estado en medio de la campaña electoral que culmina con las elecciones del 20-N era, cuando menos, un hecho insólito. La colocación de Loterías entre los inversores (un 30% del capital, lo que significa que el Estado mantendrá su mayoría de control con bastante holgura) habría sido la operación más importante de salida a Bolsa de una empresa pública en España. La recaudación oscilaría entre los 6.000 y los 7.000 millones de euros para una sociedad que tiene un valor probable de unos 21.000 millones de euros. El problema es que los mercados no están hoy por hoy en condiciones de reconocer estas cifras, sobre todo cuando se trata de inversores extranjeros, que también deberían participar en la operación en condiciones normales.

El Gobierno, casi al límite del tiempo programado, ha decidido suspender de forma indefinida esta colocación bursátil, a la que el partido de la oposición había puesto la proa de forma pública y sobre todo condicional: pocos inversores con sentido común estarían dispuestos a invertir en una compañía cuya gestión iba a cambiar de manos previsiblemente en breve plazo, teniendo en cuenta además que los nuevos gestores estaban dispuestos a modificar en la práctica (sobre todo en materia de remuneración vía dividendos) las condiciones que se le habían prometido a los compradores de acciones. Se puede decir, a la postre, que es una victoria del PP, que empieza a condicionar importantes decisiones políticas antes de acceder al poder, si finalmente lo hace, como parece bastante previsible.

El PP se ha revuelto en el asiento contra esta operación, ya que argumenta que el momento para colocar esta compañía en Bolsa no es bueno debido a la situación maltrecha de los mercados de renta variable. Los argumentos esgrimidos por el partido de la oposición han sido prácticamente los mismos que ha anunciado el Gobierno a la hora de justificar su decisión de suspender la salida: el mercado no está ahora mismo en condiciones de reconocer el valor real de la compañía y la colocación habría supuesto malvender un bien público, comprometiendo el patrimonio del Estado.

La queja del PP es también consecuencia de una práctica que podría considerarse como de poca elegancia política, ya que vender bienes del Estado en plena deliberación del país sobre quién es el candidato ideal para acceder en breve, finales de diciembre, a la Presidencia del Gobierno, parece poco presentable.

También es verdad que, dado el calendario electoral, y teniendo en cuenta que al Gobierno saliente le interesa presentar unas cuentas del año 2011 lo más sanas posibles, con el menor grado posible de endeudamiento, la operación corría cierta prisa. El PP, como es lógico, no cita la que posiblemente es su principal motivación para pedir el aplazamiento de la salida a mejor fecha, ya que los ingresos de esta venta parcial de una empresa pública se habrían anotado en la contabilidad pública en etapa del PSOE, no del PP como gobernante. Pero resulta fácil entender que cuanto antes pueda mostrar la contabilidad pública española un aspecto saludable de cara a nuestra negociación de la deuda externa, mejor que mejor. Ahora, al Gobierno se le complica bastante el cumplimiento de los objetivos anunciados y prometidos con Bruselas, aunque la tarea de cerrar las cuentas del año 2011 corresponderá previsiblemente al nuevo Gobierno, previsiblemente del PP.

La colocación de Loterías era vista con algunos recelos no sólo por el PP sino también por las entidades financieras, embarcadas en una auténtica y frenética batalla por captar ahorro del público, dado el cierre de los mercados mayoristas de financiación. Esos 6.000 ó 7.000 millones que el Gobierno esperaba recaudar procederían, en principio, de los inversores minoristas en un 70%. A los inversores se les prometía un dividendo mensual que en términos anuales representaría una rentabilidad del orden del 8%, lo que equivalía a un argumento bastante agresivo a la hora de competir con la oferta de superdepósitos de los bancos y cajas.

Se puede suponer que el dinero que iba a ir a Loterías, en su mayor parte de inversores modestos, restaría capacidad de captación en la misma proporción a las entidades financieras, aunque quizás se pueda considerar que los inversores diferencian, más aún en estos momentos, lo que es una inversión en renta variable de lo que es un depósito en una entidad financiera. El impacto potencialmente negativo en la capacidad de captación de los bancos y cajas de ahorros tiene a estas alturas su importancia, cuando hay entidades, incluso de cierto tamaño, que pelean por colocar emisiones de 300 millones de euros y se las ven y se las desean para alcanzar sus objetivos tras varias semanas de forcejeo. Eso sí, pagando unos intereses que en condiciones normales serían prohibitivos. Ahora, la retirada de Loterías de la escena les deja el campo un poco más despejado.