Día triste para las cuentas autonómicas

La reunión que este miércoles celebran en Madrid la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, con los representantes de las Autonomías en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera puede dar una primera constatación de la dificultad que tendrá España para cumplir con los objetivos de control del déficit comprometidos con el resto de los socios europeos, de forma que el déficit máximo del país se situara en el 6% del PIB. Las cosas no han ido del todo mal hasta la fecha de cara a cumplir ese objetivo. Pero cuando menos tres inconvenientes, alguno de ellos sobrevenido, van a poner trabas a esta pretensión.

El primero es el débil crecimiento de la economía, ya que los ingresos no están creciendo al ritmo que deberían en una economía en la que la demanda interna, principal generadora de impuestos, no está alcanzando lo que era necesario para darle cierta alegría a las arcas del Estado. La segunda razón por la que el déficit está empeorando de cara al resultado final del año es el inesperado empeoramiento de los mercados, que han conducido a una subida de los tipos de interés que se está trasladando a los costes de financiación del Estado, como hemos podido ver este mismo martes con la subasta de Letras a corto plazo. Un tercer factor que está obstaculizando el logro de los compromisos de déficit es la falta de cumplimiento de los mismos por parte de las Autonomías, que debían ceñir su desequilibrio a un 1,3% del PIB de cada zona, objetivo carente de realismo a estas alturas, ya que algunas Autonomías ya han anunciado que van a duplicar con creces este porcentaje. El descontrol de las finanzas autonómicas es bastante preocupante y está causando serios problemas al resto de la economía, ya que las deudas del sector público con las empresas privadas por servicios prestados, facturados y no cobradas, alcanzan al parecer cifras escalofriantes. En especial en algunos sectores, como el de la construcción o la sanidad o los servicios.

Se podría añadir a estos tres elementos uno más, la insuficiencia de las reformas anunciadas por el Gobierno y llevadas a la práctica sólo en parte. Y la parte que se ha aplicado requerirá un cierto tiempo para que sus efectos se dejen sentir en una mejora de las finanzas públicas. A diferencia de otros socios europeos (Irlanda, Grecia, Portugal e incluso más recientemente Italia), España no ha anunciado ningún plan drástico de ahorros y recortes del gasto público. Para España, un plan similar al que han aplicado algunos de nuestros socios comunitarios resultaría mucho más difícil de llevar a la práctica ya que en nuestro caso más de la mitad del gasto público está en manos de Comunidades Autónomas. Y estas son soberanas a la hora de aplicar medidas de carácter impopular, si bien el reciente proceso electoral debería facilitar la labor en este sentido, ya que una buena parte de los actuales dirigentes autonómicos ha estrenado cargo tras las recientes elecciones autonómicas, lo que les da un buen margen de actuación a la hora de aplicar medidas de ahorro, por excesos achacables a sus antecesores.

Sea como sea, los dirigentes autonómicos (once de los 17 son ahora del PP y alguno más puede serlo en breve) están de momento ejerciendo una presión creciente sobre las autoridades centrales, es decir, sobre la ministra Salgado, que a estas alturas ni tiene dinero para responder a tantas demandas como se agolpan en su despacho ni cuenta con margen político para dar satisfacción a sus adversarios políticos, que prefieren optar por la vía dura sabiendo que al PSOE posiblemente le quedan los días contados al frente del Gobierno de la nación y que aquí se van a hacer pocas cosas serias mientras no se inicie un nuevo ciclo político. De ahí la urgencia que desde la economía se está poniendo a la anticipación del proceso electoral. La reunión que hoy celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera puede ser un diálogo de sordos y posiblemente el primer acto de un incumplimiento de los compromisos de control del déficit con nuestros socios europeos.