El déficit se va de las manos

Otro toque de atención de la agencia de calificación de riesgos Moody’s, esta vez de la mano o con la excusa de la “rebelión fiscal” de una Comunidad Autónoma, Cataluña en concreto. Los analistas de esta firma de calificación vienen a decir que si Cataluña no cumple sus objetivos de déficit, ello tendrá implicaciones negativas para la calificación de la deuda española. Moody’s ya ha rebajado dos veces la calificación española en los últimos meses y la ha situado en “perspectiva negativa”, lo que quiere decir que el siguiente paso podría ser el de un nuevo recorte, con el agravamiento de nuestra capacidad de financiación exterior. Las razones que aportó la agencia en marzo pasado quedaron bastante claras: la economía no va a crecer lo suficiente en los próximos años, el Gobierno no es creíble cuando fija objetivos de déficit más moderados y, por último, el descontrol de los presupuestos de las Autonomías es un serio impedimento para que España cumpla con los compromisos de reducción del déficit público general.

Existe la percepción ya bastante clara de que el control financiero del sector público, tanto del Estado como sobre todo de las Autonomías, se les ha ido de las manos a los dos grandes partidos, que se reparten la gran mayoría de la responsabilidad de gestionar el dinero público en España. La principal responsabilidad corre a cargo del Gobierno, que se ocupa del dinero del país en conjunto, y la del segundo escalón es compartida, tanto por los dos grandes partidos políticos (con mayor peso del PP tras las últimas elecciones) como por algunos otros de ámbito regional.

Lo que más preocupa en el mundo financiero exterior es el hecho de que el Gobierno no cuenta con instrumentos adecuados para enderezar las cifras de las entidades autonómicas. La existencia de un elevado número de focos con autonomía fiscal más o menos amplia está poniendo contra las cuerdas la credibilidad financiera y presupuestaria del país. Es, por lo tanto, urgente restaurar la confianza de los inversores en la disciplina presupuestaria y fiscal española, algo que en estos momentos se está poniendo cada vez más en entredicho.

El deterioro de la imagen de solvencia española es lo que está impidiendo en estas últimas semanas la mejora de la prima de riesgo, es decir, el diferencial de tipos a largo plazo entre España y Alemania. Este diferencial no acaba de flexionar a la baja, por mucho que algunos organismos internacionales, como el Banco Internacional de Pagos de Basilea, hayan declarado que España no forma parte del grupo de países con dificultades insalvables para devolver la deuda, tanto pública como privada. El mantenimiento de un diferencial elevado constituye un castigo para la financiación del Estado español, de las Autonomías y de las empresas, castigo que se manifiesta por la doble vía de racionamiento del crédito exterior a la economía española y del coste más elevado en el que incurrimos a la hora de pedir financiación (pública y privada) a medida que el diferencial de tipos de interés se ensancha.

Uno de los riesgos a los que se enfrenta en estos momentos la economía es el empeoramiento de la calificación de la deuda española, que ya se encuentra sometida a severa observación desde hace unos pocos meses de cara a un eventual recorte de la nota de calidad, es decir, de la perspectiva, que puede derivar desde su estado actual de “negativa” a una rebaja de un nuevo escalón en la tabla de valores de esta entidad de medición de riesgos. El acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas es más urgente que nunca en este asunto. Se está convirtiendo en la única vía de aportación de credibilidad, sobre todo cuando hemos visto el fracaso de una reforma considerada tan importante como la del mercado laboral.