La solvencia española, otra vez en crisis

Una de las menos deseables consecuencias de la reciente contienda electoral, en la que los socialistas han perdido el Gobierno de algunas Autonomías que ha pasado a manos del PP, es el rocambolesco espectáculo de las cuentas públicas de los entes autonómicos, que justamente hace pocas fechas habían presentado sus cuentas, por lo general cargadas  en exceso de  déficit. La proximidad de las elecciones  autonómicas y locales provocó en  los tres  primeros meses del año un aumento excesivo del gasto público que ha incrementado el déficit autonómico hasta agotar en los tres primeros meses del ejercicio prácticamente la mitad (más en algunos casos) del previsto para el conjunto del año. Dicho de otra forma,  en  los entes en los que ha cambiado el color del partido gobernante, los nuevos  van a encontrarse con la desagradable sorpresa de que en algunos casos las arcas  estarán casi vacías mientras su  futura capacidad de maniobra en el terreno presupuestario se encuentra seriamente dañada. No hay que ser  un lince para  entender que esta exposición general de trapos sucios forma parte de una táctica política, ya que en todo este  terreno de las finanzas públicas  casi nadie parece en condiciones de mostrar un expediente impecable, libre de culpas y de chapuzas o excesos.

Los dos grandes partidos se han enzarzado en disputas poco edificantes para  sacar a relucir el desgobierno que según  algunos se está produciendo en algunas Comunidades Autónomas y el enorme déficit oculto que puede aflorar en las próximas semanas o meses, una vez la administración económica haya cambiado de manos de forma efectiva. El PP está siendo el más beligerante ya que la victoria le ha sonreído y son mucho más numerosos los casos de autonomías y ayuntamientos que se han vestido con sus colores que a la inversa.  El PP ya ha anunciado la puesta en marcha de auditorías de las nuevas  entidades en las que accede al poder, un propósito que no cuenta con demasiada credibilidad desde el momento en que  este partido no  ha explicado quiénes van a llevar a cabo tales auditorías (es de esperar que se designen a empresa o personas independientes y con  demostrada capacidad profesional) ni en qué condiciones de van a llevar a cabo las mismas.

Lo que está sucediendo estos días en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en donde se ha producido el cambio de partido gobernante a favor del PP, y en algunos ayuntamientos, como el de Sevilla, no puede sino provocar una reacción de justa indignación entre los ciudadanos y votantes. Tanto si las acusaciones que se esgrimen son ciertas como si no lo son.  De momento,  y al margen de los resultados, que tardarán previsiblemente algunos meses en llegar, la imagen exterior de España está quedando por los suelos.

El país está dando la razón a quienes en las últimas semanas habían alertado de la escasa credibilidad de las cifras  financieras del sector público español, lo que nos puede situar en una peligrosa dinámica de desconfianza e incertidumbre financiera. Hay que recordar que  la caída en picado de Grecia como país merecedor de la confianza de los mercados y de las instituciones europeas comenzó precisamente cuando salieron a la luz  los engaños y deficiencias de su contabilidad pública. Es de esperar que nuestro caso sea diametralmente diferente, pero de momento estamos utilizando la lucha partidaria para pudrir la imagen financiera del país en los mercados internacionales.

En todo caso, el fervor con el que algunos se han puesto a limpiar balances y cuentas públicas es desde luego necesario en una democracia. Pero los excesos de celo y la manipulación partidista de las cifras pueden conducir a daños mayores graves a nivel de  todo el país.  Bueno sería que el Tribunal de Cuentas,  organismo público integrado por profesionales competentes, pudiera erigirse en la autoridad indiscutible para verificar la veracidad de las cifras y emitir los correspondientes informes de calidad. Las auditorías públicas serían posiblemente más creíbles,  menos escandalosas políticamente y menos perniciosas financieramente hablando. Si tenemos instituciones, ¿ por qué no utilizarlas para lo que fueron creadas?