Cajas en manos del Estado

El Estado va a aparecer este martes con una buena porción del sistema financiero en sus manos. Las cajas de ahorros que opten por tira la toalla y renunciar a salir al mercado en busca de capitales que se comprometan a invertir en proyectos empresariales más o menos atractivos, serán mayoría. Este lunes, los ocho grandes grupos de cajas presentaban en el Banco de España sus propuestas, que serán o no validadas por el supervisor. Al final, el instrumento del Estado para apoyar al sector, el FROB, acabará poniendo entre 5.000 y 14.000 millones de euros para contribuir a estabilizar, se supone que de una vez por todas, al sector financiero, en particular a las cajas de ahorros.

La aportación de ese dinero debería equivaler a una proporcional cuota de poder en el futuro sector de las cajas. Pero, ¿hay ganas en el sector público de convertirse en banquero, aunque sea de una porción no muy grande del sistema bancario español, que por otra parte es el menos rentable? Los últimos movimientos del Gobierno en este sentido han sido sistemáticamente negativos, ya que el Estado podría haberse hecho cargo de alguna de las dos cajas de ahorros que entraron en situación de crisis irreversible (la caja CCM, de Castilla La Mancha, y Caja Sur, la de la Iglesia), pero ambas han sido redirigidas hacia el propio sector, una hacia Caja Astur y la otra hacia la BBK, con la suposición – posiblemente acertada – de que los gestores profesionales de las dos cajas compradores eran el mejor instrumento de saneamiento de las cajas en crisis.

Pero ahora el problema es de mayor dimensión y no se trata sólo de afrontar problemas de cajas en crisis, sino de cajas de ahorros con insuficiencia de capital, que no es lo mismo. El Gobierno ha establecido un listón mínimo (el 8% de capital sobre balance ó el 10%, según los casos) por encima del cual debe posicionarse todo el mundo, con apoyo de capital privado o, allí donde no sea posible, con inyección de fondos públicos. El Estado, por lo tanto, se convierte desde hoy mismo en el garante de la solvencia y la existencia de una serie de entidades, cuyo número e identidad se conocerá en breve.

No existe, en principio, ningún proyecto de unir a todas estas entidades en una sola y unificar la gestión bajo criterios profesionales. Ya que se va a poner dinero público en cada una de ellas, a lo mejor una fórmula válida sería fusionarlas y meter el dinero en una sola entidad para crear una caja única, con presencia asegurada en toda la geografía española y dependencia parcial y temporal del Estado, hasta que la nueva entidad así diseñada sea capaz de obtener recursos por sí sola y convertirse en una entidad sana y rentable.

La búsqueda de recursos o de inversores que quieran compartir un proyecto de esta naturaleza podría ser más sencilla creando una única sociedad en vez de mantener la actual dispersión de varias cajas maltrechas, de porvenir incierto, a las que pocos inversores van a prestar dinero en las presentes circunstancias. Una única entidad con la garantía del control público podría mejorar de forma sensible sus posibilidades de encontrar apoyo y financiación en el mercado, entre otras cosas porque una de las debilidades de las cajas que ahora van a entrar en el mecanismo del FROB es precisamente su tamaño y su carácter local o regional, además – como es lógico suponer – de la indeseada injerencia de los poderes políticos regionales en la gestión, asunto que espanta literalmente a cualquier inversor profesional con ganas de participar en la aventura. Una solución unitaria tiene posiblemente muchas ventajas, pero cuenta con un serio inconveniente, quizás insuperable: la superación de los intereses regionales autonómicos, cuyo veto a una operación de este tipo sería prácticamente segura. Claro que los poderes autonómicos carecen del dinero necesario para sanear las entidades que están bajo su “tutela”. Entonces, ¿no se podría utilizar este argumento para afrontar una operación de este tipo, quizás la más racional desde un punto de vista financiero?