A la caza de los 20.000 millones

Con 20.000 millones de euros, el problema de las cajas de ahorros quedará resuelto. Lo ha confirmado este lunes el máximo responsable del Banco de España, Fernández Ordóñez, y hay que suponer que después de tantas semanas analizando balances y dando a conocer a la luz pública los pormenores de los balances y de los riesgos asumidos, en especial en el sector inmobiliario, la cifra no estará muy alejada de la realidad. Es la cifra que queda por añadir al edificio financiero, para evitar que se resquebraje y ponga en dificultades al conjunto del sector financiero español. La enunciación de la cifra es, no obstante, sólo una parte de la solución. Ahora habrá que ver quién pone los 20.000 millones de euros y qué garantías va a exigir el Banco de España a los inversores que aporten este dinero en términos de permanencia y de compromiso a largo plazo.

Hay que reconocer que el ejercicio de transparencia que acaban de realizar las cajas de ahorros españolas no tiene precedentes en la banca mundial, sobre todo cuando lo comparamos con otros sistemas vecinos. Sirva de ejemplo, en cuestiones de transparencia, que los bancos británicos no ofrecen resultados más que semestrales y que hace poco la normativa del país ha cambiado para que las presentaciones y el ofrecimiento al mercado de los datos principales de la cuenta de resultados de cada banco se publiquen trimestralmente, algo que en España se viene haciendo desde tiempo inmemorial.

El sector financiero español se ha colocado claramente por delante de los sistemas bancarios occidentales en cuanto a transparencia de sus balances y sobre las características de la cartera crediticia. No se conoce ningún ejercicio de semejante intensidad en los sistemas bancarios que nos rodean. Por ello, empieza a tener cada vez menos sentido esa especulación tan extendida, sobre todo en medios financieros internacionales y entre los bancos de inversión, que tomaba a las cajas como rehenes de sus riesgos inmobiliarios, denunciando los presuntos rasgos de insolvencia que se escondían tras las cifras de los balances públicos. Ahora ya se conoce la realidad y posiblemente no hay que hacer muchos ejercicios de credulidad para admitir que puede ser bastante creíble.

Las cifras conocidas este lunes de la recopilación que acaba de realizar el Banco de España contemplan un riesgo máximo, lo que Fernández Ordóñez califica de “potencialmente problemático”, de 100.000 millones de euros, cifra que incluye los morosos, los presuntos morosos (es decir, los que siguen pagando a trancas y barrancas pero que pueden dejar de hacerlo si la economía tarde mucho en enderezarse) y los inmuebles y solares que las entidades financieras han tenido que poner a su nombre porque los deudores de la financiación no son capaces de asumirla. Más o menos, un cuarto para cada una de las dos primeras situaciones y algo menos de la mitad para la última. Es de suponer que esta cifra es ahora mismo la máxima que pueden tener las cajas como riesgo real, aunque siempre cabe la reserva del empeoramiento futuro de los balances si la crisis económica se prolonga más allá de lo razonable. En cualquier caso, una parte de ese empeoramiento ya está prevista en el grupo de los “morosos potenciales”.

La cuantía del quebranto o del casi-quebranto no es pequeña, pero su conocimiento abre una fase de solución realista y cierra una etapa de especulación sobre el alcance real y la cuantía de los desperfectos crediticios de la actividad inmobiliaria. Los inversores que quieran asumir riesgos en el sector y aportar una parte de esos 20.000 millones de euros de capital que el sector necesita ya saben, con bastante mayor aproximación, a qué atenerse. El coste para el Estado español, en términos de dinero público, será en todo caso muy inferior al que han tenido que aportar otros sistemas bancarios desarrollados, empezando por Estados Unidos y terminando con Irlanda, con un amplio grupo de casos intermedios entre los cuales el caso español será, con diferencia, uno de los menos costosos. A la postre, el ejercicio de sinceridad de las entidades financieras, forzado por las presiones del Ministerio de Economía y del Banco de España, tendría que aliviar de forma significativa la presión sobre la presunta baja calidad de los activos españoles en los mercados internacionales.