Buscando capital desesperadamente

La tarea que se ha abierto a la mayor parte de las entidades financieras con la reforma Salgado es indudablemente la búsqueda de capital y de alianzas o, al menos, una de las dos cosas, pero que en definitiva son lo mismo. ¿Quién puede meter dinero en las cajas de ahorros? ¿De dónde puede salir el dinero para estas entidades si algunas o la mayoría de ellas desea mantener su actual nivel de independencia, aunque este aspecto tiene ribetes poco creíbles en algunos casos, dada la presencia efectiva y decisoria de políticos en sus órganos de dirección?

Los políticos, desde luego, ni han puesto un duro en las cajas ni están en condiciones de ponerlo para sacar del actual atolladero a algunas de las que tienen condiciones más difíciles de supervivencia en el nuevo escenario, más exigente, que se abre con la puesta en marcha de las nuevas exigencias de capital. Los políticos han salido por lo general de las estructuras autonómicas y de los partidos que las gobiernan. Han tenido una influencia decisiva en la configuración de la mayor parte de las operaciones de fusión que se han llevado a cabo y, sobre todo, en el fracaso de las que no se han podido realizar y que hubieran tenido bastante más lógica empresarial y financiera. La estrecha relación entre autoridades políticas-autonómicas y cajas de ahorros es una de las lacras más pesadas a las que se han enfrentado las cajas de ahorros en estos últimos años ya que tal alta dependencia no les ha supuesto a las cajas ventajas sustanciales en lo que atañe a su negocio y sí, en cambio, muchos condicionamientos a la hora de desarrollar su política crediticia.

Lo importante es ver qué vías existen para que las cajas puedan financiarse a largo plazo mediante captación de capital de riesgo, es decir, de algo parecido a acciones y participaciones de capital si muchas de ellas optan por el modelo de banco privado y deciden salir a cotizar a los mercados, como podría ser el caso. Se ha dicho en estos dos últimos días que el plazo determinado por la nueva normativa para hacer frente a estas exigencias de captación de capital es demasiado largo, ya que se prolonga hasta el mes de septiembre.

Puede que sea, ciertamente, un periodo demasiado largo para poner en marcha operaciones de fusión, como las que se han visto en estos últimos meses, que muy bien podrían haber estado resueltas en bastante menos tiempo, asunto en el que las autoridades autonómicas tendrían una cuota importante de responsabilidad por los impedimentos y condicionantes que han impuesto a ese proceso. Es curioso que algunos políticos autonómicos se rasguen ahora las vestiduras por el hecho de que las nuevas disposiciones legales pueden desembocar en la nacionalización de algunas entidades poco preparadas para afrontar el futuro. Se trata de lamentaciones no exentas de cinismo, ya que si alguna nacionalización ha estado soportando el sector financiero en los últimos años esa ha sido el secuestro del poder en las cajas de ahorros por parte de los entes políticos autonómicos, con la particularidad de que a la hora de la verdad, cuando han surgido las dificultades financieras, esos entes no han sido capaces de aportar los recursos financieros necesarios para resolver las crisis. En cambio, una nacionalización tendría la ventaja de que el Estado estaría detrás de las entidades en dificultades, aportando su superior garantía.

El plazo fijado hasta septiembre para resolver las insuficiencias de capital puede resultar, en todo caso, algo escaso, habida cuenta de que captar inversores nuevos requiere unos mecanismos y unos plazos de decisión mucho más complejos y dilatados que los propios de una fusión, en la que todos los poderes reales están de acuerdo. Salir al mercado de capitales en busca no ya de crédito a largo plazo sino de capital de riesgo es una tarea difícil y que pocas cajas podrán afrontar con resultados positivos. Esa es quizás una de las deficiencias de la nueva normativa. Si el problema a resolver es urgente, los medios para conseguirlo no pueden ser de la naturaleza que demanda la premura de la búsqueda de capital. Las cajas que necesitan dinero en forma de capitales propias son suficientemente desconocidas y, además, carecen de los incentivos suficientes como para atraer capital externo. Es, en suma, una tarea que se presenta casi imposible. A no ser que en ella entren entidades financieras privadas, bien españolas, bien foráneas. Podría ser la solución en algunos casos.