El acelerón financiero

El prometido “acelerón” de la reforma financiera va a exigir apenas 20.000 millones de euros al sistema financiero español. Parece que no es mucho dinero, pero dados los plazos en los que se van a mover las nuevas exigencias, a algunos les va a resultar demasiado dinero para tan poco recorrido temporal. El Gobierno ha situado el cumplimiento del 8% de capital básico para este mismo año, lo que significa que las exigencias de los reguladores internacionales, el llamado Basilea III, se adelantan en más de un año.

Si el sector financiero español está en condiciones de cumplirlo, es un buen golpe de efecto, ya que sitúa a los bancos y cajas españoles en una posición comparativa bastante mejor que la mayoría del sector financiero en Europa. Pero el logro de este requisito va a ser muy desigual. Para algunos bancos, alcanzar el 8% no les va a resultar difícil. Bastantes ya lo cumplen. Y los que no lo cumplen tendrán que echar cuentas, ajustando dividendos (naturalmente, a la baja) o recortando de forma variable las dotaciones a las tareas de la obra social, en el caso de las cajas. La capitalización a ultranza, tal y como exigen las actuales circunstancias del mercado financiero, pondrá a bastantes cajas de ahorros en la tesitura de convertirse inevitablemente en bancos para salir a pedir financiación de los mercados, lo que no va a resultar sencillo.

Como los que no alcancen esos objetivos tendrán que recibir dinero público, y la consiguiente intervención oficial, el riesgo de este golpe de efecto es que a finales de año una parte sustancial del sector financiero español, previsiblemente un tercio de las cajas de ahorros y un porcentaje también significativo de los bancos, pase a ser empresa pública en el amplio sentido de la palabra. El caso irlandés, tan evocado por algunos analistas en los últimos meses, no parece que vaya a tener paralelismo en España, ya que en Irlanda el problema financiero básico estaba en los grandes bancos, mientras que en España las grandes entidades, en concreto las bancarias, están no sólo bien capitalizadas sino en condiciones de cumplir requisitos de forma inmediata, al faltarles sólo una pequeña porción de recursos para entrar dentro de ese cupo de capital mínimo del 8%.

El drástico anuncio realizado por la vicepresidenta del Gobierno debería servir para tranquilizar por un periodo de tiempo algo más dilatado a los inversores y expertos, que tan críticos se vienen mostrando últimamente con la estrategia oficial de tratamiento del sector financiero. Pero los mercados están en estos momentos más atentos a la publicación de las cifras de riesgos inmobiliarios y crediticios que el sector debe realizar en las próximas semanas. Es de esas presentaciones de las que se podrán extraer conclusiones algo más atinadas sobre el estado real del sector financiero español y sobre el alcance de los percances crediticios que ha causado el sector inmobiliario en los balances de bancos y cajas.

También hay otra cita antes del verano, la de las pruebas de estrés, ya realizadas a los bancos europeos hace un año pero que resultaron ser un fracaso, del que muchos recuerdan lo sucedido con la banca irlandesa, que salió indemne de aquellas pruebas de resistencia poco antes de que sus principales bancos se declararan en estado de insolvencia. Las pruebas de entonces estaban mal diseñadas y fueron muchos los que pasaron sin problemas los filtros. Se supone que las nuevas pruebas de resistencia, que tratarán de medir la capacidad financiera de cada entidad ante los supuestos de empeoramiento de la economía, estén montadas con una arquitectura financiera más acorde con lo que se necesita, es decir, determinar qué bancos no resistirían un escenario económico peor que el actual y qué necesitaría para evitar caer en la insolvencia si esas circunstancias se producen.