El Pacto de Toledo echa balones fuera

El Gobierno ha tropezado frontalmente con la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. Un choque tan severo no se esperaba. Los representantes de los partidos políticos presentes en esta Comisión no han admitido disciplina de partido a la hora de decirle al Gobierno que no es necesario el alargamiento de la edad de jubilación, tema central de la reforma del sistema de pensiones. Un asunto de capital importancia para la buena imagen de España en el exterior, ya que se tiene por imprescindible la ampliación de la vida laboral de los españoles, aunque sea en tan solo dos años, para garantizar la supervivencia y la autofinanciación del sistema a largo plazo.

Se supone que la cuarentena de integrantes de este órgano consultivo sabe el terreno que pisan, que sus análisis obedecen a conclusiones largamente meditadas y rigurosamente desmenuzadas. Este mismo miércoles, unos datos dados a conocer por El País procedentes del organismo público responsable de la gestión de las pensiones, la Seguridad Social, señalaba que son muchos los españoles que en estos momentos se están jubilando con suficientes años de cotización a sus espaldas como para librarse de la hipotética jubilación a los 67 años.

Pero esa situación posiblemente es transitoria, ya que en la actualidad están llegando a la edad de jubilación unas generaciones de españoles que comenzaron a trabajar muy temprano y que acumulan, por lo tanto, muchos años de cotización, lo que significa que la prolongación de la vida laboral hasta los 67 años afectaría a bastante menos gente de la que podría esperarse. Hay países en los que el listón de años cotizados para acogerse a una jubilación lo más temprana posible se sitúa incluso por encima de los 40 años. En España, el Gobierno estaba pensando en los 36 años de cotización. Los que no lleguen a ese plazo se verían afectados por el alargamiento de la edad de la jubilación. Tal y como ha sido la vida laboral en los españoles de los últimos tiempos, de 20 años para acá, incluso de 30 años hasta hoy, las posibilidades de generar derechos de jubilación en la edad hasta ahora normal (es decir, sin caer en el supuesto de alargamiento hasta los 67 años o incluso más) son bastante escasas ya que los españoles de las más recientes generaciones se incorporan a la vida laboral más tarde, ya que su fase de estudios se ha dilatado bastante más tiempo. Si el listón se establece en los 40 años de exigencia de cotización, posiblemente muchos ciudadanos tendrían que estar hasta los 67 años o más trabajando para generar los derechos propios de una pensión plena.

En todo caso, parece existir algún margen para negociar entre los partidos políticos y posiblemente con los mismos sindicatos, aunque el tiempo para un acuerdo es bastante pequeño. Si el debate sobre las resoluciones de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo aprobadas este miércoles se celebra en el Congreso el día 25 de enero, el Gobierno ya ha anunciado que el 28 sacará sus disposiciones, con o sin acuerdo. Graduar los plazos de entrada en vigor del alargamiento de la edad de jubilación es posiblemente la única salida esperable. Las demás recomendaciones de la Comisión tampoco han contribuido mucho a facilitarle la labor al Gobierno, ya que será este el que deba decidir finalmente el periodo durante el cual se computa la pensión (los 15 años actuales serán elevados con toda seguridad, lo que perjudicará a la mayoría de los españoles) y algunas otras cuestiones como la valoración de la pensión para las madres a las que se les aplicarán coeficientes diferenciados según el número de hijos. En suma, muchas “patatas calientes” para el Gobierno en unas cuestiones de crucial importancia, que la Comisión no ha logrado resolver a pesar de los largos meses que se ha tomado para elaborar su informe. En el mejor de los casos se podría decir que no se han ganado el jornal, a la vista de los decepcionantes resultados.

Otro asunto es el impacto que las decisiones finales pueda tener en los mercados y en la valoración que hacen los analistas de todo el mundo, lo que podría tener graves consecuencias para nuestro endeudamiento exterior. Existe la creencia de que el sistema español de protección social y en concreto lo que atañe al sistema público de pensiones es bastante generoso y, sobre todo, inviable a largo plazo, dada la evolución hacia el envejecimiento de la población. Despejar la viabilidad del sistema a largo plazo es, por lo tanto, una exigencia, en cierto modo lógica, de cualquier inversor que analice la conveniencia de invertir en España y en deuda pública emitida por el Estado español. Si no somos capaces de demostrar que estamos gestionando un Estado viable a largo plazo, difícilmente van a confiar en nuestras emisiones de deuda pública los inversores internacionales. Esto deberían también tenerlo en cuenta quienes deciden las grandes opciones en juego a la hora de mejorar las garantías de viabilidad del sistema.