Las cuentas autonómicas, en vísperas electorales

En la próxima primavera, los electores españoles hemos de pasar por las urnas para al menos dos tareas importantes relacionadas con el ejercicio del voto en las esperadas elecciones municipales y autonómicas. La primera, que se ha presentado de forma un tanto sorpresiva, la de dictaminar en lo que ya muchos consideran como un auténtico juicio político anticipado de Zapatero, ya que es de suponer que una gran parte de las intenciones de voto de los ciudadanos se incline por una u otra opción según el grado de relación de los aspirantes con la política gubernamental. Votar a los correligionarios del Gobierno actual puede resultar molesto e inapropiado para varios cientos de miles de ciudadanos en paro o que estén padeciendo la crisis económica en mayor o menor medida.

Pero la votación tiene esta vez un segundo factor decisivo y bastante novedoso con relación al pasado. Se trata, en efecto, del juicio que les merece a los ciudadanos la gestión económica de alcaldes y dirigentes autonómicos. Esta vez, la mirada severa y analítica de los expertos internacionales se ha posado de forma inquisitiva sobre las cifras de esa vertiente del déficit público español que suele ser zona de sombras, incluso para las autoridades españolas.

Con el argumento exculpatorio de la bondad de la descentralización, que sigue siendo buena incluso si se ha abusado de ella, muchos alcaldes y dirigenets autonómicos han multiplicado sus actitudes populistas, primero mediante prácticas abusivas, más tarde mediante el empleo de mecanismos de arquitectura financiera realmente complejos y por lo general contrarios al sentido común, a la prudencia fiunanciera y rayando muchas veces la legalidad vigente. Algunas de estas anomalías de exceso contable podrían ser calificadas de auténtico fraude de ley, ya que se están realizando mediante instrumentos que enmascaran la realidad de las cifras y a través de entidades que en ningún momento han sido pensadas para llevar a cabo las extralimitaciones de unos y otros. Es el caso, por ejemplo, de numerosas empresas públicas y entes oficiales que han proliferado como las setas por todas partes, cuya denominación alude generalmente a cuestiones exotéricas pero que en la realidad no son más que ingeniosas tapaderas para esconder unos cuantos cientos de millones de gasto y un déficit adicional que merecería la reprimenda de las autoridades del escalón superior.

En suma, ese ejercicio habitual de tirar la casa por la ventana en vísperas electorales para lograr atraer las simpatías y la adhesión de los votantes en los meses inmediatamente anteriores al paso por las urnas no parece que pueda llevarse a la práctica esta vez con la misma impunidad que en el pasado. Para cuando los españoles tengamos que pasar por las urnas para votar a los nuevos alcaldes y presidenets autonòmicos, conoceremos ya los resultados de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del año, ese periodo que en la reciente revisión pública del déficit autronómico se quedó fuera del foco porque estaba lógicamente pendiente de cerrarse.

Dada su condición de trimestre de cierre, es de temer que algunas de las anomalías y posiblemente todos los excesos de este difícil año aparezcan todos juntos en ese tramo de tiempo y que el resultado sea todo menos tranquilizador. Las autoridades de Economía y Hacienda, con la vicepresidenta Salgado a la cabeza, respiraron con alivio hace pocas fechas cuanto constataron lo razonables de las cifras de déficit autonómico contabilizadas hasta finales del mes de septiembre. Pero ha sido en todo caso una sensación provisional, conscientes de que la verdad está por llegar y se conocerá antes del paso por las urnas.