Si el resultado de la huelga general se podría haber utilizado en algún momento como una consulta alternativa a la del Congreso para validar la reforma laboral del Gobierno, está claro que esta reforma ha logrado mayor éxito en el Parlamento que en la calle. Ni las más optimistas, y posiblemente exageradas, estimaciones de seguimiento de la huelga general alcanzan esa mayoría que en el Congreso de los Diputados sirvió para sacar adelante la mencionada ley. El pulso, que nunca debieron plantear en estos términos los sindicatos, lo han perdido de forma inequívoca Méndez y Toxo. Y lo han perdido incluso con un Gobierno a favor.

Un Gobierno que no deseaba en modo alguno un fracaso de sus terminales sindicales, que han dejado clamorosamente de ser correa de transmisión como lo han sido históricamente. Tampoco el Gobierno deseaba, como es lógico, la victoria de la huelga general, pero ha quedado patente el notable esfuerzo conciliador que hasta el último momento han mostrado desde el Gobierno hacia las posiciones sindicales y el apoyo, nada pasivo sino en algunos momentos bien activo, al desarrollo de la propia huelga general, en ocasiones mirando para otro lado y facilitando datos sobre el resultado de la huelga que en todo momento han buscado no herir ni humillar a los dirigentes que han puesto en marcha esta desafortunada huelga.

Para su desgracia, están muy lejos de haberse arropado con la legitimidad y los avales suficientes como para ir a Moncloa a pedir un cambio radical en la política económica. Por ambigua y desnortada que esta política aparezca, es indudable que la calle, con los sindicatos dirigiendo la marcha, confía más en el Gobierno y en el Congreso que en las dos grandes organizaciones sindicales. Es posiblemente la primera vez que esto sucede en la pequeña historia de las huelgas generales habidas en la democracia, que ya son más de la cuenta. Si algo decide cambiar el Gobierno en línea con las demandas sindicales de estas últimas horas será expresión de su generosidad, posiblemente incomprensible para el resto de los mortales, ya que las reformas que está impulsando el Gobierno van en la buena dirección, no sólo en la que exigen los mercados y los organismos internacionales y la Unión Europea, sino sencillamente el sentido común y el rigor económico más elemental.

Esta huelga general del 29-S ha sido posiblemente la peor planteada y desde luego la que ha cosechado resultados menos convincentes. Con el resultado en la mano, los dirigentes sindicales no pueden acudir a ninguna función con ínfulas de victoria y con capacidad suficiente para imponer sus puntos de vista. Es posiblemente exagerado hablar de rotundo fracaso, pero desde luego se queda muy lejos de lo que habían soñado sus principales promotores. Con la fuerza obtenida este miércoles en la calle, los líderes sindicales están en estos momentos bastante peor equipados para hacer valer sus ideas y sus aspiraciones que hace tres meses, cuando pergeñaron esta demostración de fuerza, convertida ahora en una muestra patente de su debilidad y posiblemente en el inicio de su decadencia como organizaciones con peso y ascendiente entre los ciudadanos. Por entonces cabía el beneficio de la duda. Esa duda ha quedado razonablemente despejada este miércoles.

Méndez y Toxo posiblemente tendrán que responder ante la pequeña historia de sus respectivas organizaciones de la calamitosa posición, en lo tocante a influencia, en la que han dejado a UGT y a Comisiones Obreras. En pura lógica, este fracaso debería pasarles factura. Pero en este país, ya se sabe, no dimite nadie.