Las horas bajas de las eléctricas

Si hay alguna actividad económica y empresarial que en estos momentos esté sometida a mayores grados de incertidumbre e inseguridad de su marco legal es la de generación y distribución de electricidad. Lo sucedido en los últimos años con la actividad de este sector es una suma de torpezas, que en los últimos meses se han agravado hasta el punto de que el anuncio de un pacto energético entre los dos grandes partidos políticos españoles debería haber sido un espaldarazo de confianza al futuro del sector. Nada más lejos.

El pomposo, aunque de momento vacío, acuerdo entre el ministro Sebastián y la cabeza pensante del PP en cuestiones económicas, Cristóbal Montoro, anunciando un arreglo pactado para el sector energético del país, ha causado auténtico pavor en el sector y una desbandada manifiesta entre los inversores. No hay más que ver la reacción de las cotizaciones de las empresas energéticas españolas en Bolsa desde el anuncio del pacto, a mitad de la semana pasada, para constatar el crédito que les merece a los expertos y a los analistas el posible arreglo del caos en el que se encuentra sumido este importante sector de la economía española.

Para empezar, el propio anuncio de ese pacto ha llegado acompañado por una decisión, la de suspender la subida de tarifas eléctricas, ya prevista para este mes de julio, lo que ha terminado por desmontar el escaso crédito que tenían el sector en conjunto, las empresas en particular y sobre todo las autoridades energéticas. La próxima cita para una eventual revisión de tarifas, si nadie lo remedia, será en diciembre. Y el denominado déficit de tarifa (que está aumentando por encima de los 4.500 millones de euros cada año, cantidad que sale de la diferencia entre lo que ingresan las compañías por vender electricidad y lo que gastan por producirla) ronda los 14.000 millones de euros, con proyecciones alarmantes para los próximos años.

Con estas cifras en la mano, el primer paso consistiría en frenar la sangría, restaurando un equilibrio entre costes y tarifas. El segundo, recuperar los 18.000 millones o más que el sistema arrastrará a finales de este año, ya que no hay ninguna previsión de que las tarifas sean revisadas al alza antes de que acabe el año. Para mayor desgracia, la financiación del déficit tarifario (necesidad que reclaman las empresas para borrar la deuda de sus balances) no está siendo posible en las presentes circunstancias por la conocida dificultad de que las empresas españolas, incluso con aval del Estado, consigan financiación en los mercados internacionales.

Todo este desaguisado, que se yuxtapone con el de momento fracasado sistema de financiación de las energías renovables, es el que en teoría se han comprometido a resolver Sebastián y Montoro en las conversaciones a punto de iniciarse y cuyo plazo de acuerdo no está en el calendario. Las razones por las que el Partido Popular, reacio a cualquier tipo de componenda con el Gobierno Zapatero, se ha avenido a negociar un pacto parcial para el sector energético, cuando rechaza sistemáticamente otros en ámbitos no menos importantes (la reforma laboral, sin ir más lejos), son un misterio. Se podría decir que el estado actual del sector eléctrico es el resultado de unas políticas que se iniciaron realmente bajo el mandato del PP. Pero cabe dudar que el partido de la oposición se haya avenido a negociar con el Gobierno en virtud de tan beatífica reflexión como la de asumir responsabilidades colectivas por errores iniciados en la etapa de Gobierno anterior a Zapatero.

En todo caso, algo tendrán que hacer y pronto los responsables del sector energético ya que, entre otras cosas, las eléctricas se han convertido en un cliente potencialmente moroso para el sector bancario y eso es justamente una de las cosas que el Gobierno no estaría dispuesto en estos momentos a consentir, es decir, que se ponga en duda la solvencia del sector financiero español, ya bastante infectado con la crisis inmobiliaria.