Estulticias del “proceso”

Roger Torrent

El New York Times de este martes trae en sus páginas de opinión un largo artículo de Michal J Socolow titulado “El esparcimiento de ideas bobas”. El autor comenta, y da antídotos, que alguna gente inteligente está ayudando a difundir ideas estúpidas. No tengo información sobre la cultura del señor Torrent pero su frase de que ningún juez del mundo, repito del mundo, está facultado para enjuiciar al Presidente de Cataluña (expresidente, digo yo), merece figurar en la antología mundial del disparate. Resulta que si el presidente catalán se salta la ley a la torera, delinque según la Ley del Estado -un estado democrático- no puede ser llevado ante ningún juez de todo el planeta y menos ante un casposo togado español. Es igual que robe, mate, se exhiba ante un colegio infantil o de un golpe de estado. Una persona que han votado los catalanes no puede ser encausado. La soberanía de Cataluña, ese bien supremo, lo impide.

El bueno de Torrent no parece saber que Nixon, presidente de un país soberano y con un bagaje político personal un pelín más rico que el de Puigdemont, se vio obligado a dimitir porque la acción de un juez lo iba a llevar a la inhabilitación. Lula ha sido apartado de la política del gigante brasileño por la actuación de la Ley, el Presidente de Perú dimitió esta misma semana porque el aliento de los tribunales le quemaba ya el cogote y Sarkozy ha sido citado por el juez para dilucidar si había aceptado dinero electoral del impresentable Gadafi. El americano Trump tiene problemas judiciales que pueden llevar a un improbable pero no descartable impeachment o inhabilitación. Todos ciudadanos, personas elegidas, de países democráticos. Sin embargo, Puigdemont, sujeto de una grave acusación que habrá que probar, pero tipificada en el código penal de un país democrático, cuyos órganos competentes le habían advertido de las consecuencias de su osada conducta, no puede ser encausado por un juez de su país, en el que reina el Estado de derecho.

Y esta es la segunda machada que aparece en algún medio de información extranjero, entre ellos, el otrora sesudo Time de Londres. Para él, y algunos catedráticos escoceses que acogen a la consejera catalana fugada, el Gobierno español parece un ente autoritario que no tiene muchas contemplaciones con la norma y carece de una política razonable y de mano izquierda en el tema catalán. Algo, según esos comentaristas, huele a franquista en el reino de España, algún escocés afirma que la consejera recibiría aquí un trato “degradante e inhumano“ (?). Estos puristas extranjeros que gustan de encontrar una España atípica y singular, en el sentido peyorativo del término, olvidan varias cosas. La primera que España, en relación a otros países democráticos europeos, por ejemplo Francia, que anda mucho más atrás, tiene un balance más que aceptable en el Tribunal de Derechos humanos europeos.

De otra, y esto es lo indignante, resulta que si un político, digamos británico, cometiese alguno de los actos que se imputan a Puigdemont, sedición, rebelión, utilización ilegal de fondos públicos... sería denostado por esa prensa tiquismiquis de ahora, y aplaudirían sin vacilación si cayese sobre el quebrantador legal todo el peso de la justicia. En respeto de la leyes, Spain is not different aunque los generosos lobbies de la Generalidad hayan esparcido la bobada contraria.

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