Dudas sobre castigos a los criminales de guerra

Un Jefe de estado ha sido por fin condenado por  ser cómplice en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Se trata del antiguo Presidente liberiano Charles Taylor  y la condena ha sido por la ayuda que prestó a los rebeldes del país vecino Sierra Leona autores de numerosas atrocidades en una guerra por el control de los diamantes que dejó unos 50,000 muertos, miles de personas con los brazos amputados a golpes de machete e infinidad de mujeres violadas(según algunas organizaciones de derechos humanas una de cada tres mujeres o niñas fue violada).

Los defensores del derecho penal internacional están sólo relativamente satisfechos, a Taylor se le condena como cómplice, el armó durante años a los energúmenos  de Sierra Leona a cambio de diamantes, pero no como autor. Con todo, es la primera vez prácticamente desde los procesos de Nuremberg de la segunda guerra mundial, que se condena a una persona de cargo tan relevante. Es un ejemplo para otros tiranos del continente africano y del mundo.

La comunidad internacional ha creado en los últimos años una serie de tribunales especiales para tratar casos específicos de crímenes de guerra. Los de Yugoslavia (93), Ruanda (94), Sierra Leona (2002), Camboya (2006) y hace pocos años, ¡por fin!, la Onu se dotó de un Tribunal Penal Internacional con jurisdicción universal para todos los países, más de ciento veinte, que forman parte del mismo. La existencia de este Tribunal elimina la pretensión de competencia que  ciertos magistrados, por la magnitud del crimen y el horror a que quede impune, se arrogan para enjuiciar a posibles criminales de guerra. Un juez español no debe intentar procesar a criminales salvadoreños por hechos ocurridos en aquel país.

La acción de los Tribunales especiales mencionados e incluso la del reciente Tribunal Penal Internacional ha producido reticencias de diverso tipo. La primera es su lentitud, los procesos se arrastran durante años, la segunda es la de su increíble costo. A fines del año 2010 el Tribunal de la antigua Yugoslavia  que había procesado a 161 personas y sentenciado a 63 de ellas se había engullido 2,000 millones de dólares, el de Ruanda con 52 procesados había gastado 1,400 millones y el de Sierra Leona del caso Taylor varios centenares en una región completamente subdesarrollada. La tercera razón es política, en los países divididos ideológicamente, el proceso de un déspota caído puede exacerbar un conflicto y provocar mayores violaciones de los derechos humanos.La afirmación última tiene sus defensores.  Hay países que por miedo a la desestabilización, al regreso de los enfrentamientos violentos, han preferido pasar página y olvidarse del apsado.

Ahora bien, cuando los hechos son tan flagrantes y odiosos como en el caso de Taylor, es decir crímenes generalizados de guerra etc… resulta reconfortante comprobar que los monstruos no quedan impunes, que, como dice James A Goldston, “ciertos líderes poderosos se percatarán de que si cometen atrocidades para mantenerse en el poder algún día les será exigida responsabilidad por lo hecho” .