El consorte real comisionista

El tema de las conversaciones de Corinna (Villarejo-Villalonga) es lo más grave que ha sucedido desde 1975, desde que la Monarquía es la forma de Estado en España. Porque la razón de ser de las monarquías, esa institución medieval que ha llegado hasta nuestro tiempo, es que sus miembros sean ejemplares públicamente y, en la intimidad, lo parezcan.

Desgraciadamente, en España no lo son. Ni en privado ni públicamente nadie.

Hasta ahora, los escándalos se circunscribían al entorno familiar. Tanto en el de don Juan Carlos como en el de don Felipe. El Emérito con sus infidelidades matrimoniales; el Jefe del Estado, por culpa de su consorte. No es un ejemplo de nada. Cierto es que la culpa la tenga por casarse con quien quiso pero no con quien debió. ¡Menudo pasado tiene la señora! Y ya saben ustedes lo que decía el Conde de Barcelona: “el pasado siempre es presente”.

Pero lo sucedido esta semana supera todos los escándalos habidos, que han sido muchos, y por haber. Preparémonos para lo peor.

No en lo referente a la vida sentimental y sexual de Don Juan Carlos, que en este terreno los españoles son muy permisivos sino por el turbio asunto de los… dineros.

Las desvergonzadas declaraciones de Corinna afectan no solo al ex Soberano. También a Felipe como hijo, como Jefe del Estado y como jefe de la Familia Real. Aunque el Gobierno, cínicamente, haya dicho lo contrario.

Una pregunta obligada: ¿Cómo salir de esto? ¿Qué puede hacer el hijo con tal padre? ¿Desposeerle de honores, privilegios y títulos, como hizo con su hermana? ¿Sacarle de ese núcleo de Familia Real compuesto hasta ahora por Don Juan Carlos, Doña Sofía, Letizia y él mismo como Jefe, amén de las niñas Leonor y Sofía? Podría. Y poco más.
Esta situación me ha recordado lo que sucedió en Holanda, en 1976, en un tema de corrupción por un importantísimo miembro de la Familia Real de los Países Bajos. Tan importante como el príncipe Bernardo, consorte de la reina reinante Juliana.

Como tal, era nada menos que general inspector de las Fuerzas Armadas neerlandesas, un altísimo cargo que utilizó para mediar en la compra de aviones de guerra a la compañía norteamericana Lockheed, quien reveló haber entregado al marido de la Reina un millón de dólares de aquella época de comisión.

El escándalo fue de tal envergadura que, por orden del gobierno, se creó un comité de tres magistrados independientes que, después de estudiar detenidamente el caso, llegó a la conclusión de que el príncipe Bernardo se había aprovechado de su puesto como miembros de la Familia Real y del altísimo cargo dentro de las Fuerzas Armadas, para recibir una comisión por la compra de unos aviones.

El consorte real no solo fue desposeído de todos los títulos, honores y privilegios y destituido de su cargo de general de las Fuerzas Armadas sino que la Reina, avergonzada, decidió abdicar atendiendo a la petición de algunos partidos políticos. El gobierno no lo aceptó aunque el prestigio de la Monarquía quedó gravemente tocado.

Tal y como está sucediendo actualmente en España. Y no solo por las confesiones de la cortesana “amiga entrañable” de Don Juan Carlos.