Ante la subversión (III)

Mantengo mi tesis, una vez más, de que nos encontramos ante un claro proceso subversivo en Cataluña. Los argumentos que apoyan esta tesis son los que claramente he expuesto en dos artículos anteriores; y mantengo que nos encontramos en la fase preinsurrecional que la teoría subversiva contempla como la fase casi final de todo el proceso.

En estos momentos la clara determinación del Gobierno de impedir la celebración del anunciado e ilegal referéndum proclamado por el sedicioso Gobierno de la Generalitat de Cataluña, topa con las anunciadas algaradas que dicho Gobierno viene avisando desde hace tiempo. Obvia decir que cualquier disposición judicial requiere, siempre en última instancia, de la actuación coercitiva que obligue al cumplimiento de lo ordenado. Y son precisamente las fuerzas policiales, en este caso en su función de Policía Judicial, las encargadas de cumplimentar aquella.

Asistimos en estos momentos a la decidida actuación de la Guardia Civil, más observamos como bien nos temíamos la clara pasividad de la policía autonómica catalana, los Mossos de Escuadra.

Hoy en Cataluña, la policía autonómica asume las funciones de orden público, seguridad ciudadana y tráfico, mientras que la Guardia Civil y Policía Nacional mantienen su actuación a las tareas relativas a competencias exclusivas del Estado, como la expedición de los documentos oficiales de identidad, la inmigración o el control de fronteras entre otros.

Estas competencias se derivan de la Ley 4/2003 que el Parlamento de Cataluña aprobó y cuyo preámbulo reza en su inicio diciendo:

”Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 4/2003, de 7 de abril, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña“.

Sí, en nombre del REY, o sea del Estado. Bien está y nada habría que oponer a esta disposición si no fuera por la clara traición de los que la promulgaron.

Es muy importante tener en cuenta que conforme a la legalidad vigente es el Consejero de Interior de la Generalitat la autoridad competente para dirigir la política de seguridad del Gobierno, ordenar las actuaciones necesarias para mantener y restablecer la seguridad ciudadana y ejercer el mando superior de la Policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra, así como coordinar las policías locales de Cataluña.

En definitiva, salvo por lo que se refiere a las funciones que como Policía Judicial le corresponden, los Mossos de Escuadra se encuentran en estos momentos bajo la dirección y mando de un Gobierno claramente sedicioso. Así las cosas, ¿alguien medianamente sensato puede pensar que esta policía va a impedir acciones ilegales, que es lo que son, para impedir lo que pretenden sus mandos legales que es a quien se deben en la situación presente?

Repito que conforme a declaraciones de la dirección de los ya citados Mossos estos no dudarán en proceder a requisar las urnas, caso de haberlas, más no dejan lugar a equivoco cuando añaden que ante un tumulto posible y con el fin de evitar males mayores pospondrían el requisamiento consecuente; y es que, sí, requisar las urnas responde a un mandato judicial, pero disolver una manifestación es problema de seguridad ciudadana y, ahí , al menos en estos momentos, la orden debería proceder de la Consejería de Interior de la propia Generalitat.

Si se quiere evitar la celebración del referéndum es necesario evitar esta duplicidad de dependencia y poner a los Mossos bajo las órdenes de un único mando. Esto es evidente.

Y la solución pasa por la implantación en Cataluña de la Ley de Seguridad Nacional una normativa que faculta directamente al Presidente del Gobierno, vía real decreto, para decretar una «situación de interés para la seguridad nacional» y organizar una estructura que garantice «la defensa de España y sus principios y valores constitucionales.

Aplaudo la tardía intervención del Estado para impedir dicho referéndum ilegal más la prudencia en la aplicación de las medidas que estamos viendo es precisamente la que nos ha llevado a dónde estamos y comprendo – y comparto – el deseo del Gobierno de no propiciar víctimas, más no tengo duda de que la que sin lugar a dudas no puede ser la primera víctima es el Estado de Derecho y el orden constitucional.

La fase preinsurrecional de la que les he hablado al principio contempla a partir de ahora la alteración del orden público y las acciones selectivas de terrorismo callejero. Al tiempo; razón de más para unificar la acción policial y cortar de lleno la impensable, pero posible, radicalización de la policía autonómica catalana uniéndose a la insurrección lo que llevaría a una escalada de violencia por nadie deseada y que obligaría a la intervención del Gobierno con medios más contundentes que la acción policial.