EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: .
05 de noviembre, 2025
El presidente Bernardo Arévalo anunció que vetó el Decreto 9-2025, que reformaba la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. La decisión, tomada en Consejo de Ministros, responde a preocupaciones constitucionales y ecológicas, luego de que el Congreso aprobara la iniciativa con 83 votos el pasado 30 de septiembre.
Es noticia. El Gobierno vetó formalmente el Decreto 9-2025 tras advertir que su entrada en vigencia limitaría la obligación de presentar evaluaciones de impacto ambiental únicamente a actividades comerciales, excluyendo al sector público y otras áreas económicas.
- El Ejecutivo señaló que la norma “pone en grave riesgo al ambiente” y vulnera principios constitucionales como la igualdad, la seguridad jurídica y la preeminencia de tratados internacionales.
- El veto se fundamenta en un análisis jurídico que concluye que el decreto contradice la Constitución y debilita el marco legal ambiental.
- Arévalo reafirmó su compromiso de consolidar un sistema de licencias ambientales como herramienta efectiva de protección ecológica.
Qué destacar. La iniciativa 5698, aprobada el 30 de septiembre, introducía cambios que exoneraban a ciertas actividades consideradas de “bajo riesgo ambiental” de presentar estudios de impacto. El Gobierno había anticipado su rechazo desde finales de octubre.
- Instituciones religiosas, benéficas, servicios profesionales individuales y ventas informales quedaban fuera del régimen de evaluación ambiental.
- Las exenciones aplicaban siempre que no se generaran emisiones contaminantes ni residuos sólidos fuera de lo permitido por el servicio municipal.
- Expertos advirtieron que las cláusulas podrían abrir vacíos legales y fomentar la omisión de responsabilidades ambientales.
Sí, pero. Aunque el decreto contempla sanciones para quienes incumplan con la presentación del estudio ambiental, el Ejecutivo considera que no corrige los vacíos estructurales. Las multas van de GTQ 5000 a GTQ 100 000, y el cierre del negocio aplica si no se presenta el estudio en seis meses.
- Funcionarios que no exijan el cumplimiento también serían responsables por incumplimiento de deberes.
- El artículo 18 reformado ordena al Ejecutivo emitir reglamentos técnicos en tres meses, pero Arévalo advirtió que no subsanan las deficiencias del decreto.
- El Ministerio de Ambiente, liderado por Patricia Orantes, trabaja en la modernización del reglamento vigente desde 2016.
Lo que sigue.Con el veto oficializado, el Decreto 9-2025 regresa al Congreso, que deberá decidir si modifica la norma o insiste en su aprobación con mayoría calificada. El Ejecutivo convocó a su Gabinete para formalizar la decisión y reiteró su postura de fortalecer el marco legal ambiental.
- Las empresas tienen hasta septiembre de 2025 para regularizar sus instrumentos ambientales correctivos.
- El Gobierno reiteró que “las licencias deben ser herramientas efectivas de protección a la naturaleza”, no mecanismos de evasión legal.
- La discusión se suma a otras tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, como el caso del Decreto 7-2025, que será elevado a la Corte de Constitucionalidad.
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05 de noviembre, 2025
El presidente Bernardo Arévalo anunció que vetó el Decreto 9-2025, que reformaba la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. La decisión, tomada en Consejo de Ministros, responde a preocupaciones constitucionales y ecológicas, luego de que el Congreso aprobara la iniciativa con 83 votos el pasado 30 de septiembre.
Es noticia. El Gobierno vetó formalmente el Decreto 9-2025 tras advertir que su entrada en vigencia limitaría la obligación de presentar evaluaciones de impacto ambiental únicamente a actividades comerciales, excluyendo al sector público y otras áreas económicas.
- El Ejecutivo señaló que la norma “pone en grave riesgo al ambiente” y vulnera principios constitucionales como la igualdad, la seguridad jurídica y la preeminencia de tratados internacionales.
- El veto se fundamenta en un análisis jurídico que concluye que el decreto contradice la Constitución y debilita el marco legal ambiental.
- Arévalo reafirmó su compromiso de consolidar un sistema de licencias ambientales como herramienta efectiva de protección ecológica.
Qué destacar. La iniciativa 5698, aprobada el 30 de septiembre, introducía cambios que exoneraban a ciertas actividades consideradas de “bajo riesgo ambiental” de presentar estudios de impacto. El Gobierno había anticipado su rechazo desde finales de octubre.
- Instituciones religiosas, benéficas, servicios profesionales individuales y ventas informales quedaban fuera del régimen de evaluación ambiental.
- Las exenciones aplicaban siempre que no se generaran emisiones contaminantes ni residuos sólidos fuera de lo permitido por el servicio municipal.
- Expertos advirtieron que las cláusulas podrían abrir vacíos legales y fomentar la omisión de responsabilidades ambientales.
Sí, pero. Aunque el decreto contempla sanciones para quienes incumplan con la presentación del estudio ambiental, el Ejecutivo considera que no corrige los vacíos estructurales. Las multas van de GTQ 5000 a GTQ 100 000, y el cierre del negocio aplica si no se presenta el estudio en seis meses.
- Funcionarios que no exijan el cumplimiento también serían responsables por incumplimiento de deberes.
- El artículo 18 reformado ordena al Ejecutivo emitir reglamentos técnicos en tres meses, pero Arévalo advirtió que no subsanan las deficiencias del decreto.
- El Ministerio de Ambiente, liderado por Patricia Orantes, trabaja en la modernización del reglamento vigente desde 2016.
Lo que sigue.Con el veto oficializado, el Decreto 9-2025 regresa al Congreso, que deberá decidir si modifica la norma o insiste en su aprobación con mayoría calificada. El Ejecutivo convocó a su Gabinete para formalizar la decisión y reiteró su postura de fortalecer el marco legal ambiental.
- Las empresas tienen hasta septiembre de 2025 para regularizar sus instrumentos ambientales correctivos.
- El Gobierno reiteró que “las licencias deben ser herramientas efectivas de protección a la naturaleza”, no mecanismos de evasión legal.
- La discusión se suma a otras tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, como el caso del Decreto 7-2025, que será elevado a la Corte de Constitucionalidad.
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