Nadie quiere una cárcel cerca, pero todos exigen orden

Mientras el Gobierno de Bernardo Arévalo promete una nueva cárcel en Izabal para frenar la crisis penitenciaria, una iniciativa de ley propone que los nuevos penales se edifiquen fuera de los cascos urbanos y lejos de zonas residenciales, educativas o comerciales. Ambas iniciativas responden a un mismo dilema: cómo garantizar seguridad sin perturbar la vida de quienes viven alrededor.

Por qué importa. El sistema penitenciario vive un colapso estructural: hacinamiento, fugas y violencia. La fuga de 20 pandilleros aceleró la discusión sobre dónde y cómo deben construirse los nuevos penales.

• El diputado César Dávila (BIEN) propone reformar la Ley del Régimen Penitenciario para que las cárceles se ubiquen fuera de los cascos urbanos.
• Argumenta que “la concentración en zonas pobladas expone a la población civil”, y facilita la operación de redes criminales dentro el interior de los penales.
• La propuesta busca declarar las cárceles como infraestructura crítica del Estado, bajo criterios de defensa, seguridad nacional y gestión de riesgos.

En el radar. El presidente, Bernardo Arévalo, anunció la construcción de un nuevo penal en Izabal, que estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con capacidad para 2000 reclusos. Pero la idea podría tropezar con el rechazo social de los vecinos.

• Aún no se ha informado la ubicación exacta del proyecto en Izabal, y vecinos del área no han reaccionado públicamente; se espera que la respuesta sea menos conflictiva que la ocurrida en Masagua, Escuintla. En Escuintla, el proyecto quedó en suspenso por la oposición de vecinos que temían inseguridad y caída del valor de sus propiedades.
• Arévalo prometió “los más altos estándares de control y resguardo”, pero aún queda por ver qué medidas de mitigación para las comunidades cercanas.
• La reacción pública muestra el mismo patrón: se reclama orden, pero nadie quiere ser el vecino de una prisión.

Entre líneas. El discurso técnico a veces choca con la realidad. Aunque la seguridad es prioridad, el territorio impone límites.

• Construir cárceles demanda dinero y trabajo conjunto; en el Ejecutivo: Defensa y Gobernación, entre otras entidades. Una coordinación que sigue siendo débil.
• El Ejecutivo deberá planificar la readecuación y traslado progresivo de las cárceles ubicadas en zonas urbanas hacia áreas rurales o de seguridad controlada, garantizando un centro preventivo por departamento, uno de cumplimiento de condena por región y dos de máxima seguridad con estándares internacionales.
• El financiamiento provendrá del presupuesto general del Estado, además de cooperación internacional, donaciones y bienes incautados al crimen organizado, detalla la propuesta.

Lo que sigue. El debate recién comienza, pero ya marca el pulso entre control, territorio y legitimidad. La política penitenciaria se redefine entre la urgencia y la resistencia ciudadana.

• Si se aprueban las reformas, el Ejecutivo deberá reubicar cárceles en zonas urbanas, en un plazo progresivo, con financiamiento mixto y apoyo internacional. Mientras tanto, la cárcel de Izabal podría convertirse en el primer test político y social del gobierno en materia de seguridad.