La inseguridad en la zona 7 capitalina y el creciente desencanto de sectores que respaldaron al presidente Bernardo Arévalo reflejan una fractura entre las promesas de cambio y la realidad. Ahora, los homicidios se duplican y las extorsiones crecen, mientras las comunidades como La Bethania y los 48 Cantones exigen acciones concretas.
Por qué importa. El aumento de la violencia en ese sector revela una dinámica criminal que se reconfigura con rapidez. El debilitamiento de acuerdos entre estructuras ilegales abrió espacio a las maras que buscan apoderarse del narcomenudeo. En este contexto, la población enfrenta la inseguridad con desconfianza hacia las autoridades.
- Entre 2023 y 2025, los homicidios pasaron de 30 a 61, según el CIEN. Las zonas 3, 6 y 18 encabezan la lista de mayor incidencia violenta.
- Las bandas de sicariato y narcomenudeo desplazaron a las maras tradicionales. Además, debilitaron los acuerdos que mantenían cierta estabilidad criminal.
- La Policía Nacional Civil (PNC) sostiene que ejecuta programas comunitarios y de prevención, aunque se mantiene la percepción de abandono estatal en el territorio.
En el radar. La colonia La Bethania, en 2023, fue uno de los bastiones de apoyo a la transición de Bernardo Arévalo —bloqueando la vía pública— para asumir la presidencia en 2024. Hoy, sus vecinos aseguran que el gobierno no ha cambiado las condiciones de inseguridad ni la precariedad cotidiana.
- “Somos gente trabajadora, afectada por la delincuencia como en cualquier sector”, expresó uno de los vecinos que participó en las manifestaciones.
- Reclaman que la presencia policial solo se incrementó durante los bloqueos. No fue para combatir extorsiones ni robos.
- Fundada en 1949, La Bethania carga con el estigma de zona roja. También con la ausencia de inversión pública pese a su cercanía con la ciudad capital.
Entre líneas. El presidente Arévalo ha buscado sostener el diálogo con actores sociales y pueblos originarios, pero el descontento crece incluso entre sus aliados. Los 48 Cantones, que apoyaron su llegada al poder, ahora denuncian falta de resultados tangibles y políticas públicas sin ejecución.
- “Cien días de una primavera que aún no florece”, señalaron, hace más de un año, los dirigentes al reclamar inclusión real en decisiones nacionales.
- Denunciaron alzas en los precios de la canasta básica, la energía y la gasolina, además de la suspensión de programas agrícolas.
- Aseguran que “la deuda histórica con los pueblos mayas, garífunas y xincas” sigue sin atenderse más allá del discurso político.
Ahora qué. La combinación de violencia urbana y frustración política anticipa un escenario de descontento social. Mientras el Ejecutivo firma convenios con comunidades indígenas, los barrios urbanos reclaman seguridad y oportunidades, sin ver cambios en su entorno inmediato.
- Analistas del CIEN advierten que el repunte delictivo obedece a “una reconfiguración criminal y la débil respuesta institucional”.
- Expertos insisten en una política integral que combine prevención, educación y combate frontal al crimen organizado.
- En La Bethania y en Totonicapán, ya no solo hay frustración, sino decepción. Arévalo prometió inclusión, pero la calle exige resultados.
En conclusión. Los datos revelan que la inseguridad en la zona 7 responde a una pelea de territorio de grupos criminales. También evidencian la falta de resultados en materia de seguridad de la anterior gestión de Gobernación. Comunidades como La Bethania, antes símbolo de apoyo ciudadano, enfrentan la misma precariedad y estigmatización que denunciaban.
- Los 48 Cantones y otros actores sociales demandan que el gobierno implemente políticas efectivas que restauren seguridad y credibilidad institucional.
La inseguridad en la zona 7 capitalina y el creciente desencanto de sectores que respaldaron al presidente Bernardo Arévalo reflejan una fractura entre las promesas de cambio y la realidad. Ahora, los homicidios se duplican y las extorsiones crecen, mientras las comunidades como La Bethania y los 48 Cantones exigen acciones concretas.
Por qué importa. El aumento de la violencia en ese sector revela una dinámica criminal que se reconfigura con rapidez. El debilitamiento de acuerdos entre estructuras ilegales abrió espacio a las maras que buscan apoderarse del narcomenudeo. En este contexto, la población enfrenta la inseguridad con desconfianza hacia las autoridades.
- Entre 2023 y 2025, los homicidios pasaron de 30 a 61, según el CIEN. Las zonas 3, 6 y 18 encabezan la lista de mayor incidencia violenta.
- Las bandas de sicariato y narcomenudeo desplazaron a las maras tradicionales. Además, debilitaron los acuerdos que mantenían cierta estabilidad criminal.
- La Policía Nacional Civil (PNC) sostiene que ejecuta programas comunitarios y de prevención, aunque se mantiene la percepción de abandono estatal en el territorio.
En el radar. La colonia La Bethania, en 2023, fue uno de los bastiones de apoyo a la transición de Bernardo Arévalo —bloqueando la vía pública— para asumir la presidencia en 2024. Hoy, sus vecinos aseguran que el gobierno no ha cambiado las condiciones de inseguridad ni la precariedad cotidiana.
- “Somos gente trabajadora, afectada por la delincuencia como en cualquier sector”, expresó uno de los vecinos que participó en las manifestaciones.
- Reclaman que la presencia policial solo se incrementó durante los bloqueos. No fue para combatir extorsiones ni robos.
- Fundada en 1949, La Bethania carga con el estigma de zona roja. También con la ausencia de inversión pública pese a su cercanía con la ciudad capital.
Entre líneas. El presidente Arévalo ha buscado sostener el diálogo con actores sociales y pueblos originarios, pero el descontento crece incluso entre sus aliados. Los 48 Cantones, que apoyaron su llegada al poder, ahora denuncian falta de resultados tangibles y políticas públicas sin ejecución.
- “Cien días de una primavera que aún no florece”, señalaron, hace más de un año, los dirigentes al reclamar inclusión real en decisiones nacionales.
- Denunciaron alzas en los precios de la canasta básica, la energía y la gasolina, además de la suspensión de programas agrícolas.
- Aseguran que “la deuda histórica con los pueblos mayas, garífunas y xincas” sigue sin atenderse más allá del discurso político.
Ahora qué. La combinación de violencia urbana y frustración política anticipa un escenario de descontento social. Mientras el Ejecutivo firma convenios con comunidades indígenas, los barrios urbanos reclaman seguridad y oportunidades, sin ver cambios en su entorno inmediato.
- Analistas del CIEN advierten que el repunte delictivo obedece a “una reconfiguración criminal y la débil respuesta institucional”.
- Expertos insisten en una política integral que combine prevención, educación y combate frontal al crimen organizado.
- En La Bethania y en Totonicapán, ya no solo hay frustración, sino decepción. Arévalo prometió inclusión, pero la calle exige resultados.
En conclusión. Los datos revelan que la inseguridad en la zona 7 responde a una pelea de territorio de grupos criminales. También evidencian la falta de resultados en materia de seguridad de la anterior gestión de Gobernación. Comunidades como La Bethania, antes símbolo de apoyo ciudadano, enfrentan la misma precariedad y estigmatización que denunciaban.
- Los 48 Cantones y otros actores sociales demandan que el gobierno implemente políticas efectivas que restauren seguridad y credibilidad institucional.
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: