EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los diputados conocerán el próximo martes 12 de mayo el veto presidencial al Decreto 10-2026, que reformaba normas sobre violencia sexual y protección de menores.
Es noticia. El presidente del Congreso, Luis Contreras, confirmó que el pleno conocerá el veto presidencial al Decreto 10-2026, luego de que el Ejecutivo argumentara posibles inconstitucionalidades en las reformas aprobadas por los diputados.
- La Presidencia publicó el Acuerdo Gubernativo 68-2026, mediante el cual el mandatario Bernardo Arévalo vetó oficialmente las reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual.
- Contreras informó que la Junta Directiva remitió el expediente a la Corte de Constitucionalidad para obtener una opinión consultiva sobre las objeciones del Ejecutivo y despejar dudas jurídicas antes de una eventual votación legislativa.
- El decreto, aprobado el 14 de abril, establecía que toda relación sexual entre un adulto y un menor sería considerada violación, sin que el consentimiento pudiera utilizarse como atenuante o defensa legal.
Cómo funciona. El veto presidencial obliga ahora al Congreso a revisar nuevamente el contenido del Decreto 10-2026. La Constitución permite a los diputados aceptar las observaciones del Ejecutivo o insistir en la aprobación original mediante mayoría calificada.
- El Ejecutivo argumentó que las reformas vulneraban principios penales como taxatividad y certeza jurídica, al eliminar elementos diferenciadores para determinar responsabilidad penal en algunos casos.
- Según el acuerdo gubernativo, la redacción podría generar ambigüedad al momento de distinguir entre víctima y responsable en relaciones consentidas entre adolescentes, lo que complicaría la interpretación judicial.
- La Junta Directiva optó por solicitar opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad antes de avanzar con una decisión política, en busca de reducir futuros litigios o acciones de inconstitucionalidad.
Visto y no visto. El veto presidencial dejó una de las postales políticas más irónicas de las últimas semanas: el Decreto 10-2026 fue promovido principalmente por el diputado oficialista Raúl Barrera, del bloque Semilla, pero terminó frenado por el mismo Gobierno al que pertenece.
- Barrera impulsó las reformas bajo el argumento de fortalecer la protección de menores y endurecer castigos contra adultos involucrados en relaciones sexuales con adolescentes.
- Pese a ello, el presidente Bernardo Arévalo vetó el decreto al considerar que varios artículos podían contradecir principios constitucionales y generar interpretaciones penales ambiguas.
- La escena dejó un contraste poco habitual: un oficialismo promoviendo una reforma desde el Congreso mientras el propio Ejecutivo termina bloqueándola por posibles riesgos jurídicos.
Ahora qué. El Congreso deberá definir en los próximos días si modifica el contenido del decreto o si intenta superar el veto presidencial mediante votación calificada en el pleno.
- Para rechazar el veto y ratificar el decreto original, el Legislativo necesitaría el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes durante la sesión plenaria.
Los diputados conocerán el próximo martes 12 de mayo el veto presidencial al Decreto 10-2026, que reformaba normas sobre violencia sexual y protección de menores.
Es noticia. El presidente del Congreso, Luis Contreras, confirmó que el pleno conocerá el veto presidencial al Decreto 10-2026, luego de que el Ejecutivo argumentara posibles inconstitucionalidades en las reformas aprobadas por los diputados.
- La Presidencia publicó el Acuerdo Gubernativo 68-2026, mediante el cual el mandatario Bernardo Arévalo vetó oficialmente las reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual.
- Contreras informó que la Junta Directiva remitió el expediente a la Corte de Constitucionalidad para obtener una opinión consultiva sobre las objeciones del Ejecutivo y despejar dudas jurídicas antes de una eventual votación legislativa.
- El decreto, aprobado el 14 de abril, establecía que toda relación sexual entre un adulto y un menor sería considerada violación, sin que el consentimiento pudiera utilizarse como atenuante o defensa legal.
Cómo funciona. El veto presidencial obliga ahora al Congreso a revisar nuevamente el contenido del Decreto 10-2026. La Constitución permite a los diputados aceptar las observaciones del Ejecutivo o insistir en la aprobación original mediante mayoría calificada.
- El Ejecutivo argumentó que las reformas vulneraban principios penales como taxatividad y certeza jurídica, al eliminar elementos diferenciadores para determinar responsabilidad penal en algunos casos.
- Según el acuerdo gubernativo, la redacción podría generar ambigüedad al momento de distinguir entre víctima y responsable en relaciones consentidas entre adolescentes, lo que complicaría la interpretación judicial.
- La Junta Directiva optó por solicitar opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad antes de avanzar con una decisión política, en busca de reducir futuros litigios o acciones de inconstitucionalidad.
Visto y no visto. El veto presidencial dejó una de las postales políticas más irónicas de las últimas semanas: el Decreto 10-2026 fue promovido principalmente por el diputado oficialista Raúl Barrera, del bloque Semilla, pero terminó frenado por el mismo Gobierno al que pertenece.
- Barrera impulsó las reformas bajo el argumento de fortalecer la protección de menores y endurecer castigos contra adultos involucrados en relaciones sexuales con adolescentes.
- Pese a ello, el presidente Bernardo Arévalo vetó el decreto al considerar que varios artículos podían contradecir principios constitucionales y generar interpretaciones penales ambiguas.
- La escena dejó un contraste poco habitual: un oficialismo promoviendo una reforma desde el Congreso mientras el propio Ejecutivo termina bloqueándola por posibles riesgos jurídicos.
Ahora qué. El Congreso deberá definir en los próximos días si modifica el contenido del decreto o si intenta superar el veto presidencial mediante votación calificada en el pleno.
- Para rechazar el veto y ratificar el decreto original, el Legislativo necesitaría el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes durante la sesión plenaria.
