Como suena. Porque todo se ha consumado y así lo quiere el que manda. Porque aquí, al margen de la risueña foto de Junqueras y Bolaños y del acuerdo de la noche de Halloween el que ha demostrado día tras día que sigue mandando -al margen de García Castellón- es el hombre que huyó de España en el maletero de un coche y sigue estando reclamado por la Justicia de nuestro país por los hechos acaecidos en Cataluña el 1 de octubre de 2017.
Manda Carles Puigdemont, el prófugo a quien el PSOE vuelve a llamar 'president'; un ‘president’ que no para de recibir en Bruselas al Partido Socialista Obrero Español sentado delante de una gran fotografía en la que un grupo de jóvenes independentistas levanta una de las urnas que se utilizaron en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Manda, en resumidas cuentas, el hombre que ya no está en el maletero y del que dependía que Pedro Sánchez siguiera siendo presidente.
Si nos quedaba alguna duda de la fuerza del ‘president’ a la hora de negociar, la redacción de la nota de prensa del PSOE, la fotografía de la cumbre con Santos Cerdán, el manejo de los tiempos en la compraventa de votos a cambio de privilegios y el resultado final del robo del siglo, nos las ha disipado. Puigdemont será amnistiado, Cataluña engordará sus arcas, Sánchez seguirá siendo presidente. Y esto sólo de entrada. Nunca existió la más mínima posibilidad de que el líder socialista dijera eso de que hasta aquí hemos llegado.
Porque después de la amnistía y del blanqueamiento de otros delincuentes afines al 'president', donde seguro sí que vamos a llegar es al relator, a la pasta a mansalva, a un reconocimiento especial para Cataluña y posiblemente hasta divisemos en el horizonte un futuro referéndum. Y no descarten que, para completar el botín, la Caixa vuelva a Cataluña y bajo sus dominios. Nunca comprar unos pocos diputados ha resultado tan vergonzante y ha salido tan inmensamente caro.
El acuerdo nocturno con ERC y la fotografía de su líder firmando con el Gobierno la rendición de Madrid fue simplemente un paso de ballet más en la misma dirección por aquello de que los republicanos también querían y necesitaban sus quince minutitos de gloria en esta representación. Pero ha sido Puigdemont quien ha dirigido la orquesta. La última palabra de Sánchez ya está dicha y la rendición parece completa. Porque después del fin de la sedición y de la malversación viene el nuevo paquete de medidas. Los independentistas pondrán sus diputados para conseguirlo y Pedro Sánchez las arcas públicas y el Boletín Oficial del Estado para seguir viviendo en La Moncloa.,
En paralelo con la amnistía, llegará el relator, ya sea nacional o internacional, que hará de mediador entre los dos estados, por decirlo al gusto del inquilino de Waterloo. Después, se regará de dinero, de mucha pasta, a la Generalitat para compensar tantos años en los que Madrid les ha estado robando impunemente, expresión esta también del agrado del líder de Junts. Rodalies es el primer paso. Y la financiación de Cataluña y la condonación de 15.000 millones o quizá los 70.000 del total de su deuda con el Estado, los siguientes, pero no los últimos pasos en la correcta dirección. Y algo más que un sueño puede ser que la Caixa retorne a casa por Navidad y quede bajo el manto de la Generalitat.
Y para el final del acuerdo queda el plato gordo: en primer lugar, un reconocimiento especial para el territorio y después la preparación -en este apartado Puigdemont puede ser abierto de miras y tener paciencia- de un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre la independencia de Cataluña, con arreglo al artículo 92 de la Constitución Española.
“Las decisiones políticas de especial trascendencia –dice la Carta Magna– podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”.
Cierto es que el citado artículo habla de “decisiones políticas de especial trascendencia” y de preguntar a “todos los ciudadanos”, o lo que es igual, que la justificación de la pregunta en cuestión sea lo suficientemente importante -no tenemos claro que una investidura tenga tal rango- y que sean todos los españoles quienes se pronuncien, en este caso, sobre el futuro de Cataluña. Pero también es meridianamente cierto que, en caso de necesidad, y esto parece ser que lo es al menos para el presidente del Gobierno en funciones, todo es susceptible de interpretación, y ahí va a estar, al igual que para la ley de amnistía, el 7-4 del Tribunal Constitucional para aunar criterios y decir la última palabra.
Sinceramente, nunca llegamos a pensar que Pedro Sánchez se refería a todo esto cuando gritó aquello de que iba a traer sí o sí a Carles Puigdemont de regreso a España.
Y tampoco sabíamos el 14 de octubre de 2019 que cuatro años y casi un mes después, y por necesidades del guion, se iba a retractar de las palabras que pronunció como presidente del Gobierno en funciones tras la sentencia contra los líderes del procès:
“En una democracia -dijo entonces- nadie es juzgado por sus ideas o por defender un proyecto político, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico”.
“En nombre del Gobierno quiero reconocer la labor independiente del Tribunal Supremo que ha trabajado con escrupuloso respeto a sus obligaciones. Dando un ejemplo de autonomía y transparencia, de garantías y de profesionalidad; demostrando una vez más el correcto funcionamiento de nuestro Poder Judicial”.
“(Los condenados) han ignorado los derechos de la mayoría social no independentista de Cataluña y se ha originado con ello una fractura de la convivencia dentro de la sociedad catalana”.
“El autogobierno catalán se reconoce y se expresa en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y ese Estatuto fue atropellado y quebrantado unilateralmente por el independentismo catalán”.
“La integridad territorial y el principio de soberanía nacional fueron atacados y con ello fueron atacados los derechos y libertades de la sociedad catalana y del conjunto de la sociedad española”.
En resumen: cuatro años y siete diputados de Junts después de esto, nada. Pedro Sánchez, una vez más, cambia las reglas del juego en mitad del partido. Las solemnes palabras de octubre de 2019 han desaparecido como por sortilegio en beneficio de una amnistía, mucha pasta para la faltriquera, un posible referéndum en defensa propia y lo que todavía ignoramos.
Y como la amnistía es olvido, hay que estar preparados para que una historia reescrita por los vencedores nos cuente, más pronto que tarde, que realmente España era entonces –hace apenas unos años- una dictadura totalitaria y que los independentistas fueron juzgados por sus ideas y por defender un proyecto político; que el Tribunal Supremo prevaricó y no fue independiente sino sectario y que nuestro Poder Judicial era corrupto; que no se ignoraron los derechos de los no independentistas catalanes; que el Estatuto de Autonomía de Cataluña no fue atropellado ni quebrantado unilateralmente por el independentismo catalán; que la soberanía nacional jamás fue atacada ni fueron atacados los derechos y libertades de la sociedad catalana y del conjunto de la española; que lo que vimos realmente no lo vimos y que, en todo caso, ha sido la soberanía nacional catalana, y sólo la soberanía nacional catalana, la que desde 1714 ha sufrido y sigue sufriendo el ataque desaforado de la malvada España.
La misma España que tanto preocupa ahora a nuestro presidente y su progresista Gobierno en este doloroso e inquietante borrón y cuenta nueva en el que queda claro, y negro sobre blanco, que no todos los españoles somos iguales ante la ley.