El 28 de junio de 1978 el periodista José María Portell, redactor jefe de la Gaceta del Norte fue asesinado por ETA. Doce años después, su viuda Carmen Torres Ripa, el 7 de marzo de 2020 publicó un artículo en El Mundo, con motivo del asesinato del columnista José Luis López de la Calle, en el que decía: “¿Qué se puede decir ante un hombre ensangrentado que pretendía la paz para esta tierra? Fue todo tan rápido como el aire, tan frío como un carámbano de nieve y tan doloroso como sentir que te parten en un matadero sin nombre ni siglas. Mi vida y la suya importaban poco a los que le dispararon tres tiros”.
José María Portell había sido intermediario entre el Gobierno y ETA.
El 21 de julio de 1978, el día en el que el Congreso de los Diputados aprobaba el anteproyecto de la Constitución, ETA asesinaba en Madrid a Juan Manuel Sánchez Ramos-Izquierdo, general de Brigada y a José Antonio Pérez Rodríguez, teniente coronel. Dejaron tres hijos cada uno.
El 22 de noviembre de 2000 Ernest LLuch, ex ministro de Sanidad en el primer gobierno de Felipe González, fue asesinado por ETA de dos tiros en la cabeza cuando aparcaba su coche en el aparcamiento comunitario próximo a su casa en Barcelona.
Ernest LLuch, según informó el diario El País, había realizado una investigación que rebatía la afirmación de que el primer asesinado por ETA había sido el policía Melitón Manzanas, perteneciente a la brigada política social el franquismo. El primer muerto por un atentado de ETA fue el bebé Begoña Urroz Ibarrola, el 28 de junio de 1960.
La convivencia democrática que tiene su fundamento en el Estado de Derecho, que protege a todos los españoles y que el Poder Judicial garantiza impartiendo justicia y restableciendo los derechos frente a sus violaciones, efectivamente está reconocida como un valor constitucional. Y para ello se aprobó una norma constitucional que reconoce y proclama los principios y normas que construyen esa convivencia.
Cuando Pedro Sánchez proclama que su finalidad es procurar la convivencia ¿realmente se cree lo que dice o piensa que los ciudadanos tienen una capacidad ilimitada para asumir sus mentiras?
La Constitución de 1978 permite defender las más distantes posiciones ideológicas, en un marco institucional y de derechos y deberes exigibles a los ciudadanos y a las organizaciones políticas.
¿Responde a algún interés general y fomenta la convivencia democrática orquestar un gobierno apoyado por quienes no reconocen al jefe del Estado, niegan el poder judicial y el ordenamiento constitucional, afirmando su líder prófugo que realizaran una nueva declaración unilateral de independencia?
El 22 de noviembre de 2023, en el que se cumplirán 23 años del asesinato de Ernest LLuch a manos de ETA, puede ser el día en el que Pedro Sánchez presente su programa de gobierno para la investidura. Una investidura que no busca ni persigue la convivencia democrática, sino la ruptura constitucional que le permita permanecer en la presidencia del Gobierno.
En la falsedad semántica de Sánchez no hay progresismo, no hay objetivo de convivencia ni política que busque el interés general. Hay destrucción del sistema constitucional, quiebra de la convivencia y su interés personal que lleva a hacer lo que sea necesario para permanecer en el poder. Aunque para ello se acompañe, como socios de su gobierno, de los herederos y testaferros de ETA. De quienes han organizado y ejecutado un golpe de Estado en Cataluña que se desconectaba unilateralmente del ordenamiento jurídico constitucional. Y de quienes se han apropiado de recursos públicos en su beneficio en perjuicio de sus propios conciudadanos catalanes.
España va a vivir en los próximos veinticuatro días de noviembre la situación política más transcendente para su futuro desde el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Podemos regresar en el túnel del tiempo a 1976, año en el que solo había incertidumbres sobre nuestro futuro como país en el que se manifestaban dudas, resistencias y dinamita para frustrar la capacidad de España de construir una convivencia democrática integrada en Europa.
Las figuras del Rey Juan Carlos y de Adolfo Suárez sacaron adelante un pacto impulsado por la UCD y apoyado por el PSOE que integró a la gran mayoría de los españoles y marcó el rumbo a la democracia, a las libertades y al progreso.
Transcurridos 45 años de Constitución, Pedro Sánchez está dispuesto a desmontar el Estado de Derecho constitucional sin ningún beneficio para los ciudadanos, más que para su permanencia en La Moncloa.
¿Será más efectiva la convivencia en Cataluña con Puigdemont liberado de sus responsabilidades penales? ¿Será más solidaria la relación entre los territorios de España con Cataluña y el País Vasco levantando fronteras y apropiándose de aquello que han aportado con su trabajo y esfuerzo españoles de todos los pueblos? ¿Habrá más libertad, más igualdad y más democracia en esta España?
O solo es un fraude y una mentira de quien carece de la valentía para dejar que el pueblo hable.