En la imagen que estamos dando de España, desde enfoques estructurales muy diversos, hoy nos corresponde el tema de la política hidráulica, más que interesante en un país de precipitaciones irregulares y en muchas partes más que escasas, incluso áridas y desérticas. En ese sentido, no cabe exagerar la importancia de la pléyade de regeneracionistas de la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX, y sobre todo la figura de Joaquín Costa. Que fue autor de Política hidráulica, Los montes en España, y de una crítica profunda en Oligarquía y Caciquismo. Y además de Costa haremos referencia a la colonización interior del gobierno González Besada y de la dictadura de Primo de Rivera, de no poco interés, pero sin grandes realizaciones. Por último, nos referimos a las confederaciones hidrográficas, de gran importancia para el tema hidráulico en España, según veremos. 

EL PRIMER DESARROLLO DE LA POLÍTICA HIDRÁULICA

Entre la Restauración (1874) y la proclamación de la Segunda República (1931) se abrió un largo período en el que la cuestión agraria no se suscitó con su intensidad anterior, ni cómo iba a serlo después. 
Costa y los regeneracionistas
La preocupación por la mejora de la agricultura se canalizó, pues, en casi una sola dirección: la política hidráulica, que se configuraba —según frase de Joaquín Costa, principal difusor de su significación y de su trascendencia— en la «expresión sublimada de la política económica de la nación». El programa de Costa era muy vasto; según él, era necesario un «ministerio de aguas» para combatir la sequedad del suelo; esto es, un instrumento del poder público que funcionase como «agente de las actividades individuales, como regulador de la vida social y como obligado e interesado en el aumento de la población, en la regeneración de la raza, en los progresos de la riqueza pública, fuente de tributación...».
En ese sentido, el deber de la Administración estaba en «coadyuvar a la obra, proporcionando el beneficio del riego a la mayor extensión posible del territorio por los medios que se hallarían a su alcance y no al de los particulares».
Costa difundió la necesidad de la política hidráulica desde la tribuna política de la Unión Nacional y desde la otra tribuna, más próxima a la realidad, de la Cámara Agrícola del Alto Aragón; entidades que habían sido promovidas, ambas, por él mismo, un esfuerzo al cual no respondió el entorno.
No obstante, el entusiasmo de Costa, Macías Picavea y los demás regeneracionistas seguidores de ambos por la «política hidráulica» tuvo su primer reflejo oficial en el «Plan de Obras Hidráulicas de 1902», preparado por un equipo de ingenieros de caminos encabezados por Rafael Gasset, que constituyó, en realidad, un catálogo de pantanos y canales, en muchos casos en contradicción unos con otros, y sobre todo, sin una orientación que tendiese a un aumento verdadero de la productividad. Ya que muy pocas obras estaban previstas para las tierras de Levante, donde precisamente la ampliación del riego habría producido los máximos beneficios.
La inestabilidad política de los años 1902 a 1923 –la fase final de la Restauración— hizo que la política hidráulica quedara convertida, de momento, en un mito. Los pocos embalses promovidos por el Estado, fueron aprovechados muy escasamente, ya que las obras de canales y acequias a realizar por los propietarios de tierras dominadas por el posible riego no se llevaron a cabo casi nunca.
La colonización interior de González Besada y la Dictadura de Primo de Rivera. Las confederaciones hidrográficas
Entre las otras medidas de carácter agrario adoptados en este período, hay que recordar las del Gobierno regeneracionista de González Besada (1907), con la publicación de la Ley de Colonización y Repoblación Interior, de 1907, que perseguía la creación de patrimonios familiares en colonias de nuevos regantes, constituidas ocupando terrenos de secano y montes públicos incultos. Con tal fin, se creó la Junta Central de Colonización, que actuó hasta que fue sustituida por la Dirección General de Acción Social Agraria de la Dictadura de Primo de Rivera. 
La Ley de González Besada estuvo vigente hasta 1926, y en ese período de veinte años en que se aplicó, se crearon 18 colonias sobre 11.028 hectáreas. Financiera y económicamente, la actuación no tuvo éxito, debido a que las tierras distribuidas entre los colonos, en su mayor parte eran de pésima calidad. 
La tal política de parcelaciones la prosiguió la Dictadura con un Decreto de 7 de octubre de 1926, cuya ejecución, por ir combinada con la política hidráulica, tuvo mejores resultados que los de la Ley de 1907. Se obligaba a transformar en regadío las tierras que tuviesen carácter de aprovechables. Concedía a tal fin anticipos y subvenciones, fijaba un plazo de realización de veinte años, transcurrido el cual de no haberse realizado las obras, podía procederse a la expropiación de las tierras. En los tres años de vigencia del Decreto se asentaron 4.200 colonos sobre 21.501 hectáreas, y los resultados, en general, fueron aceptables.

Durante la misma dictadura, cuya actitud ante la cuestión agraria tuvo un carácter primordialmente técnico, se intentó realizar una verdadera política hidráulica coordinada y efectiva. El primero de esos dos objetivos, la coordinación, se trató de alcanzar tomando la cuenca hidráulica como unidad de estudio, según dispuso el Decreto-ley de 28 de mayo de 1926, por el que se crearon las Confederaciones Hidrográficas, siguiendo el modelo que para el río Ebro planteó Manuel Lorenzo Pardo –ingeniero de caminos, canales y puertos—, un gran incentivador de la política del agua en España, y autor de la teoría de su descompensación hidrográfica de España. 
El Ministro de Obras Públicas de la Dictadura, Conde de Guadalhorce, convencido del interés de lo que planteaba Lorenzo Pardo, extendió su modelo a toda España. Lo que supuso un gran avance para los ulteriores aprovechamientos hidráulicos del país. Llegó a pensarse que las Confederaciones, como organismos autónomos, dependientes del Ministerio de Obras Públicas serían un gran impulso del riego y del desarrollo agrario.
En cualquier caso, con las Confederaciones Hidrográficas, se dio un gran paso adelante, al tomarse la cuenca fluvial como unidad de desarrollo, partiendo del estudio conjunto de todos los problemas agrícolas, ganaderos, forestales e incluso industriales de la zona. Para asegurar esa visión de conjunto, se estableció la sindicación obligatoria de todos los agricultores e industriales incluidos en la cuenca de cada una de las confederaciones, y se dispuso que la creación de éstas podía ser decretada a solicitud del 10 por 100 de la riqueza agrícola o industrial afectada, o por simple acuerdo de la Administración. Finalmente, para que su actuación fuese eficaz, las Confederaciones fueron dotadas de numerosas facultades públicas delegadas; entre ellas, la de expropiar incluso derechos no territoriales.
Pero el gran papel de las Confederaciones resultó menor por el recelo de la Hacienda, los gobiernos centralistas, la burocracia y el egoísmo de ciertas regiones frente a unas corporaciones que podrían haber llegado a tener mucho poder. Además, los latifundistas consideraron, sin duda, que el mejor medio para conservar sus tierras consistía en mantenerlas de secano, ya que la puesta en regadío en un plazo más o menos breve habría de comportar la parcelación, como medida necesariamente complementaria, para obtener los máximos rendimientos de las nuevas tierras irrigadas al nivel de la tecnología entonces imperante.
 
Hasta el próximo jueves, como siempre, los lectores de Republica.com pueden conectar con el autor en castecien@bitmailer.net.