Una ley cuestionable y cuestionada

Irene Montero

EFEinauguración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

La Ley del “sólo sí es sí” ha empezado a mostrar alguno de sus numerosos defectos al poder resultar más favorable al reo que el ordenamiento anterior. Algunos jueces y juezas (machistos o machistas para el entramado ideológico de los más ardientes defensores de esta norma) ya han comenzado a revisar, a la baja, las anteriores condenas. Ignoro el alcance real que tendrán los problemas de retroactividad, pero nunca será éste el principal reproche que la nueva ley merecería. Todo quedaría, aunque ello no dejara de ser grave, en un efecto colateral que, no previsto, se debería a las prisas de última hora, la improvisación y la escasa atención prestada a informes tan valiosos como el del Consejo General del Poder Judicial. Un amplio sector de nuestro mundo jurídico-penal habla de error histórico e incluso de chapuza. Yo mismo, y perdón por la autocita, me he ocupado extensamente de la nueva Ley en un artículo, “El consentimiento en los delitos contra la libertad sexual”, publicado en el Diario La Ley.

Pero como ésta sólo es una columna periodística, no procede entrar en muchos detalles. La legislación es un complicado mecanismo en el que mover una pieza puede tener consecuencias cuya relación con una puntual reforma pasen desapercibidas en un primer momento. Lo que, sin embargo, ha ocurrido en esta ocasión es que, buscando resolver el problema del consentimiento en los delitos contra la libertad sexual, alguien pensó haber hallado la fórmula magistral para compatibilizar el principio de presunción de inocencia y aquello de “sólo sí es sí” y “hermana yo sí que te creo”. De eso se trataba desde la famosa violación en manada hace ya bastantes años. Los primeros trabajos se fueron dilatando cuando se vio que no sería sencillo redefinir el consentimiento en la línea deseada. Luego vinieron las premuras y el escaso interés en los informes sobre problemas estrictamente jurídicos. El resultado a la vista está.

Hemos ido en solitario, como si el derecho comparado no existiera y hubiera de enfrentarse a la misma delincuencia que nosotros. Por cierto, me gustaría saber si, además de algunos expertos pertenecientes a la Comisión General de Codificación, se solicitó el informe de la propia institución. Ya se prescindió de la Comisión General de Codificación durante la elaboración del vigente Código Penal de 1995. Sigo preguntándome el porqué. Las tipificaciones y penalidades pueden depender de una u otra ideología u orientación política, pero en ambos supuestos las leyes deben estar bien hechas, lo que evidentemente no ha ocurrido esta vez.

Sobre el autor de esta publicación

José Luis Manzanares

Nació en 1930. Obtuvo Premio Extraordinario en la Licenciatura de Derecho por la Universidad de Valladolid (1952) y en el Doctorado por la Universidad de Zaragoza (1975).

Ingresó en la Carrera Judicial en 1954 y se jubiló como Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el año 2000. Es también Abogado del Estado (jubilado) y Profesor Titular de Derecho Penal (jubilado). Fue Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre los años 1990 y 1996. Desde 1997 es Consejero Permanente de Estado.

Amplió estudios en la Universidad Libre de Berlín Occidental y en el Instituto Max Planck de Friburgo.

Ha pronunciado numerosas conferencias en España, Colombia, Cuba, Alemania e Italia.

Ha publicado más de un centenar de trabajos jurídicos, amén de nueve libros, entre ellos dos Comentarios a los Códigos Penales españoles de 1973 y 1995, habiendo participado en otros diez de carácter colectivo. También ha traducido algunos textos jurídicos del alemán, entre los que destaca la última edición (la 4ª) del Lehrbuch des Strafrechts (Parte General) del Profesor Jescheck. Ha llevado durante años la Sección jurisprudencial del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. La misma labor desarrolló en la Revista “Actualidad Penal”, de la que fue Director durante algunos años, desde su primer número hasta su cierre el año 2003. Es también autor de unos comentarios en 2 Tomos al vigente Código Penal tras su reforma por la Ley Orgánica 5/2010, editados por Comares, Granada. Su último libro, publicado el año 2012 por la editorial La Ley, de Madrid, se ocupa de “La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia”.

Ha colaborado en algunos periódicos nacionales, como ABC, Diario 16, La Razón, El Mundo, El País, La Gaceta de los Negocios, La Clave, Epoca y Expansión, y semanalmente, durante muchos años en Estrella Digital. También en la revista alemana “Juristenzeitung” y otras especializadas de México y Argentina.