De la reunión de fiscales de una de las agrupaciones profesionales con el presidente del PP, Núñez Feijóo, solo dispongo de la información publicada en los diarios nacionales y también de la referencia que ha hecho el fiscal (jubilado) Carlos Jiménez Villarejo a esa reunión en un contundente artículo publicado en EL PAÍS en el que considera “gravísimas” las palabras de sus colegas Consuelo Madrigal y Antonio Narváez. Supongo que Jiménez Villarejo ha verificado que lo que dicen que dijeron Madrigal y Narváez se ajusta a la realidad y está contextualizado.

Supongamos que todo es correcto, que eso fue lo que dijeron; así que ¿qué dijeron?, según Jiménez Villarejo sus colegas, reprobados por él y a los que acusa de incumplir el código ético de la fiscalía. Sostuvieron ante Feijóo que “hay una perversión del proceso legislativo” (Madrigal) y que el gobierno “ha deteriorado las instituciones” (Narváez). Con el añadido de la pregunta a Feijóo sobre cómo va a corregir o rectificar.

El entusiasmo de Jiménez Villarejo por la neutralidad de sus compañeros no casa, no es coherente con su propia trayectoria personal como fiscal que siendo meritoria nunca orilló sus preferencias ideológicas y partidistas. Preferencias legítimas y notorias que le llevaron a figurar en listas electorales de Podemos (obtuvo acta de eurodiputado a la que renunció) y del PSC, en puestos sin oportunidad de elección.

Al margen de ese matiz (discutible) lo mollar de la crítica está en las dos opiniones de los fiscales: primero la referida a la perversión del proceso legislativo, que es un juicio político compartido por personas diversas y cualificadas como miembros del Colegio de Eméritos en su reciente documento “Democracia menguante” o el último documento del Círculo Cívico de Opinión “El desbordamiento de nuestra democracia constitucional”.

Que este gobierno presenta un desempeño legislativo muy discutible es algo obvio, el abuso del decreto ley. El uso de procedimientos legislativos para evitar informes previos, la rectificación frecuente de las normas… son evidentes y revelan debilidades democráticas. Otro sí, para el “deterioro institucional” que ha merecido avisos desde la Comisión Europa y críticas en los medios internacionales más reputados.

La situación del Poder Judicial en todos sus ámbitos es la mejor prueba del deterioro y la responsabilidad del gobierno (también de la oposición) es manifiesta. Negar la realidad no la anula. El juicio del fiscal jubilado sobre los comentarios de sus colegas es desmesurado y atropellado. Lo que dicen Madrigal y Narváez es una opinión legítima y fundada y el ataque de indignación del gobierno y sus amigos resulta arrogante e imprudente.