Sánchez también lo quiere todo atado y bien atado

Sánchez también lo quiere todo atado y bien atado

EFEJuan Carlos Campo, ex ministro de Justicia de Pedro Sánchez.

Hay en España, porque así lo han querido históricamente nuestros dos grandes partidos, dos justicias oficiales en bucle permanente: la del que gobierna en cada momento y la del que gobernó antes y casi con toda seguridad lo hará después. Y así, sucesiva e indistintamente, como por turnos, se reparten la ignominiosa manipulación y se autoengañan pensando que vivimos en un país donde la separación de poderes está vigente y donde la señora de la balanza y la venda en los ojos es verdaderamente independiente.

Y esta alternancia perversa a la hora de elegir a los rectores de esta nuestra Justicia, porque en el sistema de elección está el origen del cáncer, sigue siendo un cachondeo. Un cachondeo como aquél que hiciera famoso Pedro Pacheco y que con el paso de los años, 37 exactamente, no solo no ha remitido sino que se ha hecho más evidente, escandaloso, desvergonzado y hasta obsceno. Y lo que está pasando ahora en torno al Tribunal Constitucional, aunque no sea un órgano del poder judicial propiamente dicho, es una prueba real de que la obscenidad puede no tener límites.

Hemos llegado a esta Justicia de baja calidad democrática porque, insisto, nuestros dos principales partidos, con la colaboración necesaria de algunos subalternos, así los han querido. Unos y otros han jugado con ella al tocomocho, la han desgraciado, han tirado la balanza a la basura, le han arrebatado la venda y se han aprovechado torticeramente para intentar ponerla al servicio de sus políticas en lugar de que éstas trabajen en beneficio de los ciudadanos.

Hablo de esa Justicia de alfombra mullida, esa en la que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley, esa con la que se juega al trile en la carrera de San Jerónimo y se utiliza como coartada en busca de réditos políticos de dudosa legalidad en demasiadas ocasiones.

Esto ya se sabía mucho antes de que Pedro Sánchez haya dado una vuelta de tuerca más. Se sabía incluso antes de que el PP, por ejemplo, se negara a modificar -lo que ahora pide que se modifique urgentemente- durante los seis años y medio (diciembre 2011-junio 2018) en los que Mariano Rajoy fue presidente del Gobierno y llegó a tener una cómoda mayoría absoluta en las Cortes. Y por eso, lo que está haciendo ahora el partido conservador, al impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial además de inconstitucional es políticamente deplorable e inaceptable. Hay que reconocer que en esto de la Justicia ambos han tratado, y siguen tratando, de mangonearla, de ejercer un control impúdico sobre la misma y sin necesidad de firmar acuerdo alguno.

Pero lo último de Pedro Sánchez, esa nueva vuelta de tuerca que significa los nombramientos de Campo y Díez para el Tribunal Constitucional -a la espera de la legalidad de estos si el inane CGPJ sigue sin elegir a los suyos- va a marcar sin duda un antes y un después. Todo el mundo acaba de enterarse que lo de la renovación del CGPJ es una fruslería, una cuestión de poca entidad pero excesivo verbo escénico, una maniobra de despiste que intentaba ocultar que el oscuro objeto de deseo del presidente del Gobierno en esta batalla no es otro que el control absoluto del TC, por lo mucho que se juega en ello.

Sabe Sánchez que el Constitucional es el único que de verdad le puede parar los pies. El que le puede echar atrás algunas leyes aprobadas en el Congreso. El que puede revertir llegado el caso los indultos del procés o dejar sin efecto leyes aprobadas en el Parlamento, pero recurridas por la oposición. El tribunal de garantías debe pronunciarse próximamente sobre la Ley Celaá, la de la eutanasia, la reforma laboral, la Ley riders, el ingreso mínimo vital y la Ley de protección de la infancia, todas ellas recurridas o por el PP o por Vox o por ambos.

¿Y qué tienen todas estas leyes en común? Que todas fueron supervisadas y aceptadas por Juan Carlos Campo como ministro de Justicia y por Laura Díez desde su puesto en la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, dependiente del Ministerio de la Presidencia. En un país donde se respetaran unas normas mínimas de conducta democrática Campo y Díez estarían incapacitados para ocupar dicho puesto en el TC. Pero este no debe ser un país de esos.

Por todo lo que se juega en este envite, no es de extrañar que a Pedro Sánchez no le haya importado ser juez y parte e ir sobre seguro al apostar por dos profesionales de reconocido prestigio, y también de reconocida entrega a su persona, como nuevos miembros del TC que tendrá que decidir sobre estas mismas leyes que en su día ayudaron a elaborar. Lo sorprendente es que no hayan rechazado, por razones obvias y por higiene democrática, dicho ofrecimiento. Aunque a lo mejor lo verdaderamente sorprendente es que Campo y Díaz lo hubieran hecho. "Llegan al tribunal prácticamente con la recusación bajo el brazo", cree la oposición y hasta los propios socios de Sánchez en el Ejecutivo.

No quiere el presidente que le suceda como a Rodríguez Zapatero cuando en su época al frente del Gobierno, uno de los miembros del TC elegido por el PSOE, Manuel Aragón, cometió la impertinencia de cambiar de bando y aliarse con los conservadores en la famosa sentencia del Estatuto de Cataluña. Sánchez busca ahora lealtades inquebrantables cuando haya que votar todo lo que presumiblemente habrá que votar en un tribunal a priori claramente progresista y que estará encabezado por Cándido Conde-Pumpido si las cábalas de la Moncloa se cumplen.

Nunca se había llegado tan lejos ni se habían saltado determinadas barreras éticas y morales. Es como si el presidente del Gobierno hubiera querido dejar claro quién manda aquí y que su poder es indiscutido e indiscutible. Lo ha hecho porque lo podía hacer, y punto. O de tan burdo que resulta no son pocos los que creen que esto puede tener truco. Lo cierto es que después de nombrar a su anterior ministra de Justicia Fiscal general del Estado todo siempre es posible con él. Pero pervertir el propio Tribunal Constitución en beneficio propio es algo más de lo que quizá podíamos esperar.

Lo cierto es que con el presidente del Gobierno todo es posible siempre. Hasta su desfachatez al elegir a dos personas de su máxima confianza y colocarlas en el Tribunal Constitucional para que le dejen todo atado y bien atado.