Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la quinta, ni a la décima. Va a ser a la cuatrocientos o quizá a la quinientos… El caso es que hasta aquí hemos llegado debe pensar Pedro Sánchez, el gran consentidor de Irene Montero y principal responsable de que la ley del solo sí es sí se haya convertido en un salvavidas para los delincuentes más despreciables, justo lo contrario que perseguía.
Antes de que la fosa séptica se desborde, el presidente ha dejado de estar “orgulloso”, palabra que ha repetido en numerosas ocasiones, de la controvertida ley que ha reducido penas a casi 400 delincuentes sexuales, 23 de los cuales ya están en la calle. Y antes de que alguno de los que han salido de la cárcel gracias a su Gobierno vuelva a las andadas y se convierta en ese titular de periódico que aparece en sus peores sueños, Pedro Sánchez da marcha atrás y donde había orgullo y satisfacción ya solo queda miedo al violador en libertad y miedo, especialmente, a las urnas de mayo y diciembre.
Porque el día que uno de estos becados de Irene Montero vuelva a agredir sexualmente a una mujer la culpa ya no será, por mucho que ladren, ni de la derecha fascista, ni de los medios de comunicación conservadores ni de los jueces que no imparten justicia correctamente sino directamente de Pedro Sánchez, que prevaricó aceptando un texto legal a sabiendas de que algunos delincuentes sexuales iban a salir a la calle en libertad años antes de lo previsto.
Y es por eso que ahora al presidente, que para él sigue siendo lo único importante, ya le dé igual que Irene Montero diga misa y arremeta contra los jueces, la policía o los medios de comunicación, o que Ángela Rodríguez se carcajee otra vez no se sabe muy bien de qué, o que el otrora vicepresidente Pablo Iglesias vuelva a llamar machistas frustrados a los miembros del Ejecutivo, femeninos y masculinos, que sigan viendo con malos ojos, jurídicos, la que ya está claro para todos que es una ley chapuza. Una ley que ahora se va a cambiar sí o sí.
Pero el máximo responsable de esta ley chapuza aprobada por unanimidad en el Consejo de ministros no es Irene Montero, sino el presidente del Gobierno, en primer término, y a continuación de todos y cada uno de los ministros que callaron aun a sabiendas del dislate. Un presidente que ha mirado para otro lado, y con él todos sus acólitos, cuando era evidente que esta norma estaba repleta de trampas y agujeros negros, que era un engendro de tal calibre que Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia y ahora miembro del Tribunal Constitucional, criticó con dureza adelantando todo lo que iba a pasar y finalmente ha pasado. Pero Pedro Sánchez pasó de él, se vistió de morado y el nuevo vocal del TC tragó.
Y la grandísima culpa no se acaba en el PSOE y en Podemos, sino que debe incluir a los otros partidos, esos que se alimentan de la aritmética parlamentaria, que con su voto en el Congreso de los Diputados avalaron, a la vista está, el trato de favor a casi 400 delincuentes sexuales, cifra que no se ha alcanzado todavía pero que lo hará la próxima semana.
Este mismo martes, en la Cadena Ser, Carmen Calvo, exvicepresidenta de Sánchez cuando se discutía la controvertida ley, verbalizó lo que todo el mundo ya sabía, y lo hizo delante del también exvicepresidente Pablo Iglesias: 'El PSOE -dijo- tenía serias dudas jurídicas sobre el citado texto pero Pedro Sánchez lo aceptó porque venía de Irene Montero'.
En el trasfondo de la anterior afirmación está esa ley no escrita, pero de la que tanto se habla, que acordaron Sánchez e Iglesias cuando dieron forma al Gobierno de coalición, y que más o menos venía a decir que el presidente no se metía en los ministerios de Podemos. Pues bien, eso de tener dos gobiernos en uno solo, eso de no nos vamos a pisar la manguera entre bomberos le ha costado ya a los españoles que casi 400 delincuentes sexuales hayan visto reducida su pena y que algunos estén en la calle.
Y no deja de ser tremendamente triste que una buena ley -nadie puede cuestionar que solo sí es sí, sin atajos y sin parches- acabe por los suelos llevándose por delante todas las virtudes que arrastra, y que no deberían perderse, por unos errores legales de parvulario, más cercanos al sectarismo político que a la cordura jurídica. Y todo ello después de que todas las asociaciones judiciales, todas, amen de otros organismos, hubiesen advertido con anterioridad de las consecuencias irreparables que podía provocar si se aceptaba la citada ley tal como llegaba del Ministerio de Igualdad. Sin cambiar ni una coma.
Que el trabajo de portavoz es de alto riesgo lo está demostrando estas últimas horas Pilar Alegría, la elegida por el PSOE para que la maltraten los periodistas cuando sale a tratar de explicar lo inexplicable: por qué ahora sí hay que cambiar la ley y no antes. No hay argumentario que la salve a ella, ni a su partido ni al secretario general del mismo. Alegría tiene la penosa obligación de decir que van a pedir todos los informes que ya tienen pero obviaron y que van a leer lo que ya leyeron sin hacer caso alguno.
La dejadez de funciones que ha hecho Pedro Sánchez con un tema de tan alta sensibilidad social como el que nos ocupa raya lo obsceno. Resulta imperdonable que su frivolidad político electoral haya provocado que las pesadillas hayan vuelto de nuevo a numerosas víctimas cuando apenas habían empezado a dejar atrás los horrores vividos.
En cualquier país de nuestro entorno un fiasco de esta magnitud solo podría concluir con la dimisión del responsable. Pero el nuestro no es uno de esos países. Por desgracia. Y aunque los morados no se van a querer bajar del coche no parece estar tan claro como antaño que el presidente, máximo responsable del despropósito no lo olvidemos, no los vaya a echar a la calle si Tezanos le explica que es necesario para sobrevivir. Será entonces cuando a Pedro Sánchez ya no le importe pisar, sí o sí, la manguera de Podemos. Para entonces ya serán 500, 600 o 700 los delincuentes sexuales favorecidos por este Gobierno.