La aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma y la subida de las pensiones, con la oposición del PP y Vox, refuerza la política social del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la oposición de un PP conservador, que se opone a casi todo en pleno año electoral y a solo dos meses de la cita del 28-M con las urnas.
Lo que constituye, al margen de su electoralismo, también es un paso firme del PSOE en defensa de los colectivos de la Sociedad que más sufren la inclemencia de la crisis económica y de la inflación.
La que durante el mes de marzo se redujo en 2,5 puntos para quedar en el 3,3, aunque la llamada inflación subyacente apenas bajo una décima lo que la sitúa en el 7,5. A lo que se añade la renovación, por parte de la UE, hasta final de año de la ‘excepción ibérica’.
La que garantiza a España mejoras en el precio de la electricidad, aunque en la actualidad no está operativa por la caída del precio del gas, que influyó en la bajada de la inflación en el mes de marzo. Aunque todo ello no parece que vaya a repercutir en el precio de los alimentos que aún siguen subiendo.
A la reforma, necesaria de las pensiones, el Gobierno de Sánchez añadió la subida del SMI hasta los 1.080 euros, y un incremento del sueldo actual de los funcionarios. En suma un importante incremento del gasto social en un tiempo electoral, que es lo que denuncia el PP subrayando su impacto en el déficit público y en la deuda del país.
Ante estas decisiones el PP no ha presentado una política social de mejora de los problemas económicos que afectan a la mayoría ciudadana y a los que se suman la subida de las hipotecas. Lo que el Gobierno espera paliar en sus conversaciones con la banca y en la Ley de Vivienda sobre alquileres.
Al tiempo que impone impuestos a los beneficios de la banca y de grandes empresas (lo que han avalado el BCE y el BE).
Mientras tanto continúa bloqueada por la CEOE con apoyo del PP el ‘pacto de rentas’ para la subida de los salarios y pendiente está el incremento fiscal a las clases medias en IRPF para hacer frente al coste social del Gobierno.
El mensaje que transmite el Gobierno de Sánchez, en pleno año electoral, es que el Gobierno mejora la situación económica de los sectores más débiles de la sociedad mientras un PP conservador se opone a estas medidas, con el argumento de que en el corto y medio plazo España pagará muy caro este aumento del gasto social de inminente (el 28-M) incidencia electoral.
Pero lo que no ha hecho el PP de Feijóo, salvo oponerse en casi todo al Ejecutivo, es presentar una alternativa completa de su política social. Y especialmente en la reformas y la subida de las pensiones que beneficia a 10 millones de ciudadanos.
Lo que sin duda puede tener un coste electoral para el PP, como ya lo está denunciando el PSOE. Y en buena parte con razón por ausencia de una política económica y social alternativa del PP más allá de su discurso del no a toda mejora social.
