Asumiendo las tesis del prófugo y delincuente Puigdemont para conseguir sus votos en la investidura, Pedro Sánchez, ha hecho unas declaraciones en Nueva York en las que dijo, a propósito del golpe de Estado catalán de 2017, que fue "una crisis política nunca tuvo que derivar en acción judicial ni en judicialización como vimos en toda esta crisis". Y ha añadido que "hay que devolver a la política lo que nunca debió salir de la política".
Lo que constituye un ataque frontal de Sánchez al fiscal del Estado Maza que actuó contra el golpe de Estado y a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo que admitió las denuncias de la fiscalía (obligadas por el ‘principio de legalidad) y juzgó y condenó a los golpistas por los delitos de sedición (entonces vigente) y de malversación.
En un tiempo en el que Sánchez, tras apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, calificó el golpe catalán como un ‘delito de rebelión’. Para más tarde comprometerse a traer a Puigdemont a España para someterlo a la Justicia.
Con sus palabras, Sánchez, como presidente en funciones del Gobierno, se sitúa al borde de la legalidad constitucional. Y solo para conseguir los 7 votos de JxC y los 7 de ERC para su investidura. Y de estas sus infames palabras se desprende la desautorización del Gobierno de Mariano Rajoy que gestionó la respuesta al golpe de Estado y el discurso que el Rey Felipe VI y Jefe del Estado pronunció el 3 de octubre de 2017 contra el golpe catalán (que comenzó con la ‘desconexión’ catalana de España y siguió con el referéndum ilegal del 1-O). Exigiendo entonces el monarca la recuperación inmediata del orden constitucional.
Sánchez justifica su nueva posición diciendo que, cuando, en 2017 el fiscal general José Manuel Maza ‘abrió la puerta a todas estas causas judiciales le trasladé mi malestar’.
Sin embargo Sánchez olvida que la actuación del fiscal Maza, era obligada por el principio de legalidad. Y pudo haber sido rechazada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (la máxima autoridad Penal del Estado). La que asumió las tesis de la Fiscalía porque consideró la existencia de indicios delictivos más suficientes y acreditados (y a la vista de todos los españoles) en contra de la legalidad y, en consecuencia, llevó a juicio a los golpistas y los condenó.
El presidente en funciones del Gobierno de España ha querido con estas tan graves declaraciones congraciarse con Puigdemont avalando las recientes palabras del delincuente y prófugo de la Justicia en las que afirmó que: ‘el 1 de octubre no fue un delito como no lo fue la declaración de independencia’.
Abriendo con ello Sánchez la puerta a la progresiva destrucción del Estado de Derecho al aprobar una ley de amnistía selectiva con la que violenta el principio de ‘exclusividad jurisdiccional’ que está en la base de toda Democracia.
Y con lo que se impide a los tribunales juzgar a los delincuentes que gozan de la protección del Gobierno -como Puigdemont- con medidas de gracia, vendidas en el bazar de Waterloo, para lograr la investidura de un Sánchez capaz de cualquier cosa con tal de seguir al frente del Gobierno cuatro años más.
