Dicho sea con el respeto que me merece (casi) cualquier nación, creo que nuestros vecinos franceses reconocerán que en su mayoría, cuando se trata de protestar, allí no se andan con chiquitas. Hace tiempo que aprendimos que “¿Arde París?” no era solo el título de la magnífica novela de Dominique Lapierre y Larry Collins y que, por otra parte, podíamos eliminar tranquilamente los signos de interrogación porque lo normal es que siempre se trate de una afirmación. Sí, arde. Y, además, nunca es solo París.

Con mayor o menor frecuencia, quienes están en contra de “algo” terminan – o directamente empiezan – regando de fuego los Campos Elíseos, las tristemente famosas banlieue, y, por qué no, las fronteras. Por supuesto, con la destrucción de todo lo que encuentran a su paso o, precisamente, para quitarse de en medio aquello que no quieren encontrarse a su paso. Entiéndanme, cada uno es libre de hacer con sus manifestaciones, sus calles, su mobiliario o el resultado del trabajo de sus paisanos lo que quiera y pueda. ¡Faltaría más! El problema llega cuando, en apariencia impunemente, lo que reducen a cenizas es propiedad o fruto del trabajo realizado en otro país. El nuestro.

En esta época de incesante revival, ya ha quedado claro que da igual que nuestros padres aprendieran, demasiado al final y por las malas, que las acciones violentas siempre acaban pasando la correspondiente factura y que nunca sale barata. Con excepciones, por supuesto, como al parecer la de quemar nuestros caminos en Francia. Llevamos ya varios días volviendo a ver imágenes de agricultores franceses – especifico que, en este caso, se trata de viticultores - vaciando nuestros camiones en la frontera del país de la “libertad, la igualdad y la fraternidad”, para prender fuego a su cargamento. En los años 80, aquello era un día sí y otro, casi también: conductores a merced del estado de ánimo económico de los del otro lado, en una frontera que había que atravesar sí o sí, aunque muchas veces fuera de paso a otro país donde esperaban literalmente el fruto de nuestro trabajo. Tomates, naranjas, ciruelas, fresas, cerezas… En la década de los 80, nos quemaron de todo, incluido un poco de dignidad.

Y después, también.

En aquella década, sin embargo, estábamos aún saliendo de la oscuridad. Al principio, con timidez y me atrevería a decir – no es que me atreva, lo digo - con cierto complejo, ese incomprensible y endémico rasgo de nuestro carácter que con demasiada frecuencia nos frena a la hora de liderar, emprender, competir, demandar y, sobre todo, quejarse. Es posible que, por entonces, tras 40 años desenchufados, nos sintiéramos y de hecho fuéramos europeos “de segunda o de tercera”, pero la violencia no estaba justificaba tampoco en esos días. Cuando los acuerdos de la CEE alumbrada en 1957 por el Tratado de Roma, a la que no pertenecíamos ni se nos esperaba, se vieron repentinamente “amenazados” por nuestros productos.

En realidad, era una excusa. En el 86 ya éramos miembros del club de libre comercio europeo y la carga de nuestros camiones, a veces también los propios vehículos, seguían ardiendo en la frontera gala. Nunca, como decía antes, han dejado de hacerlo. De forma más esporádica, porque ya habíamos desplantado olivos, vides o lo que fuera menester, para no vulnerar las “órdenes de equipo” o, simplemente, porque en un determinado periodo a los agricultores franceses les iba bien y no había que culpar a los españoles de nada. Eso sí, olvidarse por completo de quemar(nos) era otro cantar. Nadie les tosía… Así que las reediciones de ataques violentos contra nuestras mercancías, avaladas ya con los correspondientes “mandamientos” del catecismo europeo, siguieron produciéndose de vez en cuando…

¿No habrá llegado ya el momento de emprender acciones reales? Violentas no, ¡sacrebleu!, me refiero precisamente a esas acciones que allí, en el país vecino, ni contemplan aunque formen parte del marco europeo de esta UE que tantas veces sigue antojándose una “bendita” entelequia.

Desde que el pasado jueves los viticultores franceses cortaran el paso de Le Perthus, erigiéndose en policía aduanera para buscar vehículos sospechosos de transportar “producto non grato” y encargarse de ellos, además del vino que han hervido en las barricas quemadas aquí empieza a calentarse un poquito el ánimo. Al menos, el de aquellos que, indemnizaciones de sus aseguradoras aparte en caso de estar previsto en la póliza, ven su trabajo arrasado por el vecino sin que ni allí ni aquí – feo sería criticar al gobierno galo sin hacerlo también del nuestro – haya consecuencias penales. En definitiva, la recurrente situación vuelve a ser intolerable, injusta, delictiva y, con todas sus letras, denunciable.

Duele que, como declaraba hace unos días la vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, los violentos ataques contra productos españoles se lleven a cabo “ante la total pasividad de las fuerzas de seguridad francesas”. Es decir, como siempre. La Prefectura del Gobierno de los Pirineos Orientales se limitó a confirmar que los viticultores de su país habían cerrado completamente la entrada 43 de la autopista en Le Boulou, recomendando a los transportistas españoles que “se evitara esa zona”. La agresividad de las protestas se dirige en particular contra el vino a granel que llega de España y que en la mayor parte de los casos se embotella y etiqueta en Francia para su comercialización. No es nuevo, se hace cada año, pero si el precio del vino a granel está por encima del coste como marca la Ley de la cadena, no hay inconveniente. En la presente temporada no ha sido así, vuelta a las hogueras.

Y ya que están con la echa encendida, los viticultores galos aprovechan para presionar a sus autoridades para que les concedan ayudas para pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, la transformación de los préstamos garantizados por el Estado en créditos bonificados y medidas bancarias de apoyo para los problemas de tesorería. Ya me contarán que pintamos aquí en eso. Igual que los tomates que también salieron a la brasa o espachurrados contra el asfalto cuando su transportista pasaba el jueves por allí… Nada.

¿Y qué ocurre por aquí? Pues por estos lares, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha afirmado que “el Gobierno condena estos actos, que atentan contra la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea y que perjudican los intereses de los afectados”. Y el propio ministro responsable, Héctor Gómez, ha añadido que debe primar “siempre” el diálogo y el entendimiento, así como la búsqueda de acuerdo frente a situaciones que puedan provocar tensiones”. El Gobierno español, ha dicho, “no quiere condicionar ni generar ningún tipo de inestabilidad o problemática al respecto y siempre hemos mostrado todo el interés del mundo en dialogar y buscar soluciones y tendemos la mano para alcanzar esos acuerdos”. De acuerdo, muy bonito y diplomático, pero ¿dónde está el extintor?