La rebaja de la calificación crediticia española por parte de la agencia Standard & Poor’s (S&P) coloca a la economía española en una posición incómoda y, sobre todo, es el comienzo de un calvario que va a acelerar los costes de la deuda exterior, no sólo para el sector público sino para las empresas privadas. La vicepresidenta Fernández de la Vega ha dicho que España “sabe hacer los deberes” y el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha indicado que esta rebaja tendrá consecuencias “limitadas” en  la economía nacional. La reacción española, de entrada, no ha sido precisamente brillante ni perspicaz, además de poco sincera. Ninguna de estas valoraciones, por desgracia, es respetuosa con la verdad.

Bien sabe todo el mundo que España no ha hecho ninguno de los “deberes”  que los expertos españoles (empezando por el Banco de España) y  los organismos internacionales cuya ayuda ahora estamos recabando  nos han venido sugiriendo desde hace dos años, cuando la crisis asomó sus primeras garras. En realidad, el Gobierno Zapatero no está haciendo nada para frenar la crisis, empeñado en una absurda labor de espera hasta que la economía mundial se recupere y nos saque del bache y sin adoptar iniciativas  que sirvan para cortar la sangría del gasto y para afrontar reformas tan necesarias como la del mercado de trabajo, que nos debería proporcionar una mayor capacidad competitiva y un mejor escenario en materia de empleo.

Esta pasividad es la que ha exasperado a los expertos internacionales y a los organismos públicos y privados que emiten opiniones y diagnósticos sobre nuestro país. Lo que acaba de  hacer S&P es rebajar  la valoración de nuestra capacidad para hacer frente a los compromisos futuros de pago de la deuda exterior en base a que el crecimiento económico español a medio plazo será “débil”.

Con un crecimiento anémico como el que nos pronostican casi todos los analistas para este año y el próximo, incluso  los dos siguientes, es bastante improbable que España sea capaz de crear empleo en el curso de los tres próximos años.  Zapatero todavía nos abruma con la cantinela de que  el PIB empezará a mostrar tasas positivas trimestrales en breve e incluso lo presenta como un logro de su Gobierno. Eso lo da  casi todo el mundo por descontado por la sencilla arzón de que la base de la comparación es ahora mismo la deprimida economía del año 2009. Cualquier comparación con el estado  económico de hace un año resultará fácilmente positiva. De no ser así, la economía estaría todavía hundiéndose en el hoyo.

Pero esa es una cosecha  de muy escasa entidad. Con el crecimiento económico que nos vaticinan la mayor parte de los organismos para este año y los dos siguientes, la economía no va a crear empleo. Y sin empleo no habrá  protagonismo alguno para la demanda interna. Y en estas condiciones,  las posibilidades de recortar el enorme  déficit público en el que nos han embarcado el Gobierno y las Autonomías son muy exiguas. Esta es la preocupación de fondo que late en la valoración que S&P acaba de hacer de  la economía española y su futuro a medio plazo.

El Gobierno ha perdido la credibilidad para sanear la economía y salir de la crisis, sencillamente porque no ha hecho casi nada y lo poco que ha hecho ha sido irrelevante. El núcleo central de las medidas necesarias (reformas largamente aplazadas y ajustes  necesarios derivados de la caída de los ingresos fiscales) está sin tocar, se está aplazando  una y otra vez por falta de valor político para afrontarlo. No ya de ideas, pues estas han sido puestas sobre la mesa del Gobierno a centenares por los expertos de todo tipo, domésticos y foráneos.

Zapatero, en suma, va a pasar a la historia de la economía española como el presidente de una etapa en la que la  España ha recibido las más bajas valoraciones  de las agencias de calificación en la historia reciente. En todo caso, desde que estamos bajo el paraguas de la Unión Monetaria, cuya principal virtud defensiva acabamos de perder.