El Gobierno ha mostrado este jueves su cara económica más amable ante la flor y nata del mundo empresarial, tanto español como sobre todo extranjero, en el desarrollo de las jornadas del  noveno Spain Investor Day.  La vicepresidenta Calviño ha lanzado de nuevo el pronóstico de crecimiento económico  importante para el año recién estrenado, en torno a un 7%, un  pronóstico que se ha quedado  algo desfasado a la vista de las últimas  incidencias de la pandemia y su  disparado crecimiento en especial en las últimas semanas.
Las previsiones que maneja Calviño  están presentando un  pronóstico bastante triunfalista de la situación ya que a estas alturas ya hay pocos  analistas que apuesten por tasas de crecimiento del PIB por encima del 5,5%. La  tasa en cuestión es la que acaba de adelantar el Servicio de Estudios de BBVA y lo más significativo es que implica una actualización a la baja de sus anteriores previsiones. El impacto de la pandemia está resultando más negativo de lo que se temía y es probable que el  primer trimestre del año presente una evolución muy plana del  PIB, similar a la de los últimos meses del pasado año. Por razones diversas, la administración de la vacuna, que se esperaba aportara una dosis importante de optimismo, está demorándose de forma excesiva. Las inclemencias climáticas, en especial en Madrid durante esta semana, no han hecho más que  empeorar el  panorama económico.
El momento, por lo tanto, no es bueno para alentar la afluencia de capital extranjero a España ni siquiera para la actividad inversora de las compañías españolas, que parecen más  volcadas en  incrementar sus operaciones en el exterior  que en fomentar el desarrollo de iniciativas en el terreno doméstico. Oir si fuera poco, los sindicatos parecen en trance de iniciar una nueva  fase de contestación, con el sempiterno asunto de la reforma laboral como uno de sus lemas estrella, además de la reivindicación de un aumento del salario  mínimo que no parece contar en estos momentos con un gran apoyo en medios económicos.
Una de las razones del  interés moderado que han presentado los inversores extranjeros en estas reuniones empresariales es la tardanza con la que el Gobierno está  actuando a la hora de elaborar el programa de reformas que  ha de remitir a Bruselas para optar a las ayudas económicas  previstas.  Las reformas que Bruselas ha planteado al Gobierno de Sánchez apelan al  espíritu reformista del Gobierno español, una  apuesta que no cuenta precisamente con el apoyo y  mucho menos la unanimidad de los diversos sectores que integran el actual Ejecutivo.
Son bien conocidas las discrepancias en materia de legislación laboral y también causan seria preocupación algunas de las iniciativas legislativas aprobadas por la actual Administración en los últimos tiempos, por su impacto potencialmente negativo en la inversión y en las garantías de  seguridad jurídica que  plantean los inversores.  En el terreno inmobiliario, estas exigencias son especialmente  elevadas, ya que la apuesta del capital extranjero por el sector inmobiliario español ha sido  muy acusada en los últimos dos o tres años  y hay una posición  crítica bastante extendida por las medidas adoptadas. Otros sectores también  están a la espera de conocer los planteamientos gubernamentales así como el primer diagnóstico que realizarán los expertos de la Unión Europea.