Existe la lógica expectación por conocer las líneas generales (nadie espera muchos detalles) de la oferta que Rodríguez Zapatero va a presentar para reducir el gasto público en 15.000 millones de euros en el conjunto de estos dos años, el presente y el próximo. Se lo han exigido, como cifra mínima, los colegas de la Unión Europea, de forma que tendrá que esmerarse en ser convincente ya que de lo contrario esta vez no sólo serán “los mercados” sino los colegas de la Eurozona los que le pidan explicaciones, quizás el próximo día 18 de mayo, en la reunión de los ministros de Finanzas. 

El margen es pequeño para sacar dinero con el que contentar a los analistas y expertos, que han urgido al Gobierno español a alcanzar cuanto antes un déficit del 6% del PIB, a ser posible el próximo ejercicio. Reducir el déficit a esta velocidad, partiendo de un 11% de déficit del año 2009, son palabras mayores. Contar con las Autonomías, como han sugerido varios altos cargos del Gobierno en las últimas horas, para recortar cifras de tal envergadura  constituye una maniobra política compleja, en la que ante todo habrá que contar con el parecer del partido de la oposición, que gobierna en algunas comunidades autónomas importantes. 

Es lógico que el frágil andamiaje sobre el que se sustenta el débil crecimiento de la economía española en estos últimos meses plantee serias dudas sobre la conveniencia de reducir algunas partidas del gasto público, cuya finalidad está orientada a disimular los percances de la economía (transferencias sociales, inversión pública acelerada…),  lo que tendrá por fuerza que afectar al ritmo de crecimiento en los próximos trimestres. 

Esta mañana del miércoles, el INE dará a conocer el PIB trimestral, que se aventura positivo por primera vez en dos años, lo que significa oficialmente la salida de la recesión. Lo anticipó el Banco de España hace unos días. Por lo tanto, cuando el presidente intervenga en el Congreso se sabrán ya las cifras del INE. Salvo sorpresas, Zapatero podrá exhibir esta carta a su favor. Aunque no sea tan trascendente como el Gobierno quiere hacer creer desde hace unas semanas, ya que una variación tan escueta del PIB en modo alguno significa que estemos saliendo de la crisis económica, qué duda cabe que presentar un PIB positivo nos situaría en una dinámica menos desfavorable, ya que inevitablemente ese dato va a tener impacto en el estado de opinión, en la confianza de consumidores y empresarios y en general en el ánimo de la economía. En este sentido será un dato positivo. 

El riesgo al que se enfrenta el Gobierno consiste sin embargo en la fugacidad del dato. Podría darse la circunstancia de que un PIB trimestral positivo en los primeros tres meses del año sea seguido por uno o dos trimestres de nuevo negativos. ¿Vuelta a la recesión? Sería calamitoso pero es un riesgo al que se enfrenta la economía. 

El hecho de que la subida del IVA haya sido colocada en el inicio del tercer trimestre puede estar acelerando la actividad en el segundo trimestre, anticipando compras, lo que estaría creando una pequeña burbuja de prosperidad que explotaría a partir del mes de julio. El segundo riesgo es precisamente la aplicación de medidas restrictivas del gasto, tal y como le han impuesto, sin apenas escapatoria posible, los colegas de la Unión Europea en la reciente reunión de Bruselas. Un recorte del gasto que afecte a la inversión y a algunas partidas de ámbito social podría contribuir a generar un efecto negativo en el PIB de los próximos trimestres. Hay por lo tanto motivos para  sospechar que la evolución de la actividad económica para lo que resta del año 2010 no será brillante y posiblemente ni siquiera mejor que el 0,1% de crecimiento con el que parece haberse iniciado el año. El hecho de que este dato no anticipe un cambio de signo sino que pueda acabar por convertirse en un dato positivo aislado entre varios trimestres negativos es una posibilidad  por desgracia bastante real.