Esta mañana del lunes 24 de mayo, el sistema financiero español se presenta en el escaparate con un nuevo descosido en sus vestiduras, la intervención de la segunda caja de ahorros en pocos meses, CajaSur, una  entidad que presenta un quebranto no inferior a los 1.400 millones de euros. El sistema financiero español,  cuya reputación como uno de los más solventes del mundo, ofrece por lo tanto esta semana la inoportuna crisis de una entidad financiera que, aunque pequeña, viene a demostrar que no es en nuestro caso oro todo lo que reluce.  Esta crisis de una entidad llega en un momento inoportuno en especial debido a la crisis de la deuda que viene padeciendo España desde hace casi un mes. La reacción de los mercados puede ser, por lo tanto, intempestiva. 

En  condiciones de mercado, la caja cordobesa  debería haber presentado sus libros en los Juzgados hace ya unos cuantos meses. No lo ha hecho porque estas cosas no se hacen en el sector financiero. Antes llega el Estado y se hace cargo del descosido en su totalidad de forma que ninguno de los clientes de la entidad financiera pueda sufrir quebranto en su patrimonio o en su liquidez. Es normal que así sea cuando se trata de bancos, a los que ningún Gobierno (pruebas hay bastante numerosas en los últimos meses, empezando por Estados Unidos y por Gran Bretaña)  dejará quebrar debido al impacto catastrófico que ello podría tener en el conjunto de la  actividad económica. 

Lo cierto es que CajaSur, una caja de ahorros de 146 años de historia, fundada por el Cabildo de la catedral de Córdoba, no ha resistido la prueba de la crisis inmobiliaria y fue intervenida la madrugada del sábado por el  Banco de España y su brazo armado para este tipo de situaciones, el Frob. La caja ya no es una empresa privada. Es un apéndice del Estado, con todas las consecuencias. El quebranto no es, de todas formas, un  hueso duro de roer en tamaño: apenas  representa el 0,6% del activo del sector financiero español. Otra cosa es  lo que representa. 

En efecto, es la segunda caja de ahorros que entra en quiebra o en falta de viabilidad manifiesta. Desde el momento en el que se detectaron en CajaSur  los problemas hasta este sábado  han pasado demasiados meses como para no señalar que nos  encontramos ante un problema que trasciende de los números en sentido estricto. La caja ha estado negociando con Unicaja (líder en Andalucía y una de las más rentables de España, con reconocida calidad de gestión) durante largos meses y al final el sentir mayoritario del Consejo de Administración (básicamente, los sacerdotes del Cabildo cordobés) se decantó por la negativa a la fusión (en realidad se trataba de una absorción), lo que dejó  abierta la intervención del Banco de España para evitar males mayores.  

La sintonía con Unicaja (gobernada por los socialistas) no funcionó y los curas han preferido hacerse el harakiri antes que pasar a engrosar el balance de su cercano rival.  Hay que recordar que  CajaSur había intentado hace meses fusionarse con Caja Murcia (otra de las cajas  consideradas rentables del sector) y el acercamiento fue vetado por las autoridades políticas andaluzas porque suponía “ceder”  un trozo de  “soberanía financiera” a una entidad de otra región, en este caso gobernada por el PP. Hay, por lo tanto, una cierta responsabilidad en la Junta de Andalucía a la hora de encontrar una salida viable para la caja cordobesa, tanto por este veto como por no haber sido capaz de impulsar algún acuerdo con alguna de las cajas de la comunidad autónoma, habida cuenta del poder político que la Junta tiene en las cajas de su demarcación. Cabe extraer, por lo tanto,  desgraciadamente y una vez más, una lección política negativa del intervensionismo oficial, autonómico en concreto, en las cajas de ahorros. El único acuerdo al que al parecer llegaron Zapatero y Rajoy en su tan famosa como inútil reunión en Moncloa está haciendo aguas.  Si ambos líderes acordaron contribuir a que los obstáculos políticos desaparecieran  y que las injerencias en la vida de las cajas fueran mínimas, se  acaba de ver que el acuerdo no ha funcionado. 

La segunda cuestión que planeta este fracaso es el de la necesidad de reforzar los poderes del Banco de España para acelerar de una vez los procesos de fusión entre las cajas afectadas por la crisis inmobiliaria española. En el caso de CajaSur, el Banco de España  ha abusado de su tolerancia y está visto que su actitud en el futuro debería ser más exigente y con  menores gestos de cortesía hacia unos gestores y hacia unos líderes políticos regionales que no han estado a la altura necesaria para resolver un problema financiero de notable envergadura, que afecta a una veintena de cajas de ahorros y que, sobre todo,  afecta a la salud del sistema y del nombre de España en los mercados internacionales.  Este lunes podremos observar si este nuevo tropiezo financiero logra deteriorar nuestra  – hasta hace poco – buena imagen exterior.