El Gobierno busca a toda velocidad mejorar sus credibilidad ante los inversores y los mercados. Este fin de semana, los máximos responsables de la Eurozona han debatido con intensidad las medidas de emergencia necesarias para que el lunes no amanezca en Europa con una nueva tormenta financiera, que se lleve por delante la incipiente recuperación económica que empieza a vislumbrarse. Y España está en el epicentro de la credibilidad del euro en estos momentos.
La posibilidad de que España anticipe dos años algunos de los recortes prometidos para el año 2013 (cuando España debería situar el déficit en el 3% del PIB) ha sido una decisión forzada en buena medida por los Gobiernos de Alemania y Francia, que habrían presionado a Zapatero este fin de semana a que por fin adopte medidas de saneamiento de la economía, ya que los mercados no pueden esperar hasta el año 2013, ni siquiera hasta el mes de julio, que es cuando el Tesoro público español deberá enfrentarse a la amortización de una deuda de proporciones muy elevadas.
De acuerdo con estimaciones que manejaban estos días algunos bancos de inversión internacionales, las obligaciones de pago a las que tendría que hacer frente el Tesoro español, sólo durante el mes de julio (el más cargado de amortizaciones y gastos financieros de los próximos meses) rondarían los 31.000 millones de euros, desglosados en algo más de 16.000 millones de bonos que vencen, más 7.600 millones de euros de Letras emitidas en los últimos meses a diversos plazos y cuyo vencimiento llega a su plazo en julio, a los que hay que sumar unos 7.100 millones de euros de intereses de la deuda. Parece que el volumen de deuda aumentará aún un poco más si se suma algún empréstito internacional con vencimiento por estas fechas.
La aceleración del programa de reducción del déficit será indudablemente un gesto de enorme dificultad de cumplimiento o no ser que el Gobierno logre un pacto rápido con los sindicatos, con las autonomías y con la oposición. El recorte será esta vez de unos 5.000 millones de euros para este mismo año y de 10.000 adicionales para el próximo, es decir, un 0,5% del PIB este año (estaba previsto el 9,8% del PIB, que debería quedarse de este modo en un 9,3%) y un 1% del PIB para el año 2011, recortando el 7,5% programado hasta el 6,5% que aparece ahora como nueva meta a alcanzar.
No obstante, por lo que se ha visto en las últimas semanas, los grandes inversores internacionales no se fijan sólo en los números del desequilibrio presupuestario sino en las medidas efectivas, frente a lo que el Gobierno ha venido manejando básicamente estrategias de disuasión, como su insistencia en asegurar que la economía ya ha empezado a salir de la recesión, como certificó el viernes pasado el Bando de España. Al Gobierno español se le están exigiendo medidas concretas de control del gasto público, reformas de calado en áreas políticamente sensibles (como el mercado de trabajo, en donde es evidente que Zapatero trata de alargar la adopción de medidas ante el temor a enfrentarse con los sindicatos) y medidas de reforma del sector financiero, en particular en el segmento de las cajas de ahorros.
Limar el gasto en medio punto del PIB este año es una buena medida, pero ha de ser creíble por los mercados y por los expertos, ya que sobre el papel resulta sencillo fabricar unos números, cuya validación efectiva no llegará hasta el mes de enero del año que viene, que es cuanto de forma efectiva se arquea la caja del Estado para disponer de una primera aproximación de lo que se ha ingresado y lo que se ha gastado en el conjunto del ejercicio. Con alguna antelación, los balances mensuales van dando cuenta de si se avanza o no en la buena dirección. Y a estas alturas los mercados y los expertos piden resultados, no sólo planes o buenas intenciones.